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La frontera con Venezuela, la más extensa de Suramérica con 2.219 kilómetros, no es la única que atraviesa dificultades de orden económico, social o de seguridad. Colombia comparte fronteras terrestres con otros cuatro países: Brasil (1.645 km), Perú (1.626 km), Ecuador (565 km) y Panamá (266 km). Así, estos 6.342 kilómetros de límites, conformados por los departamentos de Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó, Guainía, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés y Vichada, también tienen circunstancias particulares que vale la pena revisar.
En cuanto a la presencia de cultivos ilícitos, según Naciones Unidas en su último reporte de julio de 2015, los tres departamentos con mayor superficie de hectáreas cultivadas son: Nariño (17.285 ha), Putumayo (13.069 ha) y Norte de Santander (6.944 ha). Es decir, estos tres departamentos acumularían el 55 % del total de cultivos producidos en Colombia. Asimismo, si se atiende su variación con respecto al año anterior, el incremento de los cultivos de coca respondería a un 116 %.
En lo que se refiere a presencia guerrillera, principalmente de las Farc de acuerdo con cifras oficiales de la Policía Nacional, nuevamente el resultado es parecido. Los departamentos con mayor activismo guerrillero de los tres últimos años han sido, además de Cauca (litoral Pacífico), Nariño, Norte de Santander, Arauca y Putumayo, es decir, nuevamente departamentos de índole fronteriza. En el caso de Nariño, por ejemplo, se tiene constancia de que en este lapso ha habido presencia guerrillera en al menos 32 de los 64 municipios del departamento, especialmente del Frente 29 de las Farc.
En Norte de Santander, el Catatumbo y particularmente Tibú, viene siendo un centro nuclear en cuanto a la financiación de la violencia por medio del narcotráfico. Violencia en la que concurren el Frente 33 de las Farc, el Eln e incluso el Epl, en torno a la conocida figura de Megateo. Asimismo, el Frente Domingo Laín en Arauca, en torno al oleoducto Caño Limón-Coveñas, junto con los frentes 10 y 45 de las Farc que, a su vez, tienen presencia en casi la totalidad del departamento de Putumayo, a tenor del activismo del Frente 32 y el Frente 48, que pertenecen al Bloque Sur.
Algo parecido se encuentra del lado del activismo de las bacrim. De acuerdo con el informe y los trabajos de Indepaz, en su IX Informe de 2014, los dos departamentos con mayor afectación por presencia de este tipo de grupos criminales son, precisamente, Chocó y Cesar. Departamentos fronterizos que, según esta entidad, superarían en un 90 % la afectación municipal por este tipo de problemas.
Como es evidente, el binomio que resulta de violencia directa y fuentes de financiación, por la propia disputa que en ocasiones éstas generan, se traduce en desplazamiento forzado. A tal efecto, son significativas las aportaciones de Codhes, que en sus reportes de los últimos años respalda esta hipótesis. Entre los departamentos de mayor desplazamiento forzado actualmente estarían los cuatro departamentos del litoral Pacífico –Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó– y Norte de Santander y Putumayo.
Sin embargo, para trascender de los indicadores tradicionales de violencia directa, merece la pena mencionar otros indicadores de desarrollo económico y social, como el umbral de pobreza o el índice de desarrollo humano. Si se aplica la medición que realiza Naciones Unidas a través del PNUD, de los diez departamentos con menor desarrollo humano –teniendo en cuenta variables como vida larga y saludable, educación y calidad de vida–, entre los peores departamentos se encontrarían Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Guainía. Lo mismo, con base en el indicador de necesidades básicas insatisfechas, cuyos peores registros se concentran en La Guajira, Cesar, Arauca, Nariño, Putumayo y Chocó. Todos, nuevamente, de índole fronteriza. Asimismo, tomando la muestra para el último año del Departamento de Prosperidad Social, los departamentos con mayores niveles de pobreza serían Chocó, Cauca, La Guajira, Nariño, Cesar, Atlántico y Magdalena.
Es decir, que Colombia vive un proceso de periferialización que resulta de un Estado fuertemente (re)centralizado, con alta inelasticidad de renta y sin un esquema de transferencia de competencias, recursos e institucionalidad sólido. De hecho, basta con revisar a tal efecto algunas exigencias que recientemente la OCDE le hizo al país y que se evidencian en un dato: de cada 100 pesos que se recaudan en el país, 85 se los queda la Nación, 5 se los reparten los distritos capitales, 5 se los reparten los 32 departamentos y 5 pesos quedan para los algo más de 1.120 municipios del país. Algo que está muy lejos de la realidad de los países verdaderamente descentralizados.
Con esto, el resultado no puede ser otro que el de una profunda asimetría regional y una fractura territorial que tiene ante sí una gran dificultad para generar recursos y, con ello, poder resultar productiva y competitiva. Ni que decir tiene que pensar en términos de posconflicto o construcción de paz queda muy difícil, cuando no imposible, si antes no se han dispuesto los mecanismos que exigen niveles óptimos de gobernabilidad local. Niveles aún muy alejados de la realidad de las fronteras de Colombia.
Profesor asociado de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas de la Universidad EAN.