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El viernes de la semana pasada en la noche, mientras crecía la expectativa nacional por la firma del Acuerdo de Paz, una noticia estremeció el entorno empresarial en Colombia. Fue el anuncio oficial de Cemex que reconocía pagos irregulares a un particular para gestionar la adquisición de un terreno en Maceo (Antioquia) y hacer otras vueltas. Allí, desde hace cuatro años, se construye la segunda planta de cemento más grande de Cemex en el mundo. Un negocio que se enredó porque resultaron implicados en la transacción un condenado por la justicia que fue asesinado, un bien que perteneció a la mafia y una operación que aún tiene varios cabos sueltos.
De inmediato se conocieron los nombres de los responsables del descalabro. El ingeniero Carlos Jacks Echavarría, director ejecutivo de Cemex en Colombia, quien llevaba 24 años en la compañía y llegó al país en 2011, luego de dirigir tres filiales de la cementera en Centroamérica. También rodó la cabeza de Camilo González Téllez, quien como representante legal autorizó los pagos cuestionados. El tercero en la fila de despidos fue Édgar Ramírez Martínez, vicepresidente de Planeación, Innovación y Desarrollo de Nuevos Negocios de Cemex Colombia. Este último se convirtió en la pieza clave del escándalo, en razón a que se le señala de ser el contacto para llevar al particular que recibió los dineros cuestionados.
“La gran sorpresa en esta negociación fue que se le pagó a un tercero, ajeno a la compañía, a un señor que se llama Eugenio Correa, varios giros cuyo monto asciende a los US$20,6 millones. Es importante precisar que estas operaciones financieras nunca fueron informadas a través de los conductos superiores correspondientes de la organización, y es posible que entre directivos y Correa pudieron existir diferencias”, señaló Jaime Granados, abogado de Cemex.
Por eso, en este escándalo que ha tenido fuertes repercusiones sobre el valor de la marca y su cotización en bolsa, los nombres y las actividades conjuntas de Eugenio Correa Díaz y Édgar Ramírez Martínez siguen siendo un misterio y todas las pesquisas tanto de los propietarios de Cemex como de las autoridades están en establecer cómo lograron un vínculo tan cercano, al punto que los consideran los eslabones perdidos de la operación.
El Espectador revisó antecedentes judiciales, financieros, comerciales y registros mercantiles de Correa y Ramírez. En el caso de Correa, es evidente que además de ser señalado como el receptor de los millonarios pagos por Cemex, fue el cerebro de toda la operación. Aparece como intermediario de la Comercializadora Internacional Calizas y Minerales, la empresa a la que la cementera le arrendó el predio donde funcionaría la planta y que resultó de propiedad de José Aldemar Moncada, conocido como el “chatarrero”, asesinado en mayo pasado.
Al respecto, el exdirector de la DIAN Juan Ricardo Ortega ha detallado la transacción: “En octubre de 2012, días antes la incautación por parte de la Fiscalía en contra del socio de Arias Vázquez en Medellín, José Aldemar Moncada, su C. I. suscribe una cesión por la totalidad de los derechos mineros a favor de Cemex de Colombia S. A. Firman Adolfo León Ochoa Restrepo, representante de la C.I., y Camilo González por Cemex. Unos meses más tarde, el predio conocido como la Finca Monterrey, entre los municipios de Maceo y Yolombó, cuyo propietario es la misma C.I., con 162 hectáreas y un irrisorio avalúo catastral de $41 millones, fue alquilada a Cemex, con una forma minerva de arrendamiento por $1 millón mensuales por 5 años”.
Una gestión que la auditoría interna de Cemex atribuye a Correa, aunque señala que tanto en México como en Colombia directivos de la multinacional les informaban que otro era el negocio, es decir, que los US$20 millones eran para adquirir el terreno legalmente.
Natural de Cartago (Valle), viviendo en Envigado (Antioquia) con 33 años de edad y dedicado a actividades inmobiliarias a través de su empresa Profit Margin, Eugenio Correa Díaz aparece en los registros oficiales como un adinerado hombre de negocios. También es miembro de la junta directiva de la empresa Biolodos del Caribe. Es frecuente viajero a Europa y Asia. Los caballos parecen su pasión. De hecho, es integrante de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas. Su éxito económico se refleja también como propietario de vehículos, casas y fincas, y del criadero San Marcos Rozo, dedicado al levante de equinos para galope y trote. De hecho, el manejo de sus semovientes le mereció un premio otorgado por la Federación Equina en febrero pasado.
En lo económico, sus movimientos florecen. Con cuentas corrientes, diversas tarjetas de crédito y leasing, registra importante actividad financiera. Incluso en los últimos años pudo cancelar anticipadamente obligaciones financieras por valores cercanos a los $4.000 millones.
Un crecimiento económico que contrasta con sus registros judiciales. Por ejemplo, en octubre de 2011 fue denunciado por la multinacional Mckinsey & Company Colombia Inc., porque según el expediente se hizo pasar como funcionario y consultor de esa banca de inversión. Un caso que avanza en la Fiscalía. Al igual que otros tres procesos, en donde Eugenio Correa aparece como indiciado por lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad. El ente acusador también investiga sus nexos con José Aldemar Moncada, el “Chatarrero”.
La otra cara de la moneda en el escándalo es Édgar Ramírez Martínez, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como vicepresidente de Planeación de Cemex de Colombia e integrante de la junta directiva de la empresa como suplente del profesional Ramiro Villarreal. Según registros y testimonios recaudados por la auditoría de la compañía, fue quien se contactó con Eugenio Correa Díaz e hicieron una alianza implícita que terminó develándose con el escándalo. De hecho, se le señala de supuestamente gestionar los documentos para los pagos que autorizaba el representante legal de la compañía Camilo González Téllez.
Según registros públicos, Édgar Ramírez Téllez, de 56 años de edad, nacido en Ibagué (Tolima), tiene una licenciatura en la Corporación Universitaria de Ibagué y se desempeñaba hace varios años como directivo de Cemex. Residente en Bogotá, aparece con propiedades en la capital, en Cartagena, además de Ibagué y Coello (Tolima). También se muestra como propietario de lujosos vehículos y motocicletas.
En lo financiero, Ramírez Téllez registra múltiples cuentas corrientes, de ahorros, créditos bancarios y más de diez tarjetas de crédito. Un estudio financiero a sus ingresos da cuenta que entre 2007 y 2015 pagó de manera anticipada alrededor de 20 préstamos bancarios por una suma cercana a los $2.500 millones. Según los resultados de una auditoría interna expuesta al abogado Jaime Granados, existen elementos para investigar si hay un posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Adicionalmente, en los estrados judiciales Ramírez aparece con ocho demandas civiles y familiares.
Lejos de terminar, el caso de infidelidad empresarial de Cemex en Colombia apenas comienza. Hasta ahora empiezan a aparecer los primeros eslabones de una cadena que si bien inicialmente fue denunciada por la misma compañía, va a tener nuevos desarrollos judiciales y financieros.
La posición de la empresa ante el lío
