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Desde el pasado jueves, los trabajadores de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el centro de Ciudad de México ya no pueden acceder a su oficina para trabajar. Un colectivo feminista, o colectiva, como prefieren denominarse, ha tomado el control de las instalaciones para protestar contra la violencia machista en el país. Las manifestantes, según comunicaron, no dejarán el lugar hasta que las autoridades atiendan sus casos y garanticen un fondo de ayuda para las víctimas de violencia.
“Ya no es el (CNDH), ya es nuestra propiedad, no la vamos a entregar. Es un okupa para las víctimas”, le dijo Yesenia Zamudio a Reforma sobre la toma de las instalaciones.
Zamudio, cuya hija fue víctima de feminicidio en 2016, es parte del colectivo mexicano Ni Una Menos, el cual lidera la protesta en el CNDH y planea convertir las instalaciones en un refugio para mujeres víctimas de violencia.
“Aquí van a vivir madres de víctimas que tienen niños huérfanos y que no tienen dónde vivir. Esta será su casa. Y que le hagan como se les dé la gana, el Gobierno de la Ciudad de México y el federal, si hablaban de indemnizaciones, pues ahí que se quedé, ya nos cobramos”, dijo Zamudio. “Yo necesitaba un hogar libre de violencia, el Estado no me lo dio así que lo tomé”, justificó Érica Martínez, una de sus compañeras, en testimonio para Reforma.
La protesta comenzó el jueves cuando un grupo de familiares de víctimas de violencia llegó a las instalaciones para exigirle a las autoridades que atendieran sus casos. Un día después, una veintena de feministas llegaron al lugar para poner sobre la mesa sus propias demandas y anunciar que se quedarían por tiempo indefinido en las instalaciones hasta obtener respuestas tanto en las investigaciones sobre casos de violencia como en el apoyo que había prometido el Estado para la supervivencia de las víctimas.
Las manifestantes han llamado la atención del Gobierno con su protesta no solo mediante la ocupación del edificio, sino también con actos simbólicos como colgar trozos de carne en las instalaciones y la vandalización de cuadros de próceres mexicanos, como Miguel Hidalgo o Francisco I Madero, que ahora yacen boca abajo al exterior de las oficinas del CNDH.
“¡No estén llorando por ese cuadro, ese cuadro no siente! ¡Las mamás que buscan a sus hijas sí sienten!”, gritaba una de las manifestantes.
La CNDH indicó a las manifestantes que las instalaciones, hoy clausuradas, “no son oficinas burocráticas, sino son centros de recepción y atención de quejas para defender los derechos humanos”, y ante los fallidos intentos de diálogo invitó a las representantes de esta lucha “a iniciar cuanto antes un diálogo constructivo y respetuoso, al que podrían sumarse representantes del Gobierno federal para encontrar juntos los mejores caminos de solución”.
Algunas de las manifestantes, como Marcela Alemán, madre de una niña agredida sexualmente en 2017 en San Luis Potosí, y Silvia Castillo, madre de un joven asesinado en la misma entidad en 2019, ya han abandonado la protesta argumentando que la CNDH les comunicó que comenzarían a atender sus peticiones.
Sin embargo, la gran mayoría de las participantes del colectivo permanecen en el lugar para ejercerle presión al gobierno que ha desatendido sus necesidades. Esta, de fondo, no es una protesta contra el CNDH nada más, sino contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de Gobernación, la misma presidencia de Andrés Manuel López Obrador y todas las entidades de las que dependen las víctimas para la fiscalización de los casos de violencia y para emitir los apoyos en cuestiones de comida y alquiler.
El presidente López Obrador ha asegurado que las mujeres no serán desalojadas, pero criticó la violencia con la que las manifestantes han dirigido la protesta.
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