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El capitán que está investigando internamente la muerte violenta de Javier Ordóñez, quien falleció el pasado 9 de septiembre en el noroccidente de Bogotá luego de que dos patrulleros de la Policía le aplicaran múltiples descargas eléctricas de taser y se lo llevaran a un CAI (donde al parecer recibió una brutal golpiza) fue amenazado de muerte a través de mensajes enviados a su teléfono. Para cometer las intimidaciones, uno o varios miembros de la policía habrían filtrado su foto del sistema de información de la entidad.
“Usted es un h.p. Lo único que merece es morirse como ese abogado tinterillo [Javier Ordóñez]. Vaya y hágale compañía, sapo h.p. Ya quedó boletado por Facebook para que lo conozcan, h.p.”, le escribieron por WhatsApp al capitán que adelanta las investigaciones. La Fiscalía indaga si miembros de la misma Policía tendrían responsabilidad en la conducta que pone en riesgo la integridad del uniformado, según reveló el diario El Tiempo.
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Sumado a los mensajes por WhatsApp, en la red social Facebook circularon publicaciones con las mismas amenazas, también con la foto del capitán de la Policía. “Es el causante de dejar sin sustento económico a siete de mis compañeros que solo estaban trabajando en defensa de la nación”, se lee en el escrito. El Espectador confirmó con la Fiscalía que ayer miércoles 30 de septiembre se hicieron los actos urgentes y se abrió una investigación preliminar al respecto.
“Este capitán de la Policía, súbdito del general Salamanca, dizque inspector general, que solo por cumplir al pésimo presidente que tiene mi país busca a personas inocentes culpándolos de una muerte como la del señor Javier Ordóñez”, continúa la amenaza en la red social. El capitán expuesto públicamente, miembro del grupo especial de investigaciones, ha estado en cabeza del proceso interno que lleva la Policía en el caso de los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes están recluidos en una cárcel de Facatativá.
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Sobre los presuntos responsables de la muerte de Javier Ordóñez, el pasado 21 de septiembre, un juez de control de garantías envío a prisión a los patrulleros Llorente y Rodríguez tras petición de la Fiscalía, la cual les imputó los delitos de homicidio y tortura agravada. Ellos se declararon inocentes y quedaron detenidos como medida cautelar en la cárcel de baja y media seguridad para miembros de la fuerza pública en Facatativá. Así mismo, por poder preferente, el caso de abuso policial llegó a la Procuraduría, que empezó la audiencia disciplinaria hoy 1° de octubre.
Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 9 de septiembre, cuando los policías Rodríguez y Lloreda se cruzaron con Javier Ordóñez en la calle, cuyo estado de alicoramiento fue confirmado en su necropsia. Los patrulleros golpearon en plena vía pública al abogado mientras le descargaban constantes choques con pistola taser. Luego de la agresión, Ordóñez fue trasladado al CAI de Villaluz, en Bogotá, donde habría sido golpeado por los procesados de tal manera que, al parecer, le causaron la muerte. La hemorragia interna que se formó en su área abdominal hizo que uno de sus riñones estallara.
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La muerte de Javier Ordóñez trajo consigo, además, un malestar público de escala nacional. El pasado 9 y 10 de septiembre, a raíz del fallecimiento del abogado, se originaron protestas en Bogotá y Soacha, que tuvieron como resultado 11 civiles muertos, más de 400 heridos -contando ciudadanos y policías- y el origen de un nuevo debate sobre las presuntas violaciones de DD.HH. producto del accionar de la fuerza pública. Ahora, el investigador interno de la Policía, a razón de su trabajo, se encontraría bajo la amenaza de sus mismos compañeros.
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