Desde diciembre de 2016, cuando estalló el escándalo de Odebrecht, las autoridades han enfilado todas sus armas para desenredar uno de los entramados de corrupción más grandes del país. La Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y la Fiscalía encabezan las investigaciones para encontrar culpables y castigar a los protagonistas. Ya existe una condena en contra de un senador y un exviceministro; los juicios en contra de los empresarios, lobistas y contratistas van avanzando, y el Ministerio Público logró el año pasado una condena contra la multinacional en una acción popular. Los casos, aunque a paso lento, siguen adelante. Sin embargo, dos años después de que estallara el escándalo, hay una arista inexplorada, al parecer.
Se trata de la investigación e incautación de los bienes que los procesados y condenados por este caso habrían servido como vehículo o adquirido para ocultar dineros de la corrupción. Hasta el momento, en la Fiscalía existen dos procesos abiertos, uno contra Otto Bula y otro contra el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, tan solo dos de las 78 personas investigadas por los pagos de corrupción de Odebrecht en la Ruta del Sol 2, de la que era socia Corficolombiana, del Grupo Aval, y los cuales llegan hasta los US$50 millones. Con algo adicional: desde septiembre de 2017 la Procuraduría ha insistido a la Fiscalía para que adelante procesos de extinción de dominio contra los bienes de la firma brasileña, los de sus filiales, sus representantes legales y gestores.
En ese entonces se dio un cruce de comunicaciones entre el Ministerio Público y la Fiscalía. Sin embargo, en eso quedó, pues se desconoce qué otros procesos de extinción de dominio se abrieron, a pesar de nuevas revelaciones, como los audios e informes de Jorge Enrique Pizano sobre la contratación ficticia que se gestó desde la Concesionaria Ruta del Sol. La primera carta la envió el 4 de septiembre de 2017 el procurador 21 judicial penal, del Grupo Élite Anticorrupción, Jorge Enrique Sanjuán, a la entonces jefa de la Dirección Nacional de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Andrea Malagón. En esa misiva, el procurador Sanjuán solicitaba abrir procesos de extinción de dominio de Odebrecht e imponer medidas cautelares para salvaguardar los recursos públicos.
En su solicitud, el Ministerio Público sostuvo que eran de público conocimiento las actividades ilegales cometidas por Odebrecht y sus directivos, como lo evidenciaban las investigaciones de la Fiscalía, la condena contra la multinacional en Estados Unidos y la aceptación de cargos de Gabriel García Morales y Enrique Ghisays, quien le ayudó al primero a recibir y ocultar US$6,5 millones. “Su ejecución ocasionó un grave deterioro a la moralidad pública, y especialmente al patrimonio público, ya que particulares se beneficiaron intencional e ilícitamente de dineros del Estado provenientes de tasas, tarifas, contribuciones por valorización, aportes estatales, tal como lo reconoció el entonces director del Inco (García Morales)”, fue el argumento del procurador Sanjuán para solicitar el inicio de los procesos de extinción de dominio y la imposición de las medidas cautelares.
Un día después de la solicitud, el 5 de septiembre de 2017, llegó la respuesta de Andrea Malagón. Se precisó que la Fiscalía profirió en febrero de 2017 medidas cautelares sobre 34 inmuebles, 645 semovientes, cinco bienes muebles y dos sociedades, propiedades avaluadas en $52.415 millones y pertenecientes a Otto Bula. Asimismo, que en marzo de ese mismo año embargó al exviceministro Gabriel García cinco inmuebles, dos vehículos y US$4 millones en acciones ubicadas en la Islas Vírgenes Británicas. En el documento, Malagón precisó que no podían decretar en ese momento medidas cautelares sobre cuentas bancarias con dineros de la Ruta del Sol 2 porque otra autoridad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya lo había hecho, en el marco de la acción popular. La mayoría de estas cuentas estaban a nombre de la Concesionaria Ruta del Sol y Episol.
“Como la Procuraduría está promoviendo medidas cautelares sobre los mismos bienes en dos trámites constitucionales, cuyos fines son radicalmente diferentes, es de la mayor importancia coordinar con ese despacho una sola acción del Estado en su conjunto”, fue la propuesta que hizo la Fiscalía para ir tras los bienes en el caso Odebrecht. El 8 de septiembre de 2017 el Ministerio Público respondió aceptando esa invitación para coordinar una sola acción, propuso una sesión de trabajo el 12 de septiembre y reiteró que la apertura de un proceso de extinción de dominio se dirigía exclusivamente contra los bienes de la multinacional brasileña, sus filiales, directivos y gestores.
La Procuraduría le envió otros dos oficios a la Fiscalía. El primero, el 25 de octubre de 2017, sobre unos dineros que se recuperaron en el caso Navelena. Y el segundo lo remitió el 19 de abril de 2018. En esa carta el procurador Jorge Enrique Sanjuán pidió que, tras la reunión de trabajo que se llevó a cabo en las oficinas del Ministerio Público, le entregaran un informe sobre el curso que se les dio a sus solicitudes, con la finalidad de analizar la viabilidad de poner en conocimiento del ente investigador otros bienes que “son pasibles de la acción de extinción de dominio”. Desde ese entonces no volvió a haber comunicaciones entre ambas entidades ni reuniones al respecto.
La Fiscalía, en su defensa, aseguró que solo recibió dos cartas por parte de la Fiscalía de las cinco comunicaciones que le envió la Procuraduría: la del 4 de septiembre de 2017 y la del 19 de abril del año pasado. La primera fue debidamente contestada, y a raíz de la segunda, explicaron fuentes de la entidad, se organizaron varias reuniones entre delegados del ente investigador y el Ministerio Público durante todo 2018, en “las que se avanzó en las tareas respectivas”. Sin embargo, le explicaron a este diario que todas sus actividades se vieron afectadas por la decisión que tomó el Tribunal Superior de Cundinamarca cuando en 2017 emitió medidas cautelares en las que ordenó, entre otras cosas, el embargo de varios bienes de la concesionaria Ruta del Sol, empresas y personas naturales implicadas.
Este diario consultó a varios juristas especializados en el tema, quienes señalaron que un embargo no puede afectar un proceso de extinción de dominio porque, mientras el primero se encarga de evitar la venta de los bienes y de controlar su uso, el segundo es una medida que toma la justicia para cambiar al titular de los bienes que son cuestionados. Es decir, quitárselos a quienes los habrían comprado con dinero ilícito. La conclusión es que, tras más de dos años de investigación, hasta el momento solo existen los procesos de extinción de dominio contra Otto Bula y Gabriel García Morales. Es decir, por el momento se desconoce dónde está la plata que se ferió en el pago de sobornos de Odebrecht.