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Hace casi dos años, en diciembre de 2016, se destapó uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, cuando directivos de la multinacional brasileña Odebrecht acordaron cooperar con el Departamento de Justicia de EE. UU. para delatar el modus operandi con el que lograban quedarse con multimillonarios contratos. Unos US$788 millones gastaron en sobornos para funcionarios, intermediarios y políticos en 12 países de la región, entre ellos Colombia, donde el entramado tocó al sector de infraestructura, al Congreso y hasta las campañas presidenciales de 2010 y 2014. La Fiscalía abrió 15 líneas de investigación. (Lea aquí: Roberto Prieto reconoce que Odebrecht pagó afiches de campaña Santos Presidente)
La bomba mediática estalló justo cuando se gestaban movidas políticas para la Presidencia 2018-2022 y en el centro de ésta quedaron el presidente Juan Manuel Santos y el entonces precandidato presidencial por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, quienes se disputaron hace cuatro años la segunda vuelta presidencial. Eleuberto Martorelli, exdirector de Odebrecht en Colombia, confesó que pagó US$6,5 millones al hoy condenado exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, para obtener concesiones viales; y que en enero de 2014 pagó US$1 millón a la empresa panameña Paddington, filial de Sancho BBDO, por unos estudios que apoyaban la campaña Santos. Por su parte, Luis Antonio Mamery, otro directivo de Odebrecht, agregó que en esa misma época pagaron US$1,5 millones a Duda Mendonça por asesorar la campaña de Zuluaga, con el fin de beneficiarse de su eventual gobierno.
Días después, la Fiscalía anunció que Odebrecht aportó, además, US$400.000 a la campaña de Santos en 2010, cuando ganó por primera vez la Presidencia. El dinero se transfirió a la empresa panameña Impressa Group Corp (propiedad de María Fernanda Valencia Falquez y Félix Otto Rodríguez Plata) para la impresión de dos millones de afiches con la imagen del candidato. El pago fue confirmado por el exgerente de la campaña Roberto Prieto, quien admitió que nunca fue reportado en los libros contables. La compañía fue registrada el 10 de junio de 2010 en Panamá y los trámites para su creación los adelantó el bufete Mossack Fonseca, cuyos documentos filtrados en abril de 2016 y junio de 2018 (por la investigación periodística Panama Papers) pusieron al descubierto prácticas ilegales. Tras la revisión de esos 12,7 millones de archivos, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la alianza informativa El Espectador - CONNECTAS revela detalles de la conformación de Impressa Group Corp.
El 8 de junio de 2010, 12 días antes de que los colombianos definieran la segunda vuelta presidencial entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus, se pidió a Mossack Fonseca crear con urgencia Impressa Group Corp. En menos de una semana debía estar lista porque los clientes necesitaban hacer un “trámite bancario”. En tiempo récord, la compañía fue registrada dos días después, con un capital de US$10 mil y 100 acciones repartidas por igual entre los esposos Valencia y Rodríguez. (Lea aquí: Las interceptaciones a Roberto Prieto)
La abogada cartagenera María Fernanda Valencia Falquez fue viceministra de Turismo en el gobierno de Ernesto Samper, aspiró sin éxito a la Cámara de Representantes por el Partido de la U en 2010, apoyó la campaña de Santos ese año y, el 28 de noviembre, se posesionó como gerente general de Artesanías de Colombia ante el recién electo presidente Santos. Félix Otto Rodríguez Plata, pareja de Valencia en ese momento y quien falleció hace dos semanas, era empresario de las artes gráficas y fundó en 1982 Indagraf Impresores, ubicada en la carrera 34 N° 13-90 en Bogotá y dedicada a la impresión.
Valencia se posesionó el 28 de noviembre de 2010 como gerente de Artesanías de Colombia, ante el presidente Santos, recién electo. Meses antes había apoyado su campaña presidencial. "Estuve en la campaña Santos 2010 haciendo un poco de relaciones públicas, ayudaba a organizar cosas, como eventos en los barrios. No más”, aseguró Valencia. / Foto: Artesanías de Colombia
Aunque el motivo que originó Impressa Group Corp eran los negocios de las artes gráficas, la escritura pública estableció que algunos fines serían la “compra, construcción y administración de buques y naves” y “la posesión y el dominio de líneas de navegación y agencias marítimas”. Un objetivo más general contempló que se dedicaría a la compra, venta y arriendo de bienes e inmuebles. Rodríguez tenía poder para administrar la sociedad y abrir cuentas bancarias.
La relación entre Mossack Fonseca y la compañía iba bien hasta mayo de 2011, cuando el bufete se quejó por dos facturas vencidas. “Nos ha sido imposible tener respuesta favorable de este cliente, hemos llamado en más de 10 ocasiones, hemos dejado mensajes, hemos enviado mails y no nos toma en serio”, dijo en un correo electrónico Juan Esteban Arellano, representante de Mossack Fonseca en Colombia y quien hoy es procesado por supuestamente ayudar a sus clientes a evadir impuestos.
En un nuevo intento, otra trabajadora de la firma de abogados se comunicó con Valencia, quien atendió la llamada y respondió que no tenía “nada que ver con esto” y que debía comunicarse con su esposo. Al hablar con él, afirmó que las facturas pendientes eran por documentos que pidió para abrir una cuenta en el Credit Suisse, “pero se demoraron en entregarlos y, cuando los recibió, ya no servían”. Esa respuesta empeoró el malestar en el bufete. “Realmente con este cliente cumplimos tiempos récord en la incorporación de la sociedad y entregar todo al banco. Qué pena decirlo, pero esta respuesta del cliente es eludir la responsabilidad de pago”, replicó Arellano.
La mora se extendió hasta inicios de 2012, Impressa Group Corp fue calificada como una cuenta mala y se propuso inhabilitar el cliente porque se había vuelto “inaccesible, complicado y sumamente problemático”. El 4 julio de 2012, una empleada de Mossack Fonseca contó que Rodríguez manifestó dejar quieta esa sociedad y constituir dos más. “La verdad es un mal cliente, por lo que le mandamos un mensaje diciéndole que le rogábamos ponerse al día, de lo contrario no podríamos proceder con ninguna solicitud. La verdad creo que deberíamos renunciar a ser agente residente”, comentó la trabajadora. Finalmente, Mossack Fonseca concertó que la mejor decisión era renunciar y anunció que les notificaría la noticia a los accionistas. Pero eso no se dio.
Las acciones de Impressa Group se dividieron entre Félix Otto Rodríguez y María Fernanda Valencia.
Las conversaciones Rodríguez y Mossack Fonseca mejoraron el tono en mayo de 2013, cuando él pidió crear la Fundación Veracruz Universal, registrada con capital de US$10 mil. Ese día el empresario, quien se había divorciado de Valencia, solicitó expedir poderes para dos abogados, con el fin de comprar un apartamento en Chicó Alto (en Bogotá) por $1.100 millones, y tres inmuebles en el barrio Getsemaní (en Cartagena) por $69 millones, $71 millones y $146 millones. Uno de estos es una casa en la plaza de la Trinidad. En 1988 fue adquirida por el empresario Roberto Gedeón Ghisays, primo de Eduardo Ghisays Manzur (condenado por el caso Odebrecht), y vendida a Luis Guillermo Parra Dussán en 1992. Posteriormente, la vivienda le fue comprada por Rodríguez en 2006, quien a su vez la vendió el 12 de julio de 2013 a la Fundación Veracruz Universal, de la que él mismo era el principal beneficiario. Es decir, se dio el famoso “yo con yo”. Esa modalidad de compraventa se repitió en los otros dos inmuebles ubicados en la Heroica.
Valencia le dijo a esta alianza periodística que no tiene conocimiento de esa fundación. Sobre Impressa Group Corp, afirmó que su exesposo la creó para su actividad comercial, no sólo por el pago de Odebrecht, y que ella no tuvo intrusión. Entonces, ¿por qué aparecía como accionista? “Eso fue un formalismo para cumplir, pero yo no tenía injerencia en eso”, agregó. Lo cierto es que el 15 de julio de 2014, Mossack Fonseca declaró esa sociedad inactiva, pero en marzo de 2017 el bufete supo por medios de comunicación que Odebrecht le pagó US$400.000 para que imprimiera dos millones de afiches de la campaña Santos 2010. El caso fue catalogado urgente y la firma de abogados renunció a ser su agente residente.
El año pasado Valencia fue citada en la Fiscalía y confirmó que Odebrecht pagó por los afiches, pero no tuvo ver con coimas de la multinacional. Rodríguez declaró que cuando fue a cobrar la impresión, le solicitaron un número de cuenta, le exigieron personería jurídica y procedió a constituirla, y que Roberto Prieto fue el que le dio las indicaciones y lo contrató.
“No tenemos que ver con Odebrecht. Otto hizo un trabajo, lo entregó y se lo pagaron. Fue un favor a Prieto, de imprimirle dos millones de afiches en una semana. Nadie se comprometía a eso en tan poco tiempo. Nosotros llevamos remisiones, recibos y hasta el arte del afiche a la Fiscalía. El único problema fue que no lo reportaron a la campaña, pero en su momento eso no era delito”, añadió Valencia a esta alianza.
Roberto Prieto es procesado por supuestamente participar en actos de corrupción de Odebrecht. / Archivo - El Espectador
Prieto ha reconocido que el pago de afiches fue un acto irregular de la campaña, porque no se registró y violó la ley, pero que fue el Comité Financiero el que lo acordó con Odebrecht en una reunión en el Hotel Casa Medina, en Bogotá. Los integrantes de dicho comité aceptaron que desayunaron con Luis Bueno, exdirector de Odebrecht en Colombia, y con el contratista Eduardo Zambrano, en el marco de obtener aportes para la campaña y/o los partidos, pero dijeron que no se acordó nada.
La Fiscalía consideró que Prieto mintió y, por el caso de los afiches, le imputó falso testimonio, además de cuatro delitos por otros procesos en los que supuestamente participó en actos de corrupción de Odebrecht en Colombia. Prieto fue enviado a la cárcel La Modelo el pasado 29 de mayo.
El ente acusador archivó hace un mes la investigación contra los miembros de la campaña Santos 2010, por la violación de topes de campaña debido a la transacción de los afiches. Con el aporte de Odebrecht, la campaña habría excedido su gasto en $500 millones del tope permitido. Sin embargo, ese delito fue tipificado en 2017 y no estaba penalizado en 2010, cuando ocurrieron los hechos.
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