El 2 de enero de 2016, en la plaza central de El Carmen de Bolívar, Dumek Turbay Paz se posesionó como nuevo gobernador de Bolívar. De pie, sobre una tarima ubicada en el sitio más importante de su tierra natal y rodeado de sus amigos, sus familiares y los ciudadanos, el mandatario asumió las riendas del cargo más importante del departamento. Casi el 50 % de los votantes lo respaldó en la contienda electoral disputada con Yolanda Wong, del partido de la U, quien meses después se posesionó como alcaldesa encargada de Cartagena. Sin embargo, su victoria no fue sorpresiva, estaba vaticinada, pues los poderosos de la región le habían dado su espaldarazo. (Lea aquí: 485 financiadores de campañas en 2015 recibieron contratos públicos: MOE)
Uno de sus promotores fue su primo, el senador Lidio García Turbay, quien controla gran parte del departamento y, pese a estar investigado por nexos con el Frente José Pablo Díaz, de las Autodefensas Unidas de Colombia y haber sido mencionado en el escándalo del cartel de la toga, obtuvo la mayor votación del Partido Liberal en las elecciones al Congreso, donde ocupa una curul desde 2006. Su poderío en Bolívar está en boca de todos, incluso de los mandatarios locales, que le rinden pleitesía, como Manuel Vicente Duque, quien durante su período como alcalde de Cartagena lo llamaba el “Jefe”, según reveló la Fiscalía en un proceso en su contra por liderar supuestamente una red de corrupción. (Lea aquí: La controversia por la alianza comercial del Real Cartagena)
Pero el senador Lidio García no fue el único impulsador de Dumek Turbay. También lo fue su fórmula en la Cámara, el exalcalde de Turbaco (Bolívar), Silvio Carrasquilla. La esposa del congresista, Sandra Ahumada Pereira, aportó $30 millones a la campaña de Turbay a la Gobernación en 2015. El gobernador igualmente recibió la venia del exsenador William Montes, condenado por parapolítica, y de las congresistas Karen Cure y Daira Galvis, esta última exabogada de Enilce López, empresaria del chance condenada por lavado de activos, homicidio y paramilitarismo. En opinión de la Fundación Paz y Reconciliación, Turbay fue el candidato de la Gata. (Lea aquí: Los candidatos al Congreso que tienen cuestionamientos)
A pesar de los cuestionamientos, los bolivarenses eligieron a Dumek Turbay como su gobernador en 2015. Cabe referir que antes de llegar a este despacho este abogado, de la Universidad de Cartagena, estuvo al frente de la firma Distriseguridad, un establecimiento público encargado de fomentar la seguridad y la convivencia en la ciudad. Además, fue concejal del municipio de El Carmen de Bolívar, fue gerente del equipo de fútbol de primera división Real Cartagena y dirigió el Instituto de Recreación y Deportes del departamento de Bolívar, entre 2006 y 2015.
En 2004, el hoy gobernador se casó con la ingeniera industrial Liliana Majana, quien además de ser su pareja y madre de sus hijos se ha convertido en su aliada política, pues sus padres y su hermano sacaron de sus bolsillos grandes sumas de dinero para financiar la campaña política. En concreto, su suegro, Farid Majana Coneo, aportó casi $80 millones y su cuñado, Luis F. Tuto Majana Pupo, $35 millones. Además de ser familiares por afinidad, Tuto Majana y Dumek Turbay son grandes amigos y nadie duda en Cartagena de que se trata de una de las personas más influyentes en su administración, sin que tampoco ocupe cargo público alguno en el sector público.
Sobre esta relación, el veedor de la ciudad, William Dau afirmó públicamente que Turbay y su cuñado son además vecinos en el complejo urbanístico Barcelona de Indias, y que Tuto Majana llega todos los días a las seis de la mañana a casa del gobernador a debatir la agenda del día. Dau añadió en su denuncia que Majana está detrás de varios contratistas y que cede contratos a personas de confianza. Pero Majana no figura en papeles que lo vinculen. “Las personas de confianza de Tuto no trabajamos en estas sociedades, pero sabemos que él es propietario. Manejamos plata, pero no firmamos. Todo se maneja en efectivo o cheque”, dijo a El Espectador una de las personas de confianza de Majana.
Este diario consultó a Turbay y a Majana, pero ambos se negaron a responder el cuestionario. Lo cierto es que Armando Rojas Olmos, cuñado de Majana, fue nombrado tesorero de Bolívar en enero de 2016, como lo denunció Dau. Un año después, Rojas cambió de puesto y asumió como director técnico de la Secretaría de Movilidad, y la Tesorería del departamento quedó en manos de otra conocida de los Majana: Lauren Milena Moreno Erazo. Esta ingeniera industrial es una de las mejores amigas de Liliana Majana, tanto que la nombró madrina de su hija. Además, aportó $30 millones a la campaña del gobernador, al igual que su esposo, Juan Aníbal de León, que aportó $32 millones.
Otra de las mejores amigas de la primera dama es la odontóloga Yaneth Narváez Carrasquilla, quien aportó $13 millones a la campaña de Turbay. Su esposo, el ingeniero Víctor Arango Pérez, fue director de seguridad y convivencia de la Gobernación en la administración, luego de trabajar por más de veinte años en la Armada. En octubre de 2017 se posesionó como director de Distriseguridad, cargo al que renunció a finales del año pasado por haberse tomado una selfie con Liliana Campos, alias la Madame. Esa imagen fue reprochada por la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, pues el funcionario público posó con una procesada por supuestamente liderar una red de proxenetismo en Cartagena.
Sin embargo, las amigas de Liliana Majana no son las únicas financiadoras electorales a las que les ha ido bien en la administración de Turbay. La comerciante Sandra Milena Ahumada Pereira, esposa del representante a la Cámara Silvio Carrasquilla, ha recibido seis contratos después de aportar dinero en la contienda electoral. Los negocios con la Gobernación de Bolívar, que suman aproximadamente $125 millones y han sido firmados entre 2016 y 2018, se han pactado en su mayoría para la prestación de servicios profesionales en dependencias como las secretarías de Educación, del Interior y de apoyo a las víctimas.
Las invitaciones para participar como contratista en esas convocatorias le llegaron a Ahumada directamente a su casa en el conjunto Barcelona de Indias. El último contrato, publicado en la plataforma del Secop, fue firmado en septiembre de 2018, por una duración de tres meses y un valor de $15 millones. En esa ocasión, la esposa de Carrasquilla fue contratada para el desarrollo de las actividades de la Secretaría del Interior, en especial las relacionadas con la implementación del Centro de Observación e Investigación Social de Bolívar. A la par de estos contratos, Sandra Ahumada hoy está dedicada a un almacén de ropa y accesorios y, por supuesto, a su empresa.
Al igual que Ahumada, el ingeniero mecánico Francisco Badrán Acuña, quien donó $33 millones a la campaña de Dumek Turbay, pasó de ser financiador a contratista. Su empresa, Soluciones Energéticas Ingeniería SAS, logró quedarse con un contrato de $200 millones por el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de la Gobernación de Bolívar durante seis meses. Según los documentos del contrato en la plataforma Secop, el 15 de mayo de 2017 se abrió públicamente el proceso de contratación, que cerró cuatro días después con un solo proponente: Soluciones Energéticas Ingeniería SAS, al que le adjudicaron el contrato.
Así como en Bolívar, 485 donantes a campañas políticas para alcaldías y gobernaciones en 2015 recibieron contratos públicos por valor de $169.000 millones, lo que equivale a 39 veces el dinero aportado a los candidatos. La cifra fue revelada a finales de 2018 por la Misión de Observación Electoral (MOE) en el libro Democracias empeñadas. La MOE recordó que el otorgamiento de contratos a empresas y personas financiadoras de campañas no es delito mientras se cumpla con los topes y criterios definidos en la ley. Sin embargo, la misma investigación demostró que en el 65 % de los contratos se usan modalidades que favorecen a un solo proponente.
Si bien la MOE aclaró en el citado informe que no busca satanizar la financiación privada en materia electoral, Gabriel Angarita, coordinador de asuntos públicos y transparencia de la organización, afirmó a este diario, sin referirse a un caso específico, que sí ve con preocupación “que algunos candidatos usen los cargos de elección popular como un banco para saciar sus necesidades personales y lucrarse del erario. No hay preparación ética y moral que permita realmente a los funcionarios hacer un uso correcto de la administración en pro de la ciudadanía”.
Por su parte, Carolina Calderón Guillot, directora de Funcicar (grupo de ciudadanos que vigilan la contratación pública de Cartagena), explicó que la organización identificó que durante 2018 el 94 % de la contratación que hizo la Gobernación de Bolívar se dio de manera directa, lo cual muestra la necesidad de que se den procesos más abiertos con mayores garantías de transparencia en la inversión de los recursos públicos. “El caso de Sandra Ahumada Pereira es particular, porque desde 2016 ha recibido seis contratos en la Gobernación y es la misma persona que aportó $95 millones a la campaña del congresista Silvio Carrasquilla en 2018, según el aplicativo Cuentas Claras.
“En el caso de Francisco Badrán observamos que fue único proponente en un proceso de selección abreviada. Desde el programa Vigila Cartagena, de Funcicar, hemos recomendado a la Gobernación aumentar su pluralidad de oferentes, debido a que el 41 % de los procesos solo tiene un oferente y el 29 %, dos”, concluyó Calderón. Entre tanto, las organizaciones de control ciudadano piden a las autoridades electorales fortalecer su capacidad para controlar y vigilar la financiación de las campañas en este año electoral, pues se quejan de que no hay herramientas reales para conocer la totalidad del dinero que se mueve en las contiendas y su posterior injerencia en la contratación pública.
*Si tiene información sobre este tema, escriba a investigacionee@elespectador.com
NOTA DEL EDITOR: Armando Rojas Olmos es cuñado de Tuto Majana, y no suegro de éste, como inicialmente se leía en este artículo.