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Hoy el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha hecho oficial un acto que ya era evidente: el máximo órgano de justicia será, de manera provisional, el que haga y construya las leyes del país. Esa función le corresponde originalmente a la Asamblea Nacional (AN), pero la TSJ arguye que ésta no cumple con los requisitos legales para llevar a buen término su misión. En ese sentido, y “para velar por el Estado de derecho”, la TSJ se convertirá en un Parlamento de facto mientras la AN queda anulada y con pocas oportunidades de superar su mala fortuna.
La noticia no es nueva porque desde el año pasado la TSJ ya había asumido algunas funciones de la AN. Al hacerse oficial a través de la sentencia 156, sin embargo, crea un ambiente de zozobra entre los militantes de la oposición, que a pesar de tener una mayoría casi absoluta en la AN no pueden mover un dedo para cambiar la legislación nacional. El año pasado, Venezuela entrevió la primera sospecha de que esto sucedería: la TSJ decidió y decretó sobre el presupuesto nacional, una tarea que le corresponde únicamente a la AN. En ese entonces, a mediados de octubre, el argumento legal que utilizó la TSJ es bastante similar al que utiliza en la sentencia de este jueves: la AN era un organismo ilegítimo y, por lo tanto, no podía ejercer sus funciones. Haber tomado decisiones sobre el presupuesto nacional, que luego ratificó Nicolás Maduro, fue el primer acto tangible en el que la TSJ actuó como un Parlamento, a pesar de que no hubiera una sentencia que lo sustentara.
La sentencia 156 está basada en el hecho de que, como decretó la TSJ en enero de 2016, la AN se encuentra en desacato por haber juramentado a tres diputados —Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana— cuya elección fue objetada por el chavismo. Como la mayoría de la AN se negó a sacar a los diputados de sus escaños, la TSJ argumentó que la desobediencia legal era una razón suficiente para quitarle sus funciones. Y lo hizo.
Pero no era la primera vez que bloqueaba el trabajo de la AN. Desde el momento en que la oposición ganó la mayoría en el órgano legislativo, a finales de 2015, la TSJ actuó como una suerte de muro legal. La primera ley que frenó fue la amnistía de presos políticos, con la que la AN buscaba la liberación de, entre otros, Leopoldo López. La TSJ la declaró anticonstitucional. Luego ocurrió lo mismo con el plan de Emergencia Económica, impulsado por el diputado Henry Ramos Allup, líder de la oposición: la TSJ lo declaró inconstitucional. Cuando el Parlamento intentó nombrar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, su intención se desinfló de antemano porque se rumoraba que serían anulados por el TSJ. El intento de juicio contra Maduro también fue detenido por esa entidad. Entonces, mucho antes de que fuera declarada en desacato, la AN carecía de un poder real puesto que la TSJ estaba dedicada a frenar cuanta proposición se hiciera desde ese órgano. 24 sentencias fueron dedicadas a frenar proyectos parlamentarios.
Las consecuencias de la sentencia 156 parecen evidentes: por un lado, tendrá el poder de dictar leyes con una mayoría de magistrados nombrados por el chavismo. Antes de las elecciones legislativas de 2015, el oficialismo nombró a 13 magistrados principales y 21 suplentes. Si se suman los magistrados que nombró Chávez durante su gobierno, se obtiene una geografía triste: la mayoría del TSJ, más de dos tercios del organismo, está dominado por magistrados de influencia chavista. Entonces, será un organismo que, a pesar de su teórica independencia, tendrá una cercanía peligrosa con el Ejecutivo en medio de una crisis económica y política sin precedentes. Significa, en buena porción, una nueva manera de manejar la justicia: como en el caso de la suspensión del revocatorio, que se hizo a través de jueces municipales y del Consejo Nacional Electoral, se trata de buscar todos los argumentos legales para frenar a la oposición. Por eso, los diputados opositores hablan hoy de una cooptación del poder. Otros lo llaman, sin ambages, dictadura.