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Washington "minimiza (...) la gravedad de los hechos y levanta falsas acusaciones contra los procesos judiciales venezolanos en abierto desconocimiento de nuestras leyes", señalo la cancillería en un comunicado.
El gobierno reiteró su tesis de que el ataque con dos drones cargados de explosivos, cerca de la tarima donde Maduro daba un discurso durante un desfile militar, fue "planificado y ejecutado desde el territorio estadounidense".
Las "cínicas acusaciones" de la Casa Blanca buscan "interferir" en la política del país petrolero y favorecer "al grupo político que promueve la desestabilización y la violencia en el país".
En un comunicado divulgado este viernes, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, condenó la "violencia política" del 4 de agosto, pero lamentó que "la respuesta del gobierno venezolano a este incidente ha sido detener arbitrariamente a algunas personas y no seguir el debido proceso".
"Además, ha habido violaciones de la inmunidad parlamentaria, que está protegida por la Constitución de Venezuela. Estados Unidos condena el presunto uso de la tortura para obtener confesiones", señala el texto.
Por los polémicos hechos, 14 personas han sido arrestadas en Venezuela, incluido el diputado opositor Juan Requesens, el general de la Guardia Nacional Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Zambrano.
Perú responde
El superintendente de Migraciones de Perú, Eduardo Sevilla, explicó en una conferencia de prensa que "no se ha registrado ningún control migratorio de ingreso o salida del país" de Gregorio José Yaguas Monje, alias Latino, y Yaver Alberto Escalona, alias Pastor, los dos civiles que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, sugirió el miércoles que estarían en Perú.
Falta por comprobar el resto de nombres de una lista de nueve personas presuntamente vinculadas con el atentado perpetrado el pasado 4 de agosto, documento que el Gobierno venezolano entregó a las autoridades peruanas para hacer las pesquisas correspondientes.
En ella están las identidades de seis militares y un expolicía que se encuentra prófugos de la Justicia venezolana desde 2017.
(Ver más: Las declaraciones más importantes de hoy sobre el atentado que denunció Maduro)
Las comprobaciones hechas por las autoridades peruanas se enmarcan dentro de la ley internacional, que consiste en el cruce de información de la oficina de Migraciones con los apellidos y nombres de las nueve personas, según indicó Sevilla.
En ese sentido, señaló que queda pendiente hacer la verificación de los militares y el policía con las respectivas búsquedas de homónimos para, tras ello, brindar una respuesta oficial a la Cancillería.
El Gobierno de Venezuela aseguró que el atentado tenía como objetivo acabar con la vida de Maduro y el mismo presidente ha culpado de este hecho al exgobernante colombiano Juan Manuel Santos, y a los diputados opositores venezolanos Julio Borges y Juan Requesens, este último detenido.
La Cancillería de Venezuela pidió el miércoles a la embajada de Perú en Caracas ubicar a dos venezolanos "vinculados con el magnicidio en grado de frustración contra Maduro, y las altas autoridades del país", cuando en un desfile militar un par de drones que sobrevolaban el acto explotaron y causaron heridas a siete personas.