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La renuncia del juez Anthony Kennedy a la Corte Suprema de Estados Unidos puso en alerta a los expertos en derecho y a las organizaciones defensoras de los inmigrantes, cuya situación legal podría verse afectada por el nuevo equilibrio de fuerzas en el máximo tribunal.
Aunque Kennedy no era un juez liberal y la mayoría de las veces se inclinó a favor de las posiciones conservadoras, en algunos casos relevantes votó junto con sus pares progresistas de la Corte, como en el caso del matrimonio igualitario. Del nombre que ahora surja como su reemplazo podrían depender en el futuro fallos decisivos para los intereses de la enorme comunidad latina de Estados Unidos.
La suerte de los llamados “dreamers”, por ejemplo, podría finalmente decidirse en la Corte Suprema, así como la situación de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal en EEUU (TPS, por sus siglas en inglés) y el derecho de muchas personas de solicitar asilo político. Incluso inmigrantes latinoamericanos ya nacionalizados estadounidenses y con largos años de residencia en este país podrían verse afectados.
“Con la nueva conformación, seguramente más conservadora, lo más probable es que si hay temas inmigratorios que llegan a la Corte, el tribunal terminará convalidando las decisiones del presidente”, señaló Alejandro Garro, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia. Esa posibilidad inquieta a las agrupaciones que defienden los derechos de los inmigrantes desde que Kennedy anunció su retiro.
Donald Trump afirmó que en los próximos días dará a conocer el nombre de su candidato a integrar el tribunal, el cual luego deberá ser aprobado por el Senado. Hasta el momento suenan 25 nombres, entre los cuales ya hay algunos favoritos, como los jueces federales Brett Kavanaugh, Raymond Kethledge y Amy Coney Barrett, dentro de un proceso de selección que la Casa Blanca busca acelerar lo máximo posible.
El apuro republicano responde a la posibilidad de perder la mayoría que hoy tiene en la cámara alta en las elecciones legislativas de noviembre próximo. Si el mandatario logra avanzar con su agenda, todo hace prever que en el máximo tribunal habrá un claro predominio conservador, con una mayoría prácticamente automática de cinco votos a cuatro.
El reemplazo de Kennedy sin duda se sumará a las filas de los jueces John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, también designado por Trump. En el bando liberal se encuentran Stephen Breyer, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Bader Ginsburg.
Cuestiones como la legalidad del aborto, la pena capital o la tenencia de armas podrían zanjarse en el tribunal, con sede en Washington, así como algunos debates cruciales en torno a iniciativas oficiales que afectan a los inmigrantes.
Según Garro, son muy pocos los casos que llegan a la Corte Suprema, que en Estados Unidos tiene la facultad de elegir qué asuntos trata, los cuales no ascienden a más de 75 u 80 casos al año.
Si la Corte toma alguno de los temas inmigratorios ahora en discusión, cosa que no suele hacer, es probable que sea para determinar si el presidente tiene o no la facultad de decidir en esa materia. En esa dirección apuntaron hasta ahora las estrategias de las organizaciones defensoras de los inmigrantes, que cuestionan esa atribución.
“Lo que puede ser importante para la Corte, y esa es una razón por la cual podría tratar un tema como el de los “dreamers”, por ejemplo, es si Trump tiene el poder de tomar las decisiones que tomó”, indicó el especialista en Derecho de la Universidad de Columbia. “En materia inmigratoria hay una línea gris entre las atribuciones del presidente y las del Congreso, que es el que debería definir estas políticas”, añadió.
“Hay una docena de demandas ya presentadas que cuestionan la manera en que Trump puso fin al TPS, centradas en la legalidad de esa decisión”, observó Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización de defensa de los derechos de los inmigrantes Alianza Americas.
“El caso podría llegar a la Corte y un juez conservador, como el que todo indica que será elegido, podría concluir que el presidente tiene la autoridad de decidir en esta cuestión por razones de seguridad nacional”, dijo Chacón.
El antecedente inmediato es la decisión del máximo tribunal de avalar el veto de Trump a los inmigrantes de cinco países de mayoría musulmana, eje de una dura batalla judicial que la Corte finalmente zanjó dos semanas atrás en favor del mandatario, lo que en Washington se interpretó como un triunfo resonante de su política de mano dura con la inmigración.
Unos 325.000 beneficiarios del TPS están hoy en la cuerda floja. Algunos llegaron hace ya dos décadas de El Salvador, Nicaragua, Haití y Guatemala, y podrían tener que regresar a sus países de origen si no regularizan su situación cuando venza el plazo fijado por Trump para el 9 de septiembre de 2019. Solo un revés judicial de la Casa Blanca podría evitarlo.
También hay demandas interpuestas en nombre de los “dreamers”, que son cerca de 800.000. Se trata de jóvenes que fueron traídos por sus padres de manera ilegal cuando todavía eran menores de edad y que durante el gobierno de Barack Obama ingresaron en el programa de acción diferida conocido como DACA. Eso les dio un paraguas de legalidad y permiso para trabajar en Estados Unidos, pero Trump eliminó ese programa y su caso podría llegar a la Corte Suprema.
Lo mismo podría pasar con el caso de los inmigrantes que piden asilo político, que podría llegar a las cortes por las restricciones crecientes que impulsa el gobierno republicano, que busca cerrar esa ventana de ingreso utilizada por muchos inmigrantes, principalmente centroamericanos.
Según Chacón, “incluso se podría revisar la manera en que muchos inmigrantes adoptaron la nacionalidad estadounidense, ante la presunción de que pudo haber sido fraudulenta, y esto es una forma más de obstaculizar en el futuro el avance de este tipo de trámites”.