Caso de Leo Eisenband y DNE: una investigación de seis años, en el limbo

A pesar de ser el único preso y condenado a 18 años por el desfalco a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en el que llegaron a estar salpicados decenas de funcionarios, congresistas y particulares; de vivir al borde de la muerte por problemas cardíacos que han cambiado por completo su figura al bajar 45 kilos; de que su esposa e hija salieron hace más de un año del país por sufrir intimidaciones debido a sus declaraciones, y de que su padre sea hoy quien recibe las amenazas que intentan callarlo, Camilo Bula sigue colaborando con la Fiscalía. Su más reciente aporte ha sido reconstruir junto a los investigadores el expediente —que al parecer se perdió— contra Leo Eisenband, el dueño de Fedco y a quien Bula ha señalado de comprar un bien de la mafia por un precio irrisorio y casi $22.000 millones por debajo de su valor real.

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Tras una década del escándalo de la DNE, el caso se reduce a un puñado de juicios que avanzan a paso lento, procesos que siguen en los anaqueles de la Fiscalía y en los que el protagonista sigue siendo Bula, ficha clave de la investigación en los últimos siete años. Lo inverosímil es que Bula fue condenado por el delito de peculado a favor de terceros, es decir, permitir que se apropien ilegalmente de bienes del Estado, y hasta el momento no hay una sola persona condenada por la compra irregular de cuatro propiedades que fueron decomisadas al clan narcotraficante Nasser Arana y que estaban bajo custodia de Bula desde 2007. Por estos hechos, Bula firmó un principio de oportunidad en 2013, aceptó cargos y fue condenado en junio de 2014.

El episodio de Bula es tan solo una parte de lo que sucedió a lo largo y ancho del país con diferentes depositarios que administraron bienes decomisados a la mafia, los cuales subastaron por precios muy por debajo de los avalúos comerciales. Pero poco se sabe de lo que sucedió y la investigación se desvanece cada día más. Los exdirectores de la DNE Omar Figueroa y Carlos Albornoz están en libertad. Solo un par de los 14 excongresistas salpicados hace 10 años por el escándalo fueron procesados. La justicia tampoco ha llegado hasta los compradores, que siguen sacando provecho de propiedades que adquirieron por un precio irrisorio. Mientras algunos son judicializados por delitos de poca monta, otros ni siquiera han sido llamados a responder a la justicia, como es el caso de Leo Eisenband.

Al dueño de Fedco le han intentado imputar cargos en siete oportunidades desde 2013. Más de una decena de fiscales tuvieron en sus manos el expediente y nada pasó. Es más, un grupo de pruebas que entregó Bula hace seis años y que estaban bajo cadena de custodia se perdieron, junto con otras declaraciones. Sin embargo, durante todo el mes de junio el objetivo de la Fiscalía fue reconstruir el expediente con Bula e imputarle cargos a Eisenband. La fecha estaba prevista para el 27 de junio, pero por problemas en el reparto tuvo que ser agendada para el 5 de agosto. Al empresario lo procesarán por pagar una comisión de éxito de casi $2.000 millones, luego de que en abril de 2009 la DNE le vendiera el centro comercial Villa Country, en Barranquilla, por casi $22.000 millones menos que su avalúo.

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Camilo Bula, el testigo

Bula comenzó a declarar ante los distintos fiscales del grupo que coordinaba las investigaciones del caso DNE, pues uno de sus compromisos era entregar información de 32 personas que se beneficiaron con sus movidas. Para junio de 2014 lo condenaron en primera instancia a ocho años y tres meses de cárcel. A los dos meses le prorrogaron su principio de oportunidad, pues había poco avance en los procesos contra los otros implicados. A pesar de que el exfiscal antimafia testificó por horas y horas, las pesquisas poco se movían. Y todo el panorama cambió el 2 de julio de 2015, cuando el magistrado del Tribunal de Bogotá Juan Carlos Garrido, a quien Bula había sacado de la Fiscalía cuando fue jefe del grupo antimafia, incrementó la sentencia a 18 años de cárcel.

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Apelaron la decisión, pero la Corte Suprema de Justicia negó los recursos. Camilo Bula, sin embargo, continuó colaborando con la Fiscalía. La segunda prórroga de su principio de oportunidad fue en septiembre de 2015, cuando seis personas a las que había señalado ya estaban en juicio, dos en investigación y otras seis en etapa de indagación. Sus quebrantos de salud ya eran evidentes, pero seguía asistiendo a las diligencias a las que los fiscales lo citaban. Para ese momento, el caso de Leo Eisenband estaba quieto. Desde diciembre de 2013, cuando intentaron imputarle cargos por segunda vez, no se movía el expediente, a pesar de que Bula lo mencionaba en repetidas oportunidades.

El Espectador accedió a un documento, hasta el momento desconocido, que a principios de 2016 firmó Leo Eisenband como representante de Eliat Inversiones —dueño del centro comercial— y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), para formalizar un acuerdo de reparación. En el texto de tres páginas, Eisenband se comprometía a pagar cerca de $4.400 millones al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) por el perjuicio de haber comprado Villa Country por un valor inferior al avalúo catastral, que era de $22.000 millones. La propuesta fue aceptada por el comité de conciliación de la SAE, basándose en una decisión de la Contraloría que no tuvo en cuenta los peritajes del proceso penal, que valoraron el bien en $40.600 millones.

Finalmente, el acuerdo no tuvo éxito porque debía ser aprobado por la Fiscalía, que en ese momento lo rechazó por considerar que la cifra para reparar era ínfima. Al parecer, la estrategia de Eisenband era obtener un principio de oportunidad presentando esta propuesta. A pesar de esta situación, los fiscales del caso —los cuales cambiaron en varias oportunidades— seguían sin llamar a imputación de cargos al empresario barranquillero. En septiembre de 2016 llegó la tercera y última prórroga del principio de oportunidad de Camilo Bula, quien durante ese año y el 2017 continuó declarando en procesos, como el de los congresistas Álvaro Ashton y Javier Cáceres, y el de Carlos Albornoz.

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El caso Eisenband

Esos encuentros, según Bula, ocurrieron entre 2009 y 2010, en las oficinas de Fedco en Bogotá, un lujoso restaurante de la capital y el aeropuerto Puente Aéreo. Al enterarse de la declaración, el fiscal Escobar citó a Bula. Hubo problemas para cuadrar la diligencia debido a otros compromisos en temas de salud que tenía Bula. Finalmente, la cita quedó fijada para el 16 de marzo. Ese día, Bula se ratificó en su testimonio contra Eisenband y Vásquez. Paralelamente, estaba tocando las puertas de la Fiscalía para saber qué pasó con su principio de oportunidad, pues el fiscal Escobar lo dejó vencer y no solicitó su prórroga. Le respondieron que debía entenderse directamente con Escobar. La preocupación de Bula es que estaba en un limbo jurídico.

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Entre marzo y abril de 2018 ocurrió el hecho que enredó el caso de Leo Eisenband. Según testimonios en poder de la Fiscalía, el dueño de Fedco citó a su oficina a Óscar Montoya Vásquez, un viejo amigo de la familia de Camilo Bula y quien además era primo de su socio Luis Fernando Vásquez. En esa reunión, según dijo Montoya al ente investigador, Eisenband le solicitó que le dijera a Camilo Bula que bajara el tono de sus declaraciones en su contra y que, de no hacerlo, le quitarían el esquema de seguridad a su padre, Carlos Bula, un reconocido dirigente político. Para esa época, la esposa de Bula y su hija habían salido del país por amenazas y el padre había recibido llamadas intimidantes. Es más, en abril, la Unidad Nacional de Protección le quitó a Carlos Bula el carro en el que se movilizaba y uno de sus dos escoltas.

La reacción de Camilo Bula llegó el 3 de mayo de 2018: envió dos cartas, una al fiscal general y otra al director de la UNP, solicitando que revisaran el caso de su padre, pues las amenazas contra su vida por sus declaraciones en el caso DNE eran una realidad. Ese mismo día, Bula decidió variar su declaración contra Eisenband. Lo hizo ante el fiscal Camilo Escobar. Pero todo se enrareció siete días después. Según declaró Óscar Montoya, el 10 de mayo Leo Eisenband lo citó a su oficina para entregarle un sobre con 2.500 euros para ayudar a la familia de Bula con un problema de salud que tenía su hija. Montoya recibió el dinero y a la salida del edificio fue capturado por el CTI de la Fiscalía, que le imputó cargos por, supuestamente, estar extorsionando a Eisenband.

El fiscal Daniel Hernández estuvo a cargo de esa investigación y la defensa de Eisenband a cargo de Camilo Burbano, quien años atrás había sido uno de los asesores de la vicefiscalía de Jorge Perdomo*. Según la imputación de cargos, Óscar Muñoz le exigió $1.000 millones a Eisenband a cambio de que Camilo Bula no lo implicara en el escándalo de la DNE. Lo que ha sucedido en ese caso es que Óscar Montoya quedó en libertad por vencimiento de términos y están en audiencias preliminares. La defensa de Montoya explicó que la Fiscalía aún no le ha entregado los supuestos audios y videos que probarían la extorsión, por lo que no sabe cuáles son las pruebas que evidenciarían los delitos cometidos.

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Lo que ocasionó el episodio de la supuesta extorsión fue que el fiscal Camilo Escobar decidió retirar la imputación de cargos contra Leo Eisenband, que estaba programada para el 8 de junio de 2018. Asimismo, solicitó reactivar la acusación contra Camilo Bula por los siete delitos cobijados bajo el principio de oportunidad, que se encontraba vencido. El argumento era que no podía prorrogarse el principio de oportunidad porque, supuestamente, Camilo Bula había extorsionado a Eisenband. Sin embargo, Bula nunca fue vinculado formalmente a la investigación. Ni siquiera fue llamado a declarar o a interrogatorio. La respuesta del testigo, para soportar que nunca dejó de colaborar con la Fiscalía y no había razón para no continuar con su principio de oportunidad, fue enviar un derecho de petición al fiscal Escobar.

El 4 de julio de 2018 le solicitó a Escobar que le enviara las resoluciones de firma y prórroga de su principio de oportunidad, que le entregara su matriz de colaboración y las declaraciones que permitieron iniciar juicios e investigaciones preliminares contra las personas que mencionó. Finalmente, le pidió copia de la cadena de custodia de las pruebas que entregó en 2013. El fiscal Escobar le envió las resoluciones, pero le dijo que, frente a los radicados que estaban en su despacho, su colaboración no era clara. En especial en el proceso contra Leo Eisenband, del cual solo aportó las declaraciones que había rendido el 16 de marzo y el 3 de mayo de 2018, y obvió las que entregó desde 2013. En cuanto a la cadena de custodia, el funcionario le dijo que esas pruebas no estaban en su despacho.

Fuentes consultadas sostuvieron que esa respuesta demostraba que se perdieron pruebas y testimonios claves en el proceso contra Leo Eisenband que se aportaron desde 2013, cuando Camilo Bula comenzó a colaborar con la Fiscalía. Asimismo, que para esa época el objetivo era callar a Bula, así fuera vinculándolo con el supuesto caso de extorsión —situación que no sucedió ante la falta de pruebas— o reactivando los delitos que tenía cobijados bajo el principio de oportunidad. Sin embargo, esa estrategia no funcionó, porque el 12 de diciembre de 2018 un juez sostuvo que no se podía acusar legalmente a Camilo Bula porque, si bien no prorrogaron su principio de oportunidad, tampoco existía una resolución de la Fiscalía que lo revocara.

En esa audiencia, el fiscal Escobar reconoció que presentó la solicitud de prórroga, pero que se la rechazaron por ser extemporánea. Según Escobar, le dijeron que debía tramitar un nuevo principio de oportunidad, lo cual hizo, pero nunca tuvo respuesta, por lo que no tenía culpa alguna en esa situación. Agregó que su solicitud de acusación se basaba en el nuevo caso de extorsión y la falta de colaboración con su despacho. Sin embargo, el juez rechazó sus argumentos y lo regañó: “Me preocupa que la Fiscalía diga que presentó la prórroga de forma extemporánea. Entonces sí fue culpa suya. No puede decir que no lo fue (…) Hay un problema por falta de diligencia”.

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Esta situación provocó que en febrero de 2019 le quitaran el proceso al fiscal Escobar, quien, a pesar de haber llamado en tres oportunidades a imputación de cargos a Leo Eisenband, nunca lo hizo. Se designó una nueva fiscal, a la cual Camilo Bula le envió el mismo derecho de petición que le presentó a Escobar para certificar su colaboración con la justicia. La fiscal le respondió el pasado 25 de abril enumerando uno a uno los procesos en los que ha colaborado y las irregularidades que sus colegas cometieron en los procesos que se adelantan por el caso DNE. Para esa misma época, Bula denunció la situación de seguridad de su familia ante la Corte Suprema de Justicia, que le ordenó a la Procuraduría interceder para que le restituyeran el esquema de seguridad a Carlos Bula, el padre de Camilo.

El pasado 17 de junio, Carlos Bula denunció que continuó recibiendo amenazas por la colaboración que está prestando su hijo a la nueva fiscal en la reconstrucción del expediente de Leo Eisenband. Señaló que recibió una llamada en la que le recordaron que ya no tenía esquema de seguridad y que le dijera “al sapo de su hijo (Camilo) que lo iban a crucificar”. La Fiscalía se puso al frente del asunto y ya citó para el 5 de agosto a Leo Eisenband a imputación de cargos. Lo que es claro es que los avances en las pesquisas por el desfalco de la DNE siguen siendo escasos. Camilo Bula sigue en el limbo porque no se ha resuelto nada alrededor de su principio de oportunidad. En conclusión, sigue siendo el único preso de una cadena de personajes que feriaron al mejor postor los bienes de la mafia. Se trata de una investigación en la que ni la administración de Eduardo Montealegre ni la de Néstor Humberto Martínez pudieron mostrar resultados.

*Nota del editor: En la versión impresa de este artículo se dijo que la defensa de Leo Eisenband en el caso de extorsión estuvo a cargo del Camilo Burbano, asesor de la vicefiscalía de Jorge Perdomo y coordinador del grupo de investigación del caso DNE. Burbano se contactó con El Espectador y entregó las resoluciones en las que se observa que nunca fue asignado a un proceso relacionado con el caso DNE. Señaló que solo actúo como vocero de la Fiscalía en algunas ruedas de prensa relacionadas con estos hechos, por lo que no conocía de cerca los detalles del expediente. Agregó que a Eisenband solo lo representó en esa oportunidad porque un colega le pidió reemplazarlo y que, posterior a la medida de aseguramiento contra Óscar Montoya, presentó su renuncia irrevocable.