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El Gobierno venezolano rechazó lo que consideró como una "agresión continuada e injerencista" por parte de la Unión Europea (UE), luego de que la comunidad política aprobara sanciones contra 11 funcionarios venezolanos, entre los que está la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y dijo que no aceptará "amenazas".
"Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la Unión Europea, que constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país, al adoptar pretendidas medidas restrictivas contrarias al Derecho Internacional contra once altos funcionarios del Estado Venezolano", según un comunicado de la Cancillería venezolana.
El Ministerio de Exteriores venezolano, que indicó que "es sorprendente la flagrante subordinación" de la UE al Gobierno de Donald Trump, aseguró que "no aceptará amenazas de ninguna potencia o grupo de países coaligados con reminiscencias imperiales".
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En ese sentido, reiteró que el pueblo "venezolano es soberano e independiente" y "que sus instituciones democráticas surgen del sufragio universal y que responderá todas las agresiones con la debida proporcionalidad".
Los ministros de Exteriores de la UE aprobaron hoy sanciones contra otros once funcionarios, además de los siete sancionados en enero pasado, al considerar que han "violado derechos humanos y socavado la democracia y el Estado de derecho".
Entre los sancionados, además de Rodríguez también se encuentra el vicepresidente del Área Económica, Tareck el Aissami; Sergio Rivero, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Suárez, comandante general del Ejército Bolivariano; Iván Hernández, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
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Completan la lista Elías Jaua, ministro de Educación; Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Freddy Alirio Bernal, responsable de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción; Katherine Nayarith Harrington, vicefiscal general; Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE y Xavier Antonio Moreno, secretario general del CNE.
A estos funcionarios la UE ha impuesto la prohibición de viajar a territorio comunitario y la congelación de los bienes que puedan tener en la Unión.
Para la Administración de Nicolás Maduro estas medidas, que asegura, son "diseñadas por los sectores más extremistas y guerreristas" del Gobierno de
Estados Unidos, atentan "contra la paz política" del país caribeño y "contra la tranquilidad y el diálogo entre los venezolanos y las venezolanas".
"El mundo multipolar espera independencia en la conducta de la Unión Europea, ante las evidencias y el peligro del resurgimiento del unilateralismo", agregó.
Lo que dijo la UE
Los europeos aumentan la presión sobre Maduro para lograr una solución negociada con la oposición a la crisis política que vive el país sudamericano, en un contexto de espiral hiperinflacionaria y de una severa crisis de alimentos, medicinas y productos básicos."Estamos viendo un colapso económico causado por el propio gobierno. Tenemos que trabajar todos juntos para tratar de restaurar el éxito económico y la estabilidad en Venezuela antes de que cause aún más miseria y caos", dijo el secretario de Estado británico Alan Duncan.
Ante la presencia de 600.000 europeos residentes en Venezuela, según cifras de la Comisión Europea, los 28 abogan por imponer "medidas restrictivas" individuales y no contra sectores económicos, para no perjudicar a la población venezolana.
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Además, a diferencia de Canadá, Estados Unidos y Panamá, que también adoptaron sanciones contra el país, la UE no sancionó al presidente Maduro para evitar así romper puentes de diálogo con Caracas, aunque con el nuevo paquete de sanciones se acercan a él.
La elección en julio de la Asamblea Constituyente supuso el punto de inflexión para que los europeos empezaran a estudiar la imposición de sanciones, junto a las manifestaciones opositoras que dejaron 125 muertos entre abril y julio de 2017.
En noviembre, los 28 países aprobaron así su primer paquete de sanciones, consistente en un embargo de armas y de material que pudiera ser usado para la "represión interna" y para la vigilancia o la interceptación de las comunicaciones.
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Pese a todo, su preocupación por la situación de los derechos humanos se mantiene. Prueba de ello son las sanciones impuestas este lunes contra responsables o ex responsables de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia.
Entre ellos figura Tareck El Aissami, actual ministro para Industrias y quien, cuando era encargado de supervisar la dirección del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como vicepresidente de Venezuela, es "responsable" de "torturas", entre otros.
A Fredy Alirio Bernal Rosales le acusan también de "violaciones de derechos humanos" como comisario general del SEBIN y de la "manipulación, con fines electorales, de la distribución de alimentos" al frente del centro nacional de abastecimiento CLAP.