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“Es un avance, un logro, por fin hay luz en medio de tanta impunidad, porque a pesar de la contundencia de las pruebas, el general (r) Velandia se valió de toda clase de argucias para ser eximido de toda responsabilidad en la desaparición de Nydia Érika. Ojalá los otros miles de casos de desaparecidos que hay en Colombia, o en los que hay militares involucrados, tuvieran la misma resonancia”.
Los integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos - Desaparecidos (Asfaddes), a través de su vocera Gloria Gómez, manifestaron abiertamente la satisfacción que les produjo el reciente fallo del Consejo de Estado en contra del general (r) Álvaro Velandia Hurtado. En éste, se ratificó la destitución del oficial, producida en 1995 por la Procuraduría General, por su responsabilidad en la desaparición y muerte de Nydia Érika Bautista, militante del M-19.
El 30 de agosto de 1987, hombres vestidos de civil la interceptaron en el sur de Bogotá. Durante tres años, su paradero fue un enigma, hasta que en julio de 1990 la Procuraduría solicitó la exhumación del cadáver de una mujer que se había encontrado en Guayabetal (Cundinamarca) el 12 de septiembre de 1987, el cual resultó ser el de Bautista. El organismo de control comenzó una investigación y, desde el principio, los señalamientos apuntaban a Velandia.
No fue esta, sin embargo, la primera vez que el nombre del general salió a relucir en un episodio relacionado con violaciones de los Derechos Humanos. En febrero de 1983, el procurador Carlos Jiménez Gómez divulgó que el oficial era un posible enlace del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) —patrocinado por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha—, que para esa fecha comenzaba a establecer su imperio de violencia antisubversiva, especialmente en el Magdalena Medio.
Según explicó en ese entonces el alto funcionario, Velandia Hurtado hacía parte de las personas de las Fuerzas Armadas que se habían “dejado arrastrar por esta corriente de disolución nacional” y estaban vinculadas procesalmente en los sumarios, con cargos suficientes. Velandia, coronel en aquella época, comandaba el Batallón Patriotas, cuya base se localizaba en Honda (Tolima). Velandia respondió que con esas acusaciones se le estaba “haciendo juego a la extrema izquierda”.
Los señalamientos no se concretaron de ningún modo y Velandia Hurtado forjó una reconocida carrera en el campo de la inteligencia militar. Él y el general (r) Iván Ramírez —en juicio hoy por su presunta responsabilidad en la desaparición de once personas luego de la toma del Palacio de Justicia— se erigieron como emblemas institucionales en esa área. De hecho, cuando ocurrió la desaparición de Nydia Érika Bautista, Velandia dirigía el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, que después se convirtió en la Brigada XX.
Fue precisamente un vicesargento primero del Ejército e integrante del Charry Solano, Bernardo Alfonso Garzón Garzón, quien declaró ante la justicia que Ramírez había participado en la desaparición de la gente del Palacio, caso que aún está vigente. Y además, que en este batallón se ejecutaron los secuestros de Amparo Tordecillas, compañera sentimental de un comandante del Epl, y en 1987, de Guillermo Marín, José Cuesta y Nydia Érika Bautista, todos activistas del M-19.
En 1995, cuando Velandia Hurtado ya era brigadier general, fue destituido por la Procuraduría. En 2002, el oficial (r) reclamó que la sanción se hizo de manera extemporánea y con base en este argumento el Consejo de Estado anuló la determinación, la misma que acaba de reiterar. El general (r) Velandia logró amilanar todas las polémicas que estallaron alrededor suyo, pero haber sido desvinculado de la institución castrense por este caso, no obstante, quedará para la posteridad como el escandaloso lunar de su carrera.