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El 21 de mayo de 2013, Ramsés Vargas Lamadrid asumió la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, en medio de los escándalos judiciales de la exrectora Silvia Gette. Vargas prometió sacar adelante la institución, gracias a sus estudios en política pública, alta gerencia y gerencia financiera, y por su experiencia en organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la tesorería de la alcaldía de Barranquilla. Sin embargo, cinco años después, la institución entró en crisis financiera y el Ministerio de Educación tomó medidas para salvarla de la quiebra. (Lea aquí: Panama Papers: Las sociedades de los insolventes promotores del edificio más alto de Colombia)
Hoy, Ramsés Vargas está en la mira del Ministerio de Educación, que además adelanta investigación administrativa en su contra. También está en el radar de la Fiscalía, que indaga si incurrió o no en detrimento patrimonial. Y una nueva revelación de Panama Papers ubica ahora al exrector como uno de los clientes de Mossfon. La información fue ratificada en los documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), y evaluados en Colombia por El Espectador y CONNECTAS. (En video: Cinco datos para entender la nueva revelación de Panama Papers)
Casi un año después de asumir la rectoría de la Universidad Autónoma, en abril de 2014, Ramsés Vargas pagó a Mossfon US$5.143 dólares para constituir la sociedad Culmore Enterprises S.A. y también una fundación de interés privado llamada Rosewell Ventures Foundation. Ambas empresas fueron registradas en enero de 2014. En esta última figuran como protectores él y un familiar, ambos responsables de mantener los recursos y disponer de ellos. El beneficiario sustituto es la referida sociedad Culmore, en la que la Fundación Rosewell está registrada como accionista.
En Colombia, tener empresas o realizar transacciones offshore no es considerado como un delito. El problema es que el dinero tenga origen ilícito o que no se declare ante las autoridades tributarias. La alianza entre El Espectador y CONNECTAS contactó al exrector Ramsés Vargas para conocer el estado actual de las entidades y, sobre todo, si sus activos en Panamá están declarados en Colombia, pero no quiso responder la solicitud de información.
Vargas ha sido declarado defensor del uso de sociedades offshore. En mayo de 2016, tras la primera versión de Panama Papers, publicó una columna en la revista Semana titulada “La oportunidad en medio de la tormenta”, en la que aseguró que “tener cuentas en el extranjero, así como constituir compañías extranjeras se ha convertido en realidad económica en el mundo globalizado. Llegó la hora de aprender de los Panama Papers y generar una estructura tributaria adecuada, proponiendo amnistía para regularizar los recursos”.
“Entre mejor se estructure nuestra política tributaria y se maneje el panorama fiscal, menos interés habrá en constituir compañías offshore o de caer en el riesgo de no declarar sociedades o capitales. En la actualidad, filtraciones como los Panama Papers o situaciones como la de Mossfon seguirán ocurriendo. Por esta razón, la oportunidad en un mundo trasparente y con mayor accountability, requiere colaboración de los sectores público y privado”, agregó Vargas. El exrector no mencionó la existencia de sus negocios offshore ni ser cliente de Mossfon.
Profesores, estudiantes y empleados de la Universidad Autónoma del Caribe han denunciado, desde finales del año pasado, la crítica situación financiera por la que atraviesa la institución. Según trascendió, el rector recibía de la Universidad un salario de $95 millones al mes y bonificación de $69 millones como auxilio de seguridad, a pesar de contar con escoltas y carros blindados. El Ministerio de Educación visitó en enero las instalaciones de la institución, constató las irregularidades administrativas y ordenó medidas para evitar una catástrofe.(Lea aquí: Estas son las 30 universidades investigadas por el Ministerio de Educación)
La cartera concluyó que la Uniautónoma no tiene capital de trabajo ni liquidez, y que existen demoras e incumplimientos en los pagos a proveedores, empleados y obligaciones tributarias. A diciembre de 2017 se adeudaban $5.802 millones en salarios y $1.181 millones en prestaciones sociales. “La autonomía de la Universidad ha desmejorado desde 2013, por la participación de terceros en los activos de la Universidad, vía endeudamiento”, afirmó el Ministerio. Por eso ordenó un plan de mejoramiento para superar anomalías y designó un inspector in situ para vigilar su gestión administrativa y financiera.
Tras conocer estas afirmaciones, y en medio de la presión mediática, el exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas renunció al cargo el pasado primero de marzo, alegando que necesitaba asumir de tiempo completo su defensa ante las autoridades judiciales. A través de un video publicado en YouTube, Vargas defendió con ahínco su gestión y además calificó al Estado como "mediocre" por "difamar" a su administración.
