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Durante los últimos siete meses, Andres Felipe Arias, exministro de Agricultura entre 2005 y 2009, ha movido cielo y tierra con tal de que el Gobierno estadounidense no lo extradite. Ha dicho que el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos no existe; que la Corte del Sur de la Florida que lleva su caso no puede dar esa orden; que se trata de una persecución política en su contra; y que las Farc había pedido su cabeza.
(Lea más detalles sobre la pelea de Arias para no volver al país)
Hasta ahora, ninguna de sus estrategias ha funcionado. Y ahora, el fiscal Wifredo A. Ferrer le acaba de pedir al juez que lleva este caso que convoque una audiencia para definir, de una vez por todas, si Arias debe regresar al país.
Lo hizo en un documento de 22 páginas conocido por El Espectador en el que la Fiscalía expuso los detalles del caso, las pruebas que ha presentado Colombia y todas las peticiones que ha realizado el exfuncionario para frenar este proceso. (Lea una entrevista con Andrés Felipe Arias desde la Florida)
Para el fiscal Ferrer, las pruebas que presentó Colombia y la condena de la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión en contra del exministro, que se conoció el 16 de julio de 2014, cumplen con los requisitos que se plantearon en el tratado de extradición en 1979. El más importante: que en ambos países exista el delito por el cual la persona es solicitada.
En el caso de Arias, condenado por peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos, son faltas contenidas en el código Penal tanto de Colombia como de Estados Unidos. Por eso, la Fiscalía considera que este proceso cumple con los requisitos de la ley para autorizar su extradición.
Por eso, la Fiscalía le pide a la Corte que convoque a la audiencia para que el juez John J. O’Sullivan revise las pruebas, escuche a la defensa de Arias y certifique si este proceso de extradición está acorde con las leyes norteamericanas.
“Una vez la corte expida esta certificación, el Secretario de Estado decide si debe entregar al fugitivo al país solicitante”, dice textualmente el documento. Además de revisar el documento que emita el juez O’Sullivan, es el Secretario de Estado quien debe determinar si la tesis de Arias y su defensa, quienes dicen que este caso es en realidad una persecución política, es válida o no.
Sin embargo, la Fiscalía estadounidense es tajante en este aspecto: “Claramente sus delitos no son políticos”. Para el organismo, el exfuncionario no ha logrado probar que es una víctima de la política colombiana.