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A inicios de marzo de este año, la pandemia de COVID-19 amenazaba con poner en jaque un sistema carcelario olvidado desde hace años. Con la declaración de emergencia carcelaria el 17 de marzo de este año, también se hizo urgente evitar la llegada del virus a los penales y bajar el hacinamiento. Luego de cuatro meses, el general Norberto Mojica, director del Inpec, señaló que se ha dispuesto todo para controlar la expansión del virus en las 20 cárceles con contagios y reducir los índices de hacinamiento.
(En contexto: COVID-19 en las cárceles: hay 1.639 casos, 2.185 recuperados y ocho muertos)
De acuerdo con Mojica, “en los 20 establecimientos que tienen casos confirmados, seguimos trabajando con las diferentes instituciones municipales y departamentales bajo los lineamientos del Ministerio de Salud para dar un tratamiento efectivo, control de síntomas y aislamiento, con el fin de controlar la infección y así, evitar en lo posible que se den más casos graves o muertes”. De acuerdo con el último informe presentado por el Inpec el pasado 10 de julio, la cifra de recuperados en centros carcelarios supera los 2.000.
En este sentido, Mojica indicó: “Hemos dado prioridad al manejo del COVID-19 en temas de prevención, lo que ha permitido que hoy, el 84,85% de los establecimientos esté libre de contagio. Este es un trabajo fuerte que ha venido haciendo el mismo personal del cuerpo de custodia, con el personal administrativo y el equipo médico”. No obstante, aún hay por lo menos, 1.300 contagiados en cárceles a causa de COVID-19.
De acuerdo con las cifras más recientes, en diferentes centros penitenciarios se han realizado 13.906 pruebas que han sido tomadas en su mayoría a la población carcelaria. En total, 10.675 test se han practicado en 10.394 hombres y 281 mujeres. El centro carcelario que atraviesa por la situación más crítica es la cárcel de El Espinal (Tolima). Allí, los casos superan los 500 contagios y solo 27 personas se han recuperado.
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Asimismo, entre las grandes preocupaciones que aquejan a los penales, el hacinamiento en la mayoría sigue latente, problemática que es un caldo de cultivo para la expansión del virus. El pasado 14 de abril, el Gobierno promulgó el decreto 546 de 2020 para conseguir excarcelaciones en el marco de esta crisis sanitaria, al cual le llovieron críticas: expertos en la materia lo calificaron de “tardío”, “ineficaz”, y eran tantas las restricciones que se temía que fuera a servir de poco. Y, la verdad, así ha sido: la ministra de Justicia, Margarita Cabello, calculaba que por esa vía saldrían pronto 4.000 reclusos, una cifra que está lejos de la realidad.
Luego de tres meses de vigencia del decreto, de acuerdo con el general Mojica, de los 20 mil privados de la libertad que han salido de las cárceles desde el 12 de marzo de este año, “901 han salido por el decreto legislativo 546 (de 2020)”.