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El Supremo Tribunal de Brasil apartó de su cargo al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por su supuesta participación en la red de corrupción de Petrobras. Según el magistrado Teori Zavascki, la permanencia de Cunha en su puesto, “además de representar un riesgo para las investigaciones del Supremo Tribunal, es un agravio que conspira contra la dignidad de la institución que lidera”.
Su retiro no es sorpresivo. Esta semana, la Procuraduría General de Brasil, en cabeza de Rodrigo Janot, había pedido al Supremo Tribunal que investigue a Eduardo Cunha por ser uno de los líderes de una organización criminal de sobornos en la electrificadora estatal Furnas. Es sólo uno de cinco casos en que se ve involucrado. En una denuncia de diciembre, Janot había llamado a Cunha “delincuente”, al argüir que utilizaba su liderazgo político para obstaculizar investigaciones en su contra.
Cunha, impulsor recio del juicio político contra Dilma Rousseff, tiene tres procesos y dos denuncias (en espera de evaluación) en el Supremo Tribunal, por lavado de dinero y corrupción. Además, ya había sido condenado por comprar votos en su campaña de 2006. Fue él quien dijo durante la votación del impeachment en la Cámara de Diputados: “Que Dios se apiade de esta nación”.
Cunha es la pieza más visible de la oposición contra Rousseff en un Congreso donde el 60 % de sus miembros son investigados por numerosos delitos.
Su prontuario es extenso. Desde el año pasado, el Supremo Tribunal lo investiga por ser el intermediario entre empresas privadas y la estatal Petrobras para la adjudicación de contratos. Está acusado de corrupción y lavado de dinero. Cunha servía como una suerte de puente para que dichos contratos fueran transferidos a empresas específicas. En el esquema de sobornos fueron desviados cerca de US$40 millones, de los que Cunha habría recibido cerca de US$5 millones.
En esta denuncia, formulada también por la Procuraduría, se asegura que Cunha tiene empresas fantasmas en el exterior para transferir ese dinero y que parte de los sobornos figuran como donaciones en la iglesia evangélica Asamblea de Dios.
Según la Procuraduría, Cunha fue el mediador (a través de un tercero) entre la empresa surcoreana Samsung y Petrobras para adjudicarle a la primera la construcción de dos sondas (“incluso sin licitación”) que serían utilizadas en un campo petrolero en África. En la operación también intervino Néstor Cerveró, presidente del área internacional de Petrobras. Para dar una apariencia legal a la transferencia de dinero, Samsung realizó un contrato de comisión con una firma offshore, Piemonte (a nombre de Julio Camargo), que a su vez distribuía el dinero de dicha “comisión” a Cunha y otros empresarios y políticos involucrados. Así se transfirieron los US$40 millones a cuentas controladas por terceros en Uruguay.
La demanda registra también que Samsung dejó de pagar “propinas” a Cunha y sus socios a partir de 2010. Cunha quería más y entonces solicitó información sobre Julio Camargo y Samsung a la Comisión Fiscalizadora Financiera de la Cámara de Diputados para presionarlos. Es decir, utilizó su papel como servidor público en beneficio propio. El pago de sobornos se reinició entonces en septiembre de 2011, a través de “simulación de contratos de consultoría (…) y transferencias para la iglesia”.
Cunha también es investigado por sus cuentas bancarias en Suiza. Según la Procuraduría, el presidente de la Cámara de Diputados recibió, entre 2010 y junio de 2011, US$1,4 millones en sobornos, a través de la offshore Acona, por su intermediación para que Petrobras adquiriera un campo de petróleo en Benín (África).
Luego, entre mayo de 2011 y abril de 2014, ocultó dicho monto y nunca lo registró ante el Banco Central de Brasil. El dinero fue entonces depositado en un trust (un grupo que reúne varias compañías) denominado Orion, con base en el Reino Unido. Cunha era el beneficiario directo de dicha cuenta. Después, entre abril de 2014 y junio de 2015, el diputado transfirió ese dinero a otra cuenta en Suiza a nombre de la empresa fachada Netherton Investments. Parte de esa cantidad fue decomisada por las autoridades suizas.
De esa cuenta quedaron, sin embargo, US$165.000 que Cunha transfirió a una cuenta suiza de su esposa, Claudia Cordeiro Cruz, hoy juzgada por la justicia federal de Curitiba. El dinero estuvo escondido hasta que la justicia suiza bloqueó la cuenta. A pesar de ello, Cunha y su familia (también su hija Danielle Cunha) pagaron gastos personales de su tarjeta de crédito con ese dinero. Además de la suma recibida por este soborno, en cuentas totales Cunha poseía más de US$3 millones, depositados a nombre de empresas y trusts, que omitió en su declaración fiscal “con fines electorales”.
Sus delitos, sin embargo, vienen de más atrás. Cunha ya fue condenado por compra de votos en su campaña electoral de 2006. Aunque apeló la decisión (y se salvó de la cárcel por el tiempo que se tomó el estudio de dicha apelación), el Tribunal Electoral de Río de Janeiro demostró que él y uno de sus colegas de campaña, Domingos Brazão, ofrecieron beneficios del programa estatal Tarifa Social a habitantes de varias zonas de Río de Janeiro a cambio de sus votos. Por entonces, Cunha se había lanzado para diputado federal y Brazão para diputado estatal. “Brazão también prometía que los beneficios se mantendrían en caso de que él y Cunha fueran electos”, dice el sitio Jusbrasil, que recoge información sobre jurisprudencia e investigación judicial en Brasil. Ambos diputados fueron multados.
Aparte de todo esto, Cunha podría enfrentarse a una investigación por ser la cabeza de otro esquema de corrupción en la electrificadora Furnas. De acuerdo con la Procuraduría, Cunha alteró la legislación del sector energético para beneficiar las acciones de la empresa Serra da Carioca II, que luego fue comprada por Furnas, con cuya directora Cunha tiene una relación cercana.
En una demanda aparte, Cunha es señalado de ayudar al empresario Lucio Funaro, quien representaba a las Centrales Eléctricas de Belén y había acordado con el grupo Schanin el levantamiento de una hidroeléctrica. Hubo un accidente en la estructura de la construcción y Funaro exigió a Schanin el pago de una indemnización. Para presionar dicho pago, Funaro le habría dado a Cunha, a través de tres empresas, cerca de US$50.000 en 2012 para que “metiera miedo” a Schanin a través de auditorías planeadas desde la Cámara de Diputados.
Cunha niega haber recibido cualquier soborno y ayer estaba reunido con sus abogados para formular una apelación contra su retiro. En su reemplazo queda el diputado Waldir Maranhão, también investigado por lavado de dinero en el caso Petrobras.