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Vuelve y juega el expediente Álvaro Gómez Hurtado. El próximo 2 de noviembre se cumplen 25 años de su asesinato y, pese a que desde diciembre de 2017 el caso fue declarado crimen de lesa humanidad, por tanto, imprescriptible, sigue suspendido en el sopor de la impunidad. Ahora el reto judicial le corresponde al noveno fiscal general que debe conocer el caso, Francisco Barbosa. Esta vez, con un llamado aparte del presidente Iván Duque, hecho público el día de la posesión de Barbosa: “Usted y yo pudimos ver en la universidad las metrallas asesinas que apagaron la voz vigorosa de Álvaro Gómez Hurtado”.
A la semana siguiente, ante la Comisión de la Verdad, acudió el expresidente Ernesto Samper Pizano para hablar de este espinoso asunto y, en términos generales, además de declararse totalmente ajeno a los hechos, recalcó en la tesis de que el crimen se enmarcó en el ámbito de conspiración que existió contra su gobierno, del cual surgió un grupo de militares que concretó el magnicidio. Desde 2011, la familia Gómez Hurtado sostiene que esa versión solo forma parte del entramado de incoherencias y falsos testigos que se utilizaron para desviar el expediente desde sus orígenes, y que los intereses políticos han condicionado la inacción de la Fiscalía.
A la controversia se suma ahora el libro publicado por el periodista Jorge Gómez Pinilla, Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que de entrada rotula como de “perversa intención” la declaratoria del crimen como de lesa humanidad, y sostiene que la familia Gómez Hurtado lo que busca son beneficios económicos y confundir con sus pesquisas. Su versión no dista mucho de la que llevó Samper a la Comisión de la Verdad, pero, así como resalta cabos sueltos del proceso, critica a algunos medios y periodistas que, en su criterio, han sido utilizados como la plataforma de propaganda falsa del abogado Enrique Gómez Martínez.
La argumentación del libro es diametralmente opuesta a la que presentó la familia Gómez Hurtado en su libro ¿Por qué lo mataron?, divulgado en agosto de 2011. Mientras Gómez Pinilla le otorga plena validez a la investigación que vinculó al caso a un coronel y varios exmilitares al servicio de la cuestionada Brigada XX del Ejército, la perspectiva de la familia Gómez es que la tesis de que el excandidato presidencial conservador fue asesinado por militares porque se negó a secundar un golpe militar a Samper y fue silenciado para que no se supiera, solo hizo parte del plan para desviar la verdad de lo sucedido en noviembre de 1995.
En contravía de lo que en su momento resolvió la justicia, Gómez Pinilla le otorga máxima importancia a las primeras pesquisas del caso que condujeron a varios investigadores de la Dijín a vincular al expediente a tres sujetos en Sincelejo (Sucre). De hecho, en su libro incluye una entrevista con el exmayor de la Policía Luis Guillermo Parra Niño, entonces comandante de la Sijín en Sincelejo, para explicar cómo llegó al caso y tuvo respaldo de la Fiscalía. La visión de la familia Gómez Hurtado es que ese grupo de Sincelejo hizo parte del consecutivo de errores judiciales para consolidar un montaje y desviar la investigación.
En opinión de la familia Gómez Hurtado, ni siquiera quedó el registro del personal de la Dijín que realizó la inspección judicial en el sitio del asesinato, no hubo debida diligencia para recoger pruebas, tampoco adecuada cadena de custodia, la posición de las vainillas de las balas fue modificada, se introdujeron armas y municiones que nada tenían que ver con el caso y hubo vacíos en la inspección al automóvil donde fue acribillado Álvaro Gómez. A finales de 2018, el citado Luis Guillermo Parra y los expolicías Marcos William Duarte y Amín Antonio Acuña fueron oídos en indagatoria para establecer si manipularon el expediente.
El libro Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado recobra la primera fase de la investigación, para concluir que la justicia, pese a tener evidencias, en su momento no supo integrar las pesquisas en Sincelejo, con las que se hicieron para desentrañar el atentado contra el abogado Antonio Cancino, perpetrado mes y medio antes del crimen de Álvaro Gómez. Según Gómez Pinilla, el fiscal que llevaba el caso fue amenazado y tuvo que salir del país, mientras que el fiscal general Alfonso Valdivieso “se acobardó cuando comenzó a jalar del hilo y vislumbró el riesgo al que lo conducían sus averiguaciones”.
En contraste, resalta el trabajo desarrollado por el fiscal Alfonso Gómez Méndez, a quien incluye como uno de sus entrevistados. Al advertir que además del caso GómezHurtado, la justicia se equivocó al no integrar al expediente los asesinatos del general Fernando Landazábal en mayo de 1998 y Jesús Antonio Bejarano en septiembre de 1999, supuestamente porque sabían de los asesinos del líder conservador, el periodista Gómez Pinilla sostiene que el asunto se alteró con la intervención de la familia de Gómez. Según él, el libro ¿Por qué lo mataron? ayudó a cambiar el curso de la investigación.
En criterio de la familia Gómez Hurtado, la investigación del caso dio un giro fundamental a partir de 2008, cuando el jefe paramilitar José Éver Veloza, alias HH, aseguró que el asesinato del líder conservador fue ordenado por el jefe del cartel del norte del Valle, Orlando Henao, y ejecutado por su socio, el entonces coronel de la Policía, Danilo González. Dos años después, desde una cárcel en Estados Unidos,el narcotraficante Luis Hernando Gómez, alias Rasguño, ratificó esta versión y agregó que el enlace entre el gobierno de Samper y los capos del norte del Valle fue el político José Ignacio Londoño Zabala, asesinado en julio de 2015.
El exfiscal Gómez Méndez, en respuesta al periodista Gómez Pinilla, sostiene que lo dicho por Rasguño es “traído de los cabellos” y que se trata de “un modelo que se da en magnicidios, donde siempre se acusa a muertos”. Y agregó el exfiscal: “Uno respeta las opiniones de una familia a la que le han matado un pariente, pero están totalmente desenfocados”. A su vez, la familia de Gómez mantiene la postura de que Gómez Méndez desde que asumió como fiscal tenía una idea preconcebida, y siempre esperó descubrir a un siniestro grupo de conspiradores detrás del magnicidio, por el deseo de derrocar a Samper.
El otro exfiscal entrevistado por Gómez Pinilla fue Eduardo Montealegre, pero este, en vez de concentrarse en los vacíos judiciales del caso, la emprendió contra la periodista María Isabel Rueda, de quien dijo que “aprovechó de mala fe una citación de la Fiscalía”. Según Montealegre, ella lo entendió como una persecución, “secundada por sus compañeros de pauta publicitaria y algunos empresarios del periodismo como Julio Sánchez Cristo”. En tono político, el exfiscal añadió: “El único patrimonio que le queda a la familia Gómez Hurtado son los discursos incendiarios del ‘gran abuelo’ (Laureano Gómez)”.
En síntesis, la lectura del libro Los secretos del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que circula por estos días, contrastado con el de ¿Por qué lo mataron?, publicado en 2011, solo deja una conclusión: la dificultad que tiene la Fiscalía de Francisco Barbosa para sacar de la impunidad el caso Gómez Hurtado. Con un dilema adicional, son dos versiones periodísticas y bibliográficas, pero la obligación de la verdad, en este caso, le corresponde a la justicia. Y en este contexto, si es poco lo que hoy se sabe procesalmente sobre las andanzas de la Brigada XX de inteligencia militar, mucho menos se conoce sobre los tentáculos del cartel del norte del Valle.