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A comienzos de la semana pasada fue asesinado en el municipio de Caloto (Cauca), Jair Mera. Se trata del integrante de la comunidad indígena Huellas y hermano de la exconsejera de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), Luz Eida Julicué Gómez. Su homicidio se produjo a manos de sicarios que le propinaron varios disparos. Lo paradójico del hecho es que, según la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, el hecho ocurrió a menos de 200 metros de la estación de policía y cerca de una base militar.
De esta manera, aumentó el doloroso listado de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia, que entre el año 2016 y lo que va corrido de 2017 llegó a 200 homicidios. Una cifra que se consolidó luego de cruzar los reportes oficiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el movimiento político Marcha Patriótica, la organización Cumbre Nacional Agraria y la Defensoría del Pueblo, quienes vienen reportando sus informes a la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de que esclarezca el origen de los asesinatos y aplique justicia para evitar la impunidad.
Con estos reportes, las denuncias en los despachos judiciales, las audiencias públicas, el clamor de las víctimas y los requerimientos de organismos de derechos humanos en Colombia y en el exterior, el fiscal Néstor Humberto Martínez, junto con la vicefiscal María Paulina Riveros, diseñaron la primera estrategia de priorización para la investigación y judicialización de agresiones contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, políticos y comunales. Su aplicación se empezó a ejecutar y se mantendrá como política institucional hasta el año 2020.
Una estrategia en defensa de los activistas de derechos humanos a la que se suma la normatividad expedida el pasado 29 de mayo. Ese día el Ministerio de Justicia expidió un decreto mediante el cual se crea en la Fiscalía la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres.
Se trata de una norma que busca procesar a quienes atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos. Un decreto que se extiende y articula con el Acuerdo de Paz firmado con las Farc, porque obliga a procesar ante la justicia penal a aquellos que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de dicho acuerdo y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
Y es que, de acuerdo con el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre en Colombia en el 2016, la situación de los defensores de derechos humanos “siguió siendo motivo de preocupación”, ya que se produjeron 59 homicidios, 44 ataques, 210 amenazas y 72 violaciones a los derechos a la privacidad y a la propiedad, para un total de 385 tipos de ataques en contra de estas personas.
Estadísticas que ya están en el radar de la Fiscalía y que derivaron en la implementación de unas líneas de acción. La esencial, la relación del hecho con la labor de la defensa de los derechos humanos. Luego, la metodología de asociación de los casos para determinar elementos comunes, “análisis del contexto social y político de las víctimas, caracterización de las organizaciones criminales y redes de financiación de apoyo”, señala un documento interno de la Fiscalía conocido por El Espectador.
Un contexto que ha derivado en la creación y puesta en marcha de unidades itinerantes que se desplazan con prontitud por todo el país para verificar, investigar y judicializar las conductas. Una labor que se viene desarrollando mediante la ejecución de protocolos de intervención que garantizan mayor eficiencia en la conservación de la escena del crimen y la preservación de pruebas.
Para esta labor se estandarizó la investigación de los homicidios, mediante la asignación de fiscales en las seccionales con el apoyo de equipos del CTI, la Policía, organizaciones y movimientos sociales, con lo cual se han generado escenarios de confianza, como ha sucedido con el movimiento Marcha Patriótica, que ha contribuido al esclarecimiento de varios homicidios y ha ayudado para ingresar a muchos territorios del país antes vedados para las mismas autoridades.
Con base en esta información, la vicefiscal María Paulina Riveros y el delegado para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González, señalaron a El Espectador que se han aclarado muchos de los asesinatos de defensores derechos humanos en Colombia y en cerca del 40 % de los casos se han producido condenas. Una realidad que, según los funcionarios, tiene factores multicausales. En esencia, los defensores de derechos humanos son asesinados por particulares, muchas veces por asuntos económicos o personales, que no necesariamente tienen que ver con su labor defensorial. En otros casos por organizaciones criminales tipo C, es decir, bandas delincuenciales como La Empresa u Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico, denominada Odin.
Las autoridades también tienen establecidos como perfiles de los victimarios de defensores de derechos humanos al Clan del Golfo, disidencias de las Farc, grupos guerrilleros vigentes como el Eln y miembros de la Fuerza Pública. Son asesinados en su mayoría (143 casos) con arma de fuego, 24 con arma blanca y contundente 27 casos, otros seis por ahogamiento, asfixia o accidente de tránsito; otros 23 casos están por ser confirmados.
Es el panorama de los asesinatos de defensores de derechos humanos que afectan a 25 departamentos y a Bogotá. Una dura realidad que tiene como víctimas a humildes colombianos que luchan por las libertades y reivindicaciones en un país desigual. Una dramática situación que merece la atención de todos.
Resultados de un caso reciente
El pasado 6 de abril, en Pitalito (Huila), fue asesinado en su oficina el abogado, expersonero y líder social Luis Gerardo Ochoa. Según las investigaciones de las autoridades, el sicario que lo ultimó ingresó por un sector alterno de la casa en donde el jurista tenía su oficina, ubicada a escasos metros del Palacio de Justicia del municipio huilense.Pero la semana pasada, en operativos efectuados entre el 7 y 8 de septiembre, la Fiscalía logró la captura de los cinco presuntos autores intelectuales del homicidio. Ochoa también fue candidato a la Alcaldía de Pitalito por el Partido Centro Democrático. Los cinco detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías.
