Paola Guzmán, el primer caso de violencia sexual en un colegio que llega a la Corte IDH

El 12 de diciembre de 2002, Paola Guzmán Albarracín se alistó para ir al colegio, se despidió de su mamá como normalmente lo hacía y abordó el bus escolar, donde le contó a sus amigas que había ingerido fósforo blanco. Un día después, su madre, Petita Albarracín, estaba frente al cadáver de su hija en Medicina Legal descubriendo, en medio de irregularidades estatales, que su niña había sido víctima de violencia sexual, que se había quitado la vida y que si el colegio hubiese asistido la emergencia tal vez estaría viva. Con los días, Petita Albarracín fue escarbando en los hechos que el Estado ecuatoriano nunca pudo aclarar y que hoy permanecen en la impunidad. (Lea aquí: La historia de amor entre dos hombres que protegió la Corte IDH)

Los últimos años de vida de Paola Guzmán, estudiante del colegio público de Guayaquil Miguel Martínez Serrano, fueron de sufrimiento. El calvario empezó en 2001, cuando tenía 14 años y tuvo problemas académicos con dos asignaturas. El vicerrector, Bolívar Espín Zurita (de 65 años), le ofreció ayuda a cambio de que saliera con él y así se sintió con el derecho de acosarla durante todo el año escolar, la obligó a tocarle los genitales arrinconándola contra su escritorio y, desde octubre de 2002, abusó de ella sexualmente. Pero Paola no fue la única víctima y fue su muerte la que develó otros casos, como el de una profesora que reveló que el agresor también intentó encerrarla en 1998 en su oficina. (Lea aquí: Abecé de la histórica condena contra Colombia por discriminar a pareja gay)

Cuando Paola dijo que había ingerido fósforo blanco, sus amigas la llevaron a la enfermería del colegio, donde no le prestaron atención ni avisaron a sus padres. Petita llegó a la escuela 30 minutos después porque una de las amigas de su hija la llamó a la casa. Encontró a Paola acostada en una camilla, adolorida, pidiéndole perdón por lo que acaba de hacer, y sin asomo de haber recibido atención médica. Su madre la llevó de inmediato a un hospital, donde horas después murió por intoxicación. Sin embargo, se supo después que Paola les reveló a sus amigas que estaba embarazada del vicerrector, que él le sugirió practicarse un aborto con el médico de la escuela, quien a su vez se ofreció a hacerlo a cambio de relaciones sexuales. Debido a inconsistencias en las autopsias practicadas por Medicina Legal nunca se supo con certeza si Paola estaba o estuvo embarazada. (Lea aquí: Por primera vez, Estado colombiano pedirá perdón a lesbiana por discriminarla)

Petita acudió entonces a la justicia. En lo penal se dictó orden de captura contra Bolívar Espín en 2003, pero estuvo prófugo hasta que el delito prescribió. Hoy se desconoce su paradero, aunque se dice que podría estar trabajando en un colegio privado. En lo administrativo, los jueces exculparon porque la “víctima estuvo enamorada del vicerrector y no había certeza de que él hubiese correspondido a dicho enamoramiento”. Tan solo destituyeron al vicerrector por “abandono del cargo”, sin mencionar el por qué. Finalmente, en lo civil salió avante una indemnización por daños morales por $25 mil dólares, que Bolívar nunca pagó por estar prófugo.

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/ Foto: Centro de Derechos Reproductivos

En conclusión, la justicia ecuatoriana no le respondió a Petita Albarracín por la pérdida de su hija, así que se fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 17 de octubre de 2008 aceptó su petición. “El Estado ecuatoriano, por conducto de sus agentes públicos, el vicerrector y el médico de la escuela, incumplió con su deber de cuidado de Paola, el cual está reforzado por tratarse de una niña, quien necesita una protección especial, de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos y de los derechos del niño (…) El vicerrector aprovechó su posición de autoridad para acosar a la víctima sexualmente, lo cual resultó en su suicidio, y que la ineficacia del sistema judicial y administrativo mantienen estos hechos en la impunidad”, se lee en la solicitud que pide declarar al Estado de Ecuador responsable internacionalmente por este caso. (Lea aquí: “Me marcó como a los animales”: testimonio por el que cayó el excapitán Raúl Romero)

La CIDH concluyó que Paola fue víctima de violencia en su condición de mujer y niña, incluyendo violencia sexual, por parte del vicerrector y por el médico del colegio, ambos funcionarios públicos, y que existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su decisión de quitarse la vida. Asimismo, la Comisión concluyó que los responsables del colegio no tomaron las medidas necesarias para atender la situación de gravedad y urgencia en que se encontraba Paola. A la niña le violaron sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la autonomía, vida privada y dignidad, al derecho a la especial protección del Estado en su condición de niña, a la igualdad y no discriminación, a la educación, a la salud y a vivir libre de violencia.

El organismo recomendó, además, varias cosas al Estado ecuatoriano, entre ellas reparar material y moralmente a la familia de la víctima, brindarle atención psicológica, llevar a cabo los procesos penales y juzgar a los responsables, y crear protocolos para atender este tipo de situaciones en espacios educativos. No obstante, Ecuador las incumplió y esta semana, 17 años después de la muerte de Paola, se conoció que la CIDH pasó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que sí tiene funciones jurisdiccionales y tendrá que decidir si condena a Ecuador por el caso de Paola Guzmán. La decisión es histórica pues es el primer caso de violencia sexual en un colegio que examinará la Corte.

Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, que representa a Petita Albarracín y está a cargo del caso, afirmó en diálogo con este diario que la decisión de la CIDH es vital para la región. “La decisión de la Corte IDH será de obligatorio cumplimiento para el Estado de Ecuador y sentará estándares jurídicos en toda la región. Hablaremos regionalmente del tema para prevenir para que nuestras niñas adolescentes en nuestra región sigan siendo víctimas de violencia sexual”, agregó la abogada.

“La señora Petita está decepcionada, porque tenía la esperanza de que el Estado ecuatoriano respondiera a las recomendaciones de la comisión. Pero está preparándose emocionalmente y psicológicamente para este proceso ante la Corte, porque siempre se vuelven a abrir heridas. Por eso serán importantes las medidas de reparación simbólicas”, concluye Martínez. Una de las medidas que se esperan tendrá que ver con la reconstrucción de la memoria de Paola, pues la prensa se encargó de culparla de su muerte, afirmó que ella seducía al vicerrector y que se trató de una decepción amorosa, una situación que a todas luces constituyó un delito sexual.

“No estamos frente a una relación consentida, sino ante una relación de poder: un vicerrector de 65 años, a quien Paola le tenía que responder de diferentes niveles, desde lo académico hasta lo emocional. Paola fue acosada por esta figura de poder y fue inmersa en una situación de violencia sexual”, añadió Martínez. Paola tendría hoy 32 años. Su familia lleva tres décadas en un duelo inacabable. Pepita aún recuerda las últimas palabras que Paola le dejó en una carta: “mamita, te quiero mucho. Perdóname lo que hice, ya no te voy a dar vergüenza, cuida a mi hermanita que te estaré cuidando desde el cielo”.

Vea la audiencia del caso Paola Guzmán ante la CIDH en 2015: