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La Contraloría General adelanta dos procesos de responsabilidad fiscal contra el exgobernador del departamento del Meta, Alan Jara, en los que el exmandatario ha sido llamado a responder por $21.503 millones en recursos ejecutados durante su administración entre 1998 y 2000. El primer proceso, que fue abierto en febrero pasado por más de $9.220 millones, tiene que ver con los contratos suscritos entre la Gobernación y la Empresa de Petróleos del Llano –Llanopetrol– para estudios y diseños de la refinería de ese departamento.
En este caso, al parecer, no se ha logrado establecer el beneficio de los recursos de la Gobernación y, sumado a esto, Llanopetrol estaba en proceso de constitución. La Contraloría estableció que “el proyecto de inversión presentado por el gerente, y avalado por la Junta Directiva, ‘no siguió los procedimientos del ciclo de proyectos ni completó las fases y etapas previas’”. Igualmente, esa propuesta no habría contado con estudios requeridos, como el de mercadeo, legal, técnico, ambiental, de riesgos y financieros. (Le podría interesar: La recaída de Alan Jara)
El proyecto Elaboración de estudios y diseños a nivel de prefactibilidad para la refinería del departamento del Meta fue radicado el 11 de mayo de 2012 por parte del gerente de Llanopetrol ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental (Bppid) de la Gobernación del Meta. La Contraloría aclara que cuando se radicó el proyecto Llanopetrol no estaba legalmente constituida, pues no existía acto administrativo que estipulara su creación y, por lo tanto, no tenía gerente.
“A pesar de lo anterior, la Gobernación expidió un concepto favorable de viabilidad técnica, económica y financiera, sin pronunciarse de manera alguna sobre las inconsistencias evidenciadas en el proyecto, y le giró a Llanopetrol recursos por más de $18 mil millones, de los cuales $9.222 millones eran provenientes del Sistema de Regalías y nunca se materializaron en beneficios para la población del departamento”, precisó el organismo de control. (Lea también: Fiscalía asegura que Alan Jara recibió un soborno de más de $3 mil millones)
Además de Jara, en este proceso fueron llamados a responder otros miembros de la Junta Directiva. Se trata de Luz Stella Casasfranco Vanegas, exsecretaria jurídica del departamento; Hernando Martínez Aguilera, exdirector de Planeación del Departamento; y Jairo Iván Frías Carreño, exsecretario de Hacienda del Departamento. Igualmente fue vinculado al proceso el exgerente de Llanopetrol, Ricardo Rodríguez Henao.
En el segundo proceso contra el exgobernador se inició el abril de 2017 y tiene que ver con recursos ejecutados por su administración para la construcción de las redes de alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales en las comunidades Altos de Pompeya y Quenane, en Villavicencio. Los recursos del convenio fueron pagados por la Gobernación del Meta y por Ecopetrol y, según la Contraloría, se ejecutaron a través de la Empresa de Servicios Públicos del Meta Edesa S.A. (Le sugerimos: Alan Jara, investigado por presuntas irregularidades en Gobernación del Meta)
El organismo de control fiscal sostuvo que las obras no fueron terminadas en su totalidad, pero sí se pagó la totalidad del precio. “La obra, en su momento, no contaba con el permiso del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, así como tampoco con la planta de tratamiento de aguas residuales”, dijo la Contraloría.
La existencia de un daño patrimonial, precisó la entidad, asciende a los $12.293 millones. “Solamente se entregaron redes de alcantarillado pluvial y sanitario parciales respecto a la comunidad que debía beneficiar y sin prestación de servicio alguno, por cuanto no existe planta de tratamiento de aguas residuales”, dijo la Contraloría. (Lea: Estados Unidos suspende visa del exgobernador del Meta, Alan Jara)
En este caso tendrán que responder el exgobernador Alan Jara; José Edgar Patarroyo Vargas y Carlos Enrique Vaca Rodríguez, exgerentes de Edesa; Darío Vásquez Sánchez, exgobernador del Meta; Héctor Andrés Castro Rey y Marilu Pulido Ramírez, exgerentes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio; y Fernando Alonso Rojas Rincón, contratista del proyecto. También se investiga las empresas Consultores Ingenieros y Arquitectos Coinar LTDA. e Ingecol S.A., representados por Diego Jesús Niño Galvis y Cristian Gómez Mejía, entre otros.