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El Congreso de Perú aceptó este lunes dos denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) por la presunta comisión de delitos de corrupción durante su participación en el “Vacunagate”, el caso de vacunación en secreto contra el covid-19 de funcionarios en el país.
La Comisión Permanente del Congreso tomó la decisión tras analizar dos informes presentados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el exgobernante Martín Vizcarra, quien aceptó que el año pasado recibió dos dosis del laboratorio chino Sinopharm, aunque niega que esto haya sido irregular.
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Las denuncias comprenden la presunta comisión de delitos como organización criminal, concusión, colusión agravada, peculado doloso, malversación, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, tráfico de influencias, falsificación de documentos y negociación incompatible. La Comisión Permanente también aprobó el informe de otras dos denuncias constitucionales contra Vizcarra, por infracciones de varios artículos de la Constitución peruana.
Acusación contra ministras
Además, los informes por infracción constitucional contra las exministras de Salud y de Relaciones Exteriores del actual Gobierno, Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, respectivamente, quienes renunciaron tras admitir que también se vacunaron en secreto.
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En ese sentido, se otorgó a la Subcomisión un plazo de 15 días para la elaboración del informe final sobre las dos denuncias ya aprobadas contra Vizcarra, que deberán ser acumuladas en un solo expediente. El grupo de trabajo recibió un plazo similar para elaborar el informe final sobre las otras denuncias contra Vizcarra y las que se plantean contra Mazzetti y Astete.
Posición de Vizcarra
La decisión de la Comisión Permanente se tomó a pesar de que el abogado del expresidente, Fernando Ugaz, pidió la semana pasada retrotraer el proceso de admisión de las denuncias constitucionales con el argumento de una presunta vulneración al debido proceso.
La defensa de Vizcarra asegura que la subcomisión de Acusaciones, encabezada por el congresista Carlos Pérez, del partido Acción Popular (AP), realizó una “calificación y resolución sobre la acumulación de manera paralela a su calificación de procedencia de la denuncia”, lo que consideró que no está permitido.
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El exgobernante también reclamó por una presunta vulneración al derecho a una imputación clara y precisa, y defendió que no vulneró ningún procedimiento ni cometió algún delito porque recibió una vacuna experimental.
El “vacunagate” peruano
La última información oficial sobre este caso, difundida la semana pasada, señaló que un total de 101 funcionarios públicos, familiares e invitados recibieron irregularmente la candidata a vacuna de Sinopharm en Perú, entre los cuales están Vizcarra, su esposa y su hermano mayor.
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Junto a las dosis enviadas por Sinopharm para el ensayo de su candidata a vacuna en Perú, que se desarrolló el año pasado con 12.000 voluntarios, el laboratorio chino entregó 3.200 dosis para que los equipos a cargo puedan inocular a sus investigadores.
Según la información oficial, 1.200 de esas dosis se entregaron a la embajada de China en Perú y las restantes 2.000 fueron enviadas al equipo de investigación de la universidad Cayetano Heredia, donde también se usaron en personas sin relación directa con los ensayos.