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El pasado miércoles 19 de marzo, mientras el país asistía al desenlace del caso Petro y la decisión del presidente Santos de respaldar la destitución ordenada por el procurador, en un escenario judicial paralelo se resolvía parcialmente otro polémico capítulo: la investigación de la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero. La defensa del dirigente conservador se negaba al cierre de la instrucción penal argumentando estado de indefensión. La Corte Suprema negó la petición y se apresta a decidir si debe ser juzgado.
La pelea de Ramos Botero está centrada en insistir en que su presencia, junto a otros políticos, en una reunión realizada en Bello (Antioquia) a principios de 2005, con participación de jefes del paramilitarismo, obedeció a las labores que entonces realizaba como congresista. La Corte, que ordenó su detención desde agosto de 2013, por ahora no cree en esta versión y, por el contrario, dice que el verdadero propósito de esa reunión era apoyar el trámite de la Ley de Justicia y Paz que favorecía a las autodefensas, por lo cual fue una alianza del parlamentario con el paramilitarismo.
El nudo de la discusión está centrado en establecer los alcances de esa reunión de 2005. Según el jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, ese encuentro entre políticos y autodefensas se planeó en Santa Fe de Ralito para mirar cómo se sacaba adelante la Ley de Justicia y Paz. La cita se dio en la finca de Hugo Albeiro Quintero y, además de Ramos, acudieron cuatro congresistas. La defensa del exgobernador de Antioquia asegura que el testigo miente y que lo único que pretende es buscar rebaja de pena para sus procesos.
De todos modos, la reunión sí existió y Luis Alfredo Ramos, con otros congresistas, hablaron con alias Ernesto Báez. El dilema es que la Corte asegura que la reunión se hizo sin permiso del Gobierno y con el objetivo de “aglutinar a miembros del Congreso que apoyaran la tramitación y sanción de la Ley de Justicia y Paz, pero la defensa de Ramos asegura que hasta el propio Báez ha admitido que “la reunión jamás fue para negociar una ley o planear una contraprestación”. Y agregó: “Fue tan insustancial, que cuando me reuní con mis compañeros no tuve nada que decir”.
Ramos sostiene que no puede equipararse la llamada reunión del Pacto de Ralito en 2001, donde políticos y autodefensas se reunieron para “refundar el país”, en momentos en que el paramilitarismo actuaba en la clandestinidad, con el encuentro que él sostuvo en 2005 para escuchar a Ernesto Báez. En ese momento, ha insistido Ramos, existía un proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, no había procesos electorales en curso que pudieran generar intereses ilegales y Báez actuaba formalmente como vocero político de los grupos de autodefensa.
La Corte Suprema manifiesta que no fue un simple encuentro de un congresista con miembros de grupos ilegales, sino una alianza con organizaciones al margen de la ley. En su opinión, “inaceptable en una democracia que los depositarios de las más altas responsabilidades políticas en el Estado se inclinen ante los intereses mezquinos de los actores armados y tramiten los asuntos públicos, institucionales y democráticos por canales que traducen irregularidad e ilegalidad”. Por estas consideraciones, Luis Alfredo Ramos hoy está detenido en una dependencia militar.
Al margen de estas discrepancias, la defensa de Ramos Botero también tiene otro eje central: demostrar que uno de los testigos de la Corte ya ha sido catalogado por la misma justicia como un personaje sin mucha credibilidad y más bien dado a traficar con supuesta información para buscar réditos personales. Se trata de Carlos Enrique Areiza Arango, quien según la Corte, aseguró que Ramos Botero tuvo reuniones en 2002 con los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño. El testigo Areiza Arango hoy está condenado por extorsión agravada a ocho años de prisión.
La defensa de Ramos Botero aportó un documento de la Fiscalía de Medellín en el que refiere que Areiza Arango, también conocido con los alias de Papo, Juan Camilo o Camilo Restrepo, desde 2007 se viene presentando ante las autoridades como poseedor de información relevante sobre las actividades de la Oficina de Envigado, y la banda de alias Gancho, que operó en Bello. Primero recibió dinero de la Iglesia católica porque llegó a decirles a un prelado en Girardota y al párroco de Bello que la gente de Gancho iba a atentar contra monseñor Alberto Giraldo.
Un año después volvió a obtener dinero por reportar supuestos planes de Gancho, esta vez por la Personería de Medellín. Sin embargo, en diciembre del mismo año, cuando fungía como funcionario en Medellín, gracias a la gestión de un exsecretario de gobierno, se hurtó siete teléfonos celulares. Aún así, más adelante se volvió informante del CTI, organismo que volvió a pagarle por sus servicios. No obstante, terminó señalando sin pruebas a una teniente de la Sijín, sindicándola de corrupta. Sus informaciones sobre supuestos atentados nunca se comprobaron.
Ya en 2009, Areiza volvió a aparecer, en esta ocasión contactando al entonces presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, a quien le dijo que su vida estaba en peligro y que algunos congresistas le habían pagado a alias Gancho para que lo mataran, tampoco resultó cierto. Finalmente, Areiza fue condenado por un juzgado en Medellín, pero luego se supo que también anduvo por el DAS de Bucaramanga, que estuvo a punto de entregarle $1,5 millones; y que el Gaula de Antioquia sí le dio plata por una información que también resultó falsa.
El Espectador estableció que Areiza también recibió dinero de la Corte Suprema para gastos de hospedaje, alimentación y transporte previos a sus informaciones. El pasado 26 de febrero, en una diligencia en una cárcel de Estados Unidos, una y otra vez el jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna negó saber algo del tal Carlos Enrique Areiza. De paso, ante los requerimientos de la justicia, recalcó que no recuerda que las estructuras bajo su mando le hayan dado apoyo alguno al dirigente conservador y exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.
Por ahora la Corte Suprema sostiene que no hay fundamentos para concluir que no se pueda cerrar la investigación contra Ramos. Por el contrario, le reprocha a la defensa del congresista que argumente que no se le hayan practicado todas las pruebas requeridas. Si faltaron algunos testigos fue por actuación de la misma defensa. En cuanto al testigo Areiza, el alto tribunal recordó que en dos ocasiones la defensa no quiso interrogarlo. En los próximos días se sabrá en definitiva si Ramos Botero debe comparecer en juicio por el delito de concierto para delinquir agravado.
Una trayectoria conservadora, política y diplomática
El abogado Luis Alfredo Ramos Botero nació en Sonsón (Antioquia) el 19 de abril de 1948. Llegó al Congreso de la República en los períodos 1982-1986 y 1986-1990. Su principal fortín electoral fue el departamento de Antioquia y se convirtió en uno de los líderes del Partido Conservador.
Su ascenso en la política se ratificó en 1990, cuando fue elegido como senador de la República hasta 1994. Pero en 1992 renunció a su curul para buscar la Alcaldía de Medellín, de la cual resultó electo con una amplia votación. En 1998 adhirió a la campaña presidencial de Andrés Pastrana y cuando éste ganó lo designó como embajador de Colombia ante la OEA. En 2001 regresó al país y aspiró por el movimiento Alas Equipo Colombia nuevamente al Senado, resultando electo para el período 2002-2006.
En 2008 fue elegido gobernador de Antioquia, cargo que desempeñó hasta 2011. En 2013 anunció que aspiraría a la Presidencia de la República y a las pocas semanas la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura por el presunto delito de concierto para delinquir agravado, producto de presuntos vínculos con las autodefensas.
nquevedo@elespectador.com
@norbeyquevedo