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En una carta enviada al presidente de la República Iván Duque, 227 organizaciones solicitaron sancionar sin demoras la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para garantizar el funcionamiento del órgano que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr).
La solicitud fue hecha después de que el Gobierno informó que la Ley Estatutaria –luego del control previo por parte de la Corte Constitucional– será objeto de una “evaluación jurídica” para verificar su conveniencia.
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“La importancia de la sanción presidencial de la Ley radica no solo en la necesidad de millones de víctimas y de la sociedad en la consolidación real y efectiva de una paz estable y duradera, sino también en la posibilidad de que se materialicen los derechos que han sido conculcados por distintos actores tras más de cincuenta años de conflicto, oportunidad que las víctimas y las organizaciones firmantes confiamos al Sivjrnr y especialmente a la JEP”, precisaron las organizaciones sociales, de derechos humanos y de víctimas.
Según la misiva, más de 13.465 comparecientes (entre miembros de las Farc y la Fuerza Pública) han firmado actas con la JEP en la que han recibido algún tipo de beneficio penal y que, sin Ley Estatutaria, las víctimas se encuentran desprotegidas “sin la posibilidad de hacer seguimiento a esta situación y solicitar, en virtud de la ley, la revisión de esos beneficios”.
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De igual modo, las organizaciones aseguraron que objetar el Proyecto de Ley, como algunos sectores políticos han solicitado, favorecería la impunidad y pondría en entredicho el compromiso del Gobierno con la construcción de la paz y con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.
“La sanción breve del Proyecto de Ley plantearía a la sociedad colombiana la posibilidad histórica de hacer justicia, esclarecer la verdad, reparar a las víctimas y, sobre todo, de facilitar la adopción de garantías de no repetición sobre aquellas conductas ocurridas en el marco o con ocasión del conflicto armado. Además, sería un mensaje claro encaminado a la resignificación de las relaciones entre el Gobierno Nacional y las víctimas de crímenes de Estado”, se lee en la misiva.
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Algunas de las organizaciones que firmaron este documento son: Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Asociación Minga, Unión Sindicar Obrera (USO), Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz), Humanidad Vigente, Fundación Renacer, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia Humana, Agencia prensa rural, entre otras.