La actual Ciudad de Dios, a pocos kilómetros del Parque Olímpico de Río de Janeiro —hasta hace tres meses centro del deporte mundial—, no es muy diferente a la que hace 14 años retrató la célebre película del mismo nombre dirigida por Fernando Meirelles: pobreza, violencia desbordada y una guerra sin cuartel entre narcotraficantes.
El barrio de invasión, de aproximadamente 50.000 habitantes, fue construido como un proyecto de vivienda durante la dictadura militar brasileña, luego de que el Gobierno desalojara a los residentes de las favelas de Ipanema, Leblon y Lagoa.
Durante años, el lugar creció sin control. Durante los preparativos para los Olímpicos, las autoridades transformaron varias favelas, pero esta comunidad no entró en los planes “embellecedores” y siguió en el olvido. Hasta el sábado, cuando comenzó una vasta operación judicial y militar que hasta ahora deja cerca de diez muertos, entre ellos cuatro uniformados. Además de un helicóptero estrellado, aunque en la favela dicen que fue derribado por los delincuentes.
La toma de Ciudad de Dios puso en evidencia los altos niveles de criminalidad que vive Río de Janeiro a manos de bandas de delincuentes fuertemente armadas. También evidencia la grave crisis que vive la ciudad, hoy sin fondos para pagar la factura de la fiesta olímpica y el costo de la corrupción y el derroche.
En 2008, las fuerzas de seguridad ocuparon varias favelas que estaban en manos de narcos desde hacía 30 años y desplegaron las Unidades de Policía Pacificadoras (UPP) en 264 de esas barriadas, en las que viven más de un millón y medio de personas, casi un cuarto de la población del estado de Río.
Al comienzo, los resultados no podían ser mejores: los homicidios disminuyeron 75 % y el número de robos bajó 50 %. Pero pronto comenzaron los cuestionamientos por el repunte de las muertes y la cruda violencia policial. De acuerdo con Amnistía Internacional, la brutalidad policial se cobró la vida de 645 personas sólo en el año 2015: el 77,2 % era de raza negra o mestizo. Las investigaciones de la ONG revelan que el año pasado uno de cada cinco homicidios en la ciudad fue cometido por policías en servicio. Hasta mediados de 2016, el número de muertos a manos de las fuerzas armadas llegaba a más de cien. En los últimos días, de acuerdo con registros de prensa, no han parado de presentarse tiroteos, muertes de policías, narcotraficantes y personas inocentes.
¿Qué pasó con el programa de pacificación de las favelas, reconocido internacionalmente? La corrupción acabó con el dinero destinado a la seguridad pública y hoy las arcas no tienen con qué financiar el programa.
José Mariano Beltrame, quien durante diez años fue secretario de Seguridad Pública del estado y artífice de la política de pacificación de las favelas, renunció en octubre pasado. Días después dimitió el jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Fernando Veloso, ante la “falta de recursos”.
Pero, quizás, lo más grave ocurrió hace unos días, cuando dos exgobernadores de Río, Sergio Cabral y Anthony Garotinho fueron detenidos, confirmando la decadencia del sistema.
Cabral, que gobernó el estado entre 2007 y 2014, habría facilitado una red de sobornos y comisiones ilegales por US$66 millones para la construcción de obras para el Mundial de Fútbol, los Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Fue Cabral quien puso en marcha las UPP en las favelas y esa iniciativa lo proyectaba como candidato presidencial. Y fue él quien terminó abriendo el hueco más grande en las finanzas públicas Río de Janeiro.
Lo que ocurre en las favelas es solo una parte de la grave situación que vive el estado de Río de Janeiro, que durante décadas nadó en la abundancia por las regalías petroleras, y que hoy está arruinado y enlodado por la corrupción.