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“Uy jueputa, la cagamos”, dijo el teniente de una compañía de contraguerrilla de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega cuando vio las caras destrozadas de cuatro personas que acababan de ejecutar para presentar como bajas en combate, o “positivos”. Los soldados habían tenido secuestrados a estos civiles de un pueblo del Guaviare por cinco días en una finca. El día de la operación ficticia los vistieron de camuflado, los sentaron en una mesa y el teniente les ordenó a sus soldados, apostados a 50 metros, abrir fuego. (Vea el informe de HRW aquí)
Cuando fue a ver los cuerpos, el oficial halló preocupado que las heridas de bala en la cabeza serían difíciles de explicar en una supuesta situación de combate. Pero cuando llegaron los jefes de la brigada, el batallón y la fuerza de tarea en un helicóptero para llevarse los cuerpos, “nos llevaron pollo, cigarrillo, nos felicitaron. Se fueron, y la buena noticia es que nos íbamos de permiso 45 días”.
Este es uno de los testimonios inéditos entregados a la Fiscalía por uno de los soldados que participaron en la operación y que publica hoy el informe de la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW), titulado Colombia: altos mandos militares vinculados con ejecuciones extrajudiciales.
Según HRW, este es un caso representativo de la participación de altos mandos militares en “ejecuciones extrajudiciales aparentemente generalizadas y sistemáticas cometidas por soldados de casi la totalidad de las brigadas en cada división de Colombia”. La influyente ONG llega a “la conclusión de que los más altos niveles de mando del Ejército deberían, al menos, haber sabido de las ejecuciones, e incluso podrían haberlas ordenado o facilitado activamente su comisión”.
El informe hace un análisis de las operaciones de once brigadas del Ejército entre 2002 y 2008, y de declaraciones de testigos y aquellas entregadas a la Fiscalía, incluyendo apartes inéditos del teniente coronel (r) Róbinson González del Río.
Este último testimonio da detalles adicionales sobre el presunto papel del entonces comandante de la Cuarta Brigada, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, hoy comandante de las Fuerzas Armadas. Según HRW, la Fiscalía investiga a Rodríguez por 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales, incluyendo algunas cometidas por González del Río cuando estaba en el Gaula de Antioquia.
De acuerdo a la ONG, “González del Río informó que, para cada operación, obtenía la aprobación previa de Rodríguez Barragán. E incluso contó que el general le advertía: “A mi? no me vaya a salir con cuentos de que no pudieron (darlos de baja). Hay que dar bajas”.
González del Río va más lejos aún y sostiene que Rodríguez Barragán participó en la falsificación de situaciones de combate y “contrató a un investigador policial para que hiciera la acomodación en la escena”.
Según le dijo a El Espectador José Miguel Vivanco, director de HRW para América Latina, el testimonio de Róbinson González del Río “es perfectamente consistente con las investigaciones que adelanta la Fiscalía y las acciones de la Cuarta Brigada, que él mismo reconoce que cometió. No hay nada en los registros judiciales que descalifique su testimonio”.
Además del general Rodríguez Barragán, el informe rastrea el número de supuestos falsos positivos en las brigadas comandadas por oficiales activos, como el actual comandante del Ejército, el general Jaime Lasprilla (48 casos), y los generales retirados Mario Montoya (44 casos) y González Peña (113 casos).
Más allá de estos casos puntuales, HRW propone la tesis de que no es posible que en Colombia se hubieran presentado más de 3.000 casos de falsos positivos sin la participación de los altos mandos. Sin embargo, resalta Vivanco, hoy no hay ni un general condenado por estos crímenes.
Por eso hacen un llamado a la Fiscalía a utilizar el concepto de “responsabilidad de mando”. De acuerdo con el informe, “si bien el hecho de que un superior haya efectivamente tenido conocimiento puede demostrarse a través de evidencia directa, también puede ser probado por medio de evidencia circunstancial, como la cantidad, el tipo y la magnitud de los ilícitos ocurridos”. De ahí se explica el cuidado con el que los investigadores de HRW rastrean el fenómeno de falsos positivos en varias brigadas por todo el país y en casi todas las divisiones del Ejército.
Altos oficiales, a declarar
Cuatro generales en retiro del Ejército colombiano fueron citados por la Fiscalía General de la Nación a diligencias de declaración y entrevista por casos de los llamados falsos positivos. El excomandante del Ejército general Mario Montoya; el excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Acción Decisiva general Ricardo Andrés Bernal, y el exjefe de Planeación y Transformación del Ejército general Jorge Arturo Salgado deberán comparecer el próximo 16 de julio para que aclaren sus supuestos nexos con las ejecuciones extrajudiciales de civiles. Adicionalmente fue citado a versión libre el general Henry William Torres, excomandante de la Quinta División del Ejército.
El caso de Montoya está relacionado con la denominada operación Orión, realizada en la Comuna 13 de Medellín en octubre de 2002 con el fin de acabar con la presencia de milicias urbanas de las Farc y el Eln, para lo cual, según investigaciones judiciales, se contó con la ayuda de paramilitares.