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Este jueves 2 de mayo, a las 10 de la mañana, una parroquia en el Distrito de Aguablanca, oriente de Cali, será escenario de una inusual eucaristía. En cabeza de monseñor Darío Monsalve, arzobispo de la capital del Valle, la iglesia Católica se apresta a pedir perdón a las víctimas del sacerdote William Mazo, quien fue condenado a 33 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Sus víctimas eran cuatro niños que no pasaban de los 12 años en 2009, época en que Mazo abusó de ellos.
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“Me permito convocar a cada sacerdote, especialmente a los curas párrocos, para hacer este gesto y garantizar juntos nuestro compromiso de ser signos visibles de una iglesia servidora, jamás abusadora, que protege y defiende la vida de niños y niñas desde su gestación y a los jóvenes, lo mismo que a los más débiles y vulnerables de la sociedad”, dijo en un comunicado el arzobispo Monsalve al convocar al evento, luego de que su Arquidiócesis diera una dura pelea para evitar ser condenada por los actos de William Mazo.
La liturgia, sin embargo, no es un gesto espontáneo de la Arquidiócesis de Cali, sino el acatamiento de una sentencia judicial. En mayo de 2018, al resolver un incidente de reparación, el Juzgado 22 Penal del Circuito de Cali ordenó a la Arquidiócesis “pedir perdón en una eucaristía que deberá llevarse a cabo en la capilla de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, en la comunidad que tanto atacó a las víctimas directas e indirectas”. En el fallo, se lee también que la Arquidiócesis tiene la obligación de difundir la sentencia contra Mazo.
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“Estas personas sufrieron matoneo, también soportaron el escarnio público, la pérdida de amistades y los cuestionamientos malintencionados, siendo los malos de la historia por perjudicar a un ‘hombre santo’”, contó el tío de dos de las víctimas a la justicia y quedó consignado en el fallo. A raíz de esas agresiones, algunos de los afectados por el sacerdote William Mazo no desean que el acto de perdón se realice en esa parroquia. “Es ponerlos en peligro”, señala su abogado defensor, Élmer Montaña.
Por esa razón, el pasado 29 de abril, Montaña envió una carta a monseñor Monsalve en la que reclama que “se trata de un acto citado por la iglesia de manera unilateral, que no ha sido socializado con las víctimas y no incluye los actos de revictimización en que incurrió el clero durante estos 10 años en contra de los niños abusados y sus familias. Es evidente que la iglesia solo quiere salir del paso cumpliendo parcialmente el fallo del juzgado, dejando en la opinión pública un falso mensaje de perdón y reconciliación”.
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En nombre de las víctimas de William Mazo, Montaña pidió que el acto de perdón se realice en la iglesia San Francisco de Cali, un tradicional complejo religioso ubicado en el centro de la ciudad frente a la Gobernación del Valle del Cauca. Esa es la primera petición. La segunda, que monseñor Monsalve no solo pida perdón a las víctimas de William Mazo, sino “por la persecución y las mortificaciones que la iglesia causó a los niños y sus familiares por haber denunciado al clérigo”.
Montaña ahondó con una petición aún más específica: “(Que) se pida perdón por haber responsabilizado a los niños y a sus familiares de los abusos y quede claro que nunca más la iglesia utilizará este argumento para defender las felonías de uno de sus miembros”. Se refería a la respuesta que oficialmente dio la Arquidiócesis de Cali cuando las víctimas de William Mazo le exigieron hacerse responsable por los actos del sacerdote: si los niños fueron abusados por un cura, la responsabilidad es de los padres.
En esa tesis, que fue revelada por este diario en febrero de 2017, insistió la Arquidiócesis de Cali a lo largo del incidente de reparación. “La causa del daño es atribuible de manera exclusiva a las víctimas indirectas” manifestó la Arquidiócesis, refiriéndose a los padres y cuidadores de los menores, “quienes faltaron a su deber de cuidado, vigilancia, comunicación, protección, etc. de unos niños que bajo ninguna circunstancia podían decidir, resolver, determinar el curso y devenir de su vida y su libertad sexual”.
Así explicó la Arquidiócesis de Cali, principalmente, por qué a su juicio no debían condenarla a indemnizar a las víctimas del sacerdote Mazo. La justicia, sin embargo, le dio un portazo a ese argumento. “Pensar siquiera en este caso que la culpa de que ocurriera el delito es de los menores, realmente es inadmisible jurídicamente, por demás insensato moralmente y por ello, no merece mayor análisis”, dijo el juez 22 penal del Circuito de Cali cuando analizó el caso, decisión confirmada por el Tribunal Superior de Cali en diciembre de 2018.
“Esta afirmación encierra una premisa perversa que desafortunadamente está arraigada en el pensamiento popular y que apunta a librar de responsabilidad a la persona que satisface sus deseos sexuales a costa de la inocencia de los niños o de la violencia contra la mujer, lo cual no puede tener ningún recibo en el ámbito de la justicia”, agregó el Juzgado para descartar por completo la defensa de la Arquidiócesis, recordándole que si él había accedido a los niños era por la posición que ostentaba, “que no era otra que la de sacerdote”.
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Además, la justicia le dijo a esta autoridad católica: “No hay duda de que la Arquidiócesis de Cali está llamada a reparar el agravio que dicha institución, por medio de uno de sus agentes, infligió a los jóvenes (…) y sus familiares, a quienes hasta el último momento ha negado el derecho al resarcimiento de su dignidad e integridad personal y moral, muy a pesar de la gravedad del perjuicio ocasionado, y contrario a las enseñanzas y valores que pregona esa organización religiosa”.