El fantasma de Los Mellizos y Hernán Giraldo aterroriza a la Sierra Nevada

Lo que no lograron hacer Ejército, Policía y Personería, ante las denuncias de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta por la masiva invasión a sus territorios, lo consiguieron los grupos armados que por décadas han aterrorizado a los pobladores de esta región. Con la intención de quedarse, más de dos mil personas llegaron hace algunos días al territorio ancestral Kutunsama, en el resguardo kogui malayo arhuaco. El Estado, representado en las instituciones referidas, expresó a la comunidad que no podían hacer nada, pues había “intereses de grupos mucho más grandes y poderosos”. Los paramilitares de la zona publicaron un panfleto a los recién llegados advirtiendo que, si no desalojaban la zona, usarían la fuerza. En cuestión de horas, los invasores de tierras salieron despavoridos.

Eran de Guachaca, Palomino, Marquetalia, Puerto Nuevo y Venezuela, según los reportes de la fuerza pública. Y, según los pobladores que se atrevieron a contar a El Espectador la realidad que viven por estos días, invasores que dijeron haber dado respuesta a una proposición que recibieron: “Allá hay unos predios de unos capos que nadie reclama, y ustedes los pueden invadir y hacerlos suyos”. Esa fue la razón que escucharon de los “extranjeros” que llegaron con la idea de quedarse. A ciencia cierta, nadie sabe quién es el narco dueño de esa tierra que motiva a los grupos armados, pero quienes conocen la historia de los predios de La Lengüeta, ubicado entre el río Don Diego y la zona rural de Santa Marta de Perico Aguado, tienen pistas.

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La primera apunta a que se trata de una finca que perteneció en los años 90 a uno de los hermanos Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera, conocidos como los Mellizos. Ambos poderosos narcotraficantes que en los años 90 fueron socios del jefe paramilitar Salvatore Mancuso con el apoyo del Bloque Vencedores del Cauca. Intentaron colarse en Justicia y Paz, pero se determinó que no eran otra cosa que narcos y que por años auspiciaron el movimiento paramilitar de Castaño. Mientras que Víctor murió en un enfrentamiento con la Policía, en abril de 2008, Miguel Ángel fue extraditado a Estados Unidos en 2009. En aquella época, la Fiscalía iniciaba operaciones con el objetivo de quitarles los bienes a los Mellizos.

El ente investigador ya tiene en el listado de propiedades varios predios que pueden coincidir con el lugar de la reciente invasión, y también las señales del rastro que dejaron los hermanos en la Sierra Nevada, donde fundaron la banda narcotraficante Los Nevados, que se movió hasta la frontera con Venezuela. Una presencia en la Sierra, en el río Don Diego, y en sus accesos por el Cesar o La Guajira, que no fue fortuita. Por lo menos desde los años 60 en este exuberante territorio de la biodiversidad colombiana, donde siempre habitaron indígenas koguis, malayos y arhuacos, también ha sido el centro de disputa de organizaciones armadas que no han dejado de disputarse los corredores geográficos, estratégicos para el desarrollo de sus economías ilícitas.

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Ocultos por la vegetación selvática, por el difícil acceso a la montaña y hasta por su fácil acceso al mar, cultivos y laboratorios de droga han tenido siempre en la Sierra un lugar ideal. Además de los Mellizos, otro que supo identificar las ventajas de un sitio tan sagrado como la Sierra Nevada fue Hernán Giraldo Serna, incluso mucho antes de la llegada de los hermanos Mejía Múnera a la zona. Los fallos en su contra, más las investigaciones de la Fiscalía, documentan que este narcotraficante fue el cerebro detrás del auge paramilitar en la Sierra Nevada de Santa Marta en los años 80, que comenzó con la creación de la Convivir Coonservar Ltda., dedicada a hacer “limpieza social” en el territorio, que debía estar protegido por el Estado.

En la memoria del conflicto armado, Giraldo Serna es protagonista de tenebrosas historias y hace parte del listado de los capos y jefes paramilitares más sanguinarios de la guerra. En septiembre del año pasado, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla lo condenó por 32 delitos que incluyen secuestro, desaparición forzada, reclutamiento ilícito, tráfico de estupefacientes y siete tipos diferentes de violencia sexual. En ese fallo quedó condensada la historia de cómo este hombre, conocido con los alias de el Patrón, el Taladro o el Señor de la Sierra, se convirtió en la pesadilla de cientos de menores a quienes retuvo, violó, obligó a prostituirse y hasta a abortar. Bajo su mando, las agresiones sexuales de todo tipo se volvieron una forma de control social en la Sierra Nevada.

A Giraldo Serna se le atribuye la creación de los primeros grupos paramilitares, tras la determinación de la Corte Constitucional que limitó las Convivir y forzó su desuso, en 1997. Las llamó Autodefensas Campesinas de la Vereda del Mamey —en honor al nombre del lugar donde nació el grupo—, y luego las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACGM), cuando su poder y la cantidad de hombres en sus filas ya tenían las proporciones de un ejército. Pese al cambio de nombre, su objetivo siempre fue el mismo: combatir a las Farc. La guerrilla mató a su hermano en 1984 y él decidió que nunca iba a perdonar y las combatiría con su poder, que en la Sierra Nevada llegó al grado de que ni una sola hoja podía moverse sin que él lo supiera.

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Su hegemonía duró 15 años. Solo lo controlaron los hermanos Castaño, a él y a sus hombres, en otra guerra que causó el desplazamiento de por lo menos 14.000 campesinos, y el asesinato y la desaparición de miles más. En 2002, el Señor de la Sierra aceptó el mandato de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Ambos, piezas claves del plan de desmovilización que trazó el gobierno de Álvaro Uribe para que saldaran sus cuentas en pocos años. Junto a los hombres de Castaño, Hernán Giraldo se desmovilizó en 2006 con el Bloque Resistencia Tayrona. Esperaba quedar en libertad en breve para volver a su reino, pero en la crisis de mayo de 2008 terminó extraditado a Estados Unidos junto a 13 jefes del paramilitarismo.

Quienes conocen a Hernán Giraldo saben que hay otras realidades en su larga historia ilegal. En los archivos de la justicia, por ejemplo, hay pruebas de que Giraldo y Jorge 40 pagaron a miles de jóvenes para que se hicieran pasar como paramilitares, mientras los verdaderos se adentraron en la selva de la Sierra. Por lo menos tres fuentes consultadas por este diario señalaron que esos mismos combatientes son los que hoy quieren aterrorizar a la gente en un recodo de su territorio. Y, con el inminente regreso del Patrón a Colombia, la situación está todavía más tensa. Aunque Hernán Giraldo aseguró en un video publicado por El Tiempo que quiere pasar el resto de su vida en paz y tranquilidad al lado de su familia, en la región saben que su poder sigue vivo.

Algunos de sus familiares nunca abandonaron la tierra ni las armas. En diciembre del año pasado, habitantes de los municipios acechados expresaron que por estos días, en la Sierra, impera de nuevo la sensación de que están de regreso los años aciagos de la guerra paramilitar y su ciclo de muerte: “Sabemos que el gran jefe que estaba acá era Hernán Giraldo y cuando fue extraditado quedaron los amigos y familiares, que heredaron todo su poderío. Eso se siente, hay tensión e incertidumbre. En zonas como Palomino lo que se respira es un aire de guerra fría”. La advertencia no es para menos. La Defensoría del Pueblo lleva al menos dos años alertando el recrudecimiento de la guerra en la zona por cuenta del grupo Los Pachencas.

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La entidad, que todavía dirige Carlos Negret, ha señalado que se trata de los herederos de los hombres de Giraldo Serna, que mantienen alianzas con la Oficina Caribe, un centro de cobro creado por el Patrón, poco antes de su desmovilización, en asocio con la Oficina de Envigado. Funciona como el músculo financiero de la estructura ilegal, pues recibe las rentas de las extorsiones que cobran al sector turístico y los “impuestos” que exigen a las ventas de tierras en el sector de la Troncal Caribe. Además de Los Pachencas, la Defensoría también ha advertido la presencia de las Autodefensas Gaitanistas, quienes, al parecer, mantuvieron buenas relaciones con los primeros hasta 2018, año en el que se desató una guerra entre los dos bandos.

El detonante fue el asesinato de un miembro de Los Pachencas en represalia de los Gaitanistas por el decomiso de un cargamento de droga al exterior que terminó siendo incautado por las autoridades. Aunque los pobladores de La Lengüeta saben que hablar sobre ellos es prácticamente meterse a una tumba, varios relataron a este diario que, al igual que en la época de Hernán Giraldo, en la Sierra Nevada no se mueve una hoja sin que las Autodefensas Gaitanistas o Los Pachencas se enteren. Sobre estos últimos, las autoridades saben que ahora se hacen llamar las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, autores del panfleto que sacó en cuestión de minutos a los invasores que querían quedarse en un territorio sometido a su control.

El recrudecimiento de la guerra en la Sierra Nevada y el auge del poder de estos grupos armados está bajo el conocimiento y la lupa de las autoridades. Pero los asesinatos van más rápido que los avances en las investigaciones. En un solo mes se registró el homicidio de dos líderes sociales: Maritza Quiroz y Wilton Orrego, ocurridos en enero del año pasado con solo nueve días de diferencia. En 2019 también se registró el incendio de una oficina de Parque Naturales, que protege tanto el Parque Tayrona como el de la Sierra Nevada. A finales del año, el país cerró las fiestas de Año Nuevo con la noticia del asesinato de Nathalia Jiménez y Rodrigo Monsalve, una pareja de jóvenes ambientalistas que pasaba su luna de miel en Santa Marta.

A finales de ese mismo años, Tito Ignacio Rodríguez, jefe del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, salió al exilio por cuenta de las amenazas. Viajó a Estados Unidos junto con su esposa y dos hijos, con el plan de llegar hasta Canadá para pedir exilio político. !¿Quiénes quieren matarlo?”, le preguntó John Myer fundador de la organización ProSierra. Él contestó: “Como tú sabes, John, la Sierra no es un lugar fácil para trabajar. En muchos parques del país tenemos serios problemas de orden público, deforestación, minería ilegal, megaproyectos, en fin. Pero aquí en el parque tenemos dos zonas de mucha complejidad”.

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En abril pasado, se sumó otro eslabón de los sacrificados: Alejandro Llinás, líder de la vereda Calabazo, que había advertido el peligroso panorama en la Sierra por el auge de grupos armados. El ambientalista había pedido protección y ayuda del Estado, petición que hizo extensiva para todo el territorio, pues sabía que la población entera está aterrorizada. Aunque el día de su asesinato llamó a la Policía para advertir que estaba en inminente peligro, los agentes tardaron 12 horas en llegar. Lo encontraron con dos impactos de bala y sin vida. Una de sus más graves denuncias apuntaba a que tenía pruebas para demostrar que gran parte de las estrategias de guerra de los paramilitares se están realizando en complicidad con las autoridades.

Pese a las alertas de la Defensoría y de los habitantes que pronostican el regreso a los peores años de la guerra, la respuesta del Estado sigue embolatada. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, convocaron a una mesa de trabajo, pero el cabildo arhuaco del Magdalena y La Guajira calificó ese esfuerzo como pasivo. Los indígenas denunciaron los constantes incumplimientos de este gobierno, y también del de Juan Manuel Santos, en resolver problemas como el de las tierras que causaron la invasión. Y mientras alguien se aparece en la Sierra, las comunidades prefieren seguir resguardadas en la espesura de la selva, buscando la forma de negociar su tranquilidad para disfrutar la tierra que les pertenece.