La historia de la pelea entre Álvaro Uribe y el exfiscal Montealegre

La pelea entre el senador Álvaro Uribe y el exfiscal Eduardo Montealegre agregó un nuevo capítulo el pasado 13 de mayo. Esta vez, con palabras de fuerte calibre de por medio, el telón de fondo fue el escrito de acusación contra el exmagistrado Leonidas Bustos por el escándalo del cartel de la toga, radicado por el congresista del Centro Democrático y miembro de la Comisión de Acusación Edward David Rodríguez. En esa decisión Rodríguez compulsó copias contra el exfiscal porque, supuestamente, promovió un contrato a nombre de Luis Gustavo Moreno y permitió que esos dineros sufragaran los gastos de una oficina de los implicados en el cartel de la toga.

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Sin embargo, la historia de la pugna entre Uribe y Montealegre lleva más de una década. Expedientes de masacres, presuntos nexos con grupos paramilitares, homicidios y filtración de campañas políticas constituyen la letra menuda de esta disputa, que se intensificó a partir de marzo de 2012, cuando Montealegre fue escogido como fiscal. Esa elección estuvo precedida de la pelea entre el expresidente y la Corte Suprema de Justicia, organismo que se negó en repetidas oportunidades a escoger fiscal de los candidatos que propuso Uribe. Solo eligieron cuando Juan Manuel Santos asumió la Presidencia y envió una terna de la que fue escogida la abogada Viviane Morales.

La fiscal Morales duró apenas un año en la Fiscalía, pues el Consejo de Estado anuló su elección, tras concluir que estuvo viciada de errores en la Corte Suprema. En ese momento se rumoró que las presiones del uribismo fueron determinantes para tumbar su mandato, pues durante su corta gestión alcanzó a abrir procesos contra fichas claves del expresidente, como su exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, procesado por el caso Agro Ingreso Seguro. Tras su sorpresiva salida por vía judicial, el gobierno Santos preparó una nueva terna y el escogido esta vez, en marzo de 2012, fue el exmagistrado Eduardo Montealegre.

En principio su nombre no generó resistencia. Montealegre había sido el magistrado de la Corte Constitucional que obró como ponente en el respaldo al referendo del gobierno Uribe en 2003 y, además, fue contratista durante su presidencia. En concreto, como defensor del Estado ante el Sistema Interamericano en el caso de la masacre de La Rochela. Esta vinculación se mantuvo hasta días antes de ser elegido fiscal general, pues también fue el abogado en el proceso internacional por la masacre de Santo Domingo (Arauca). Por esta gestión de defensa del Estado recibió $1.300 millones en 2012. Las cosas cambiaron cuando Montealegre llegó a regentar la Fiscalía.

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La piedra de la discordia fue el proceso de paz que inició el gobierno Santos con la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba), pues Montealegre se sumó como uno de sus principales aliados. El panorama se agudizó en 2013 y, antes de lo pensado, vino el primer envión de Montealegre. A través del fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema, Carlos Iván Mejía, se reactivó la investigación contra Santiago Uribe, hermano del expresidente, por supuestos vínculos con el grupo paramilitar de Los Doce Apóstoles en Antioquia. El fiscal Mejía había llegado a la Fiscalía de Montealegre tras oficiar como magistrado auxiliar del magistrado Leonidas Bustos.

Rápidamente comenzó a recopilar testimonios de exjefes paramilitares contra Santiago Uribe, hasta que el 25 de septiembre de 2013 fue llamado a indagatoria. Pero no fue la única noticia judicial contra Uribe. Dos semanas antes de conocerse esta decisión, el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que se investigara al expresidente Uribe por presunta participación “en la promoción, organización y apoyo a grupos paramilitares y asociaciones Convivir, y de concertarse con ellos, no solo como gobernador de Antioquia, sino también desde su ejercicio como presidente de la República”. El hoy congresista quedó en la mira de la justicia.

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Con las relaciones resquebrajadas entre el fiscal y el expresidente llegó 2014, año de elecciones. Uribe estrenaba su partido Centro Democrático y la campaña de su candidato Óscar Iván Zuluaga creció a tal punto que ganó la primera vuelta. Pero súbitamente, a escasos días de la elección definitiva, estalló el escándalo del hacker Andrés Sepúlveda, vinculado a la empresa electoral de Zuluaga. La Fiscalía aseguró que Sepúlveda, junto con otros dos hackers , supuestos agentes de inteligencia, había desarrollado labores de espionaje al proceso de paz. El Centro Democrático replicó acusando a la Fiscalía de promover un plan de infiltración para incidir en el resultado de las elecciones.

Lo cierto es que Juan Manuel Santos terminó reelegido y el uribismo con la convicción de que la Fiscalía había ayudado a su contendor con el escándalo del hacker. Pero el asunto no paró ahí. Antes de caer el telón de 2014 cobró forma la investigación contra Santiago Uribe, así como los procesos contra los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, y el exsecretario de Presidencia Alberto Velásquez, por la llamada Yidispolítica. Fue tal el nivel de confrontación entre el Centro Democrático y la justicia, que el congresista Edward Rodríguez -el mismo que acaba de pedir que Montealegre sea investigado- buscó un espacio de reconciliación.

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Aunque la reunión se dio, no fue posible que cesara la pelea. Por el contrario, comenzando 2015, Uribe fue objeto de una nueva compulsa de copias. Lo hizo el Tribunal de Medellín en un fallo contra el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy, alias Cuco, comandante del bloque Mineros, y uno de los responsables de las masacres de Ituango (Antioquia) en 1997, específicamente en el corregimiento El Aro. Una víctima aseguró que durante los tres días de la masacre se vio un helicóptero de la Gobernación de Antioquia abasteciendo a los paramilitares y que el secretario general, Pedro Juan Moreno, estuvo al tanto de todo. Así nació el nuevo expediente contra Uribe.

En abril de ese mismo 2015, la Corte Suprema condenó a los tres alfiles del uribismo implicados en el caso de la yidispolítica; y ese mismo año, en agosto, la Fiscalía aportó una explosiva declaración del excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, conseguida en una cárcel de Miami. Esa declaración cambió el enfoque de las investigaciones por la masacre de El Aro, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, el asesinato del desmovilizado Francisco Villalba -que señaló a varios miembros de la Fuerza Pública y a Uribe por supuestos nexos con las autodefensas-, y también por la muerte de Pedro Juan Moreno.

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La Fiscalía de Montealegre ordenó investigar en contexto todos estos casos, pues Don Berna aseguró que se había creado una estrategia para desviar los señalamientos de Francisco Villalba contra Uribe, quien además sostuvo que el entonces gobernador conocía lo que iba a suceder en El Aro. Toda la información fue remitida al despacho del fiscal Carlos Iván Mejía, que el 6 de octubre de 2015 compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar al ya senador Uribe por su supuesta omisión y responsabilidad en los hechos. Además, solicitó que lo investigarán por los asesinatos de Villalba y del abogado Jesús María Valle. Este último perpetrado en febrero de 1998.

La Fiscalía pidió a la Corte aclarar si la muerte de Pedro Juan Moreno en febrero de 2006 fue accidente u homicidio. Moreno falleció cuando el helicóptero en el que se transportaba se estrelló. Según Don Berna, la aeronave fue manipulada para asesinar a Moreno. Indignado, Uribe declaró públicamente que esos señalamientos eran un irrespeto a la familia Moreno y en estos términos se pronunció contra el fiscal general: “Eduardo Montealegre es el perseguidor en jefe de la oposición legítima y democrática de Colombia. Bajo su mando, la Fiscalía General se ha convertido en el brazo intimidatorio de la coalición política contraria al Centro Democrático”.

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De paso, el senador Uribe también arremetió contra Montealegre por los escándalos que rodearon su administración en temas de contratación. Especialmente los otorgados a exmagistrados que avalaron que su período como fiscal general fuera de cuatro años; y los que le entregó a la politóloga Natalia Springer por más de $4.200 millones. Cabe recordar que los informes finales que debía entregar la firma de Springer sobre los análisis macrocriminales sobre el conflicto armado jamás se conocieron públicamente. El contraataque de Montealegre llegó un mes antes de su salida del ente investigador: el fiscal Carlos Iván Mejía ordenó la captura de Santiago Uribe, quien recuperó su libertad dos años después.

A partir de 2016 fueron tres años de calma. Entretanto, el juicio contra Santiago Uribe se desarrolló en medio de acusaciones de la defensa sobre el uso de supuestos falsos testigos. Ese proceso está ad portas de concluir y un juez de Medellín deberá dictar sentencia. En ese tiempo Montealegre no apareció en el radar del uribismo. Pero ahora su vinculación al cartel de la toga, junto con su vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, volvió a revivir la confrontación. Y fue el congresista Edward Rodríguez, el mismo que años atrás buscó que los dos dignatarios dirimieran sus diferencias, quien solicitó a la Comisión de Acusación que los investigara.

En el escrito de acusación contra el exmagistrado Leonidas Bustos, el congresista Rodríguez sostuvo que el testigo estelar del caso, Gustavo Moreno, declaró que el exfiscal, en julio de 2015, le otorgó un contrato por $139 millones para “sufragar los gastos de la oficina de abogados” que crearon Moreno y los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y Ruth Marina Díaz. Frente al tema de Jorge Fernando Perdomo, el representante a la Cámara manifestó que es necesario indagar si benefició o ayudó al excongresista Álvaro Ashton en sus procesos por parapolítica, pues Moreno aseguró que sirvió como intermediario ante el magistrado Eyder Patiño.

La respuesta de Montealegre y Perdomo no se hizo esperar. En rueda de prensa arremetieron contra Rodríguez, a quien calificaron de áulico” del expresidente Álvaro Uribe, y, a este último, de “titiritero”. “No nos dejaremos intimidar ante la arremetida del ‘presidente eterno’ a la justicia; no descansaremos en investigar y denunciar los crímenes de guerra en que incurrió Uribe y su ronda de violadores a los derechos humanos”. Y luego agregaron: “La compulsa de copias a magistrados y exfiscales de impecable trayectoria (…) muestra a un expresidente acorralado por su pasado, sus responsabilidades históricas y el fantasma de los crímenes internacionales que cometió”.

Montealegre y Perdomo señalaron que su vinculación al cartel de la toga es una infamia y una retaliación. Además, anunciaron una denuncia contra el congresista Rodríguez por prevaricato y que en un mes irán hasta la Corte Penal Internacional para demostrar la responsabilidad de Uribe en las masacres de El Aro y La Granja, los mismos casos que fueron impulsados durante su administración en la Fiscalía y que concluyeron en la compulsa de copias al expresidente tras las declaraciones de Don Berna. En las próximas semanas se sabrá quién saldrá mejor librado de esta pelea entre el exfiscal y el expresidente.