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La promesa de la doble instancia en el proceso de investigación y juzgamiento para los ministros, congresistas, gobernadores o servidores de la Fiscalía, entre otros, ya está en marcha en la Corte Suprema de Justicia. Aunque todavía no han sido nombrados los seis integrantes de la sala que se encargará de investigar a los aforados, ya están posesionados dos de los tres magistrados que componen la sala que los juzgará en primera instancia. Esa sala está funcionando y este jueves tendrá su primera audiencia de juicio pública.
Los magistrados Ramiro Alonso Marín Vásquez y Ariel Augusto Torres Rojas presidirán su primera diligencia en el caso de la exfiscal Hilda Niño Farfán, quien está acusada de supuestamente haber colaborado con grupos paramilitares a cambio de dinero. Farfán era integrante de la dirección de Justicia y Paz de la Fiscalía y coordinó el caso contra el bloque Vencedores de Arauca.
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Este juicio se adelanta por los delitos de cohecho propio (quedarse con dinero producto de un soborno), tráfico de influencias, fraude procesal y peculado por apropiación (apropiarse de recursos del Estado). Esto, por presuntamente haber beneficiado con información privilegiada, ocultando propiedades y restando delitos, a Miguel Ángel Mejía Múnera, alias Mellizo, y a Orlando Villa Zapata.
En la diligencia de este jueves, la Sala Especial de Primera Instancia se pronunciará sobre las pruebas que serán admitidas en este juicio. La defensa de Niño Farfán solicitó a la Corte que anule las evidencias que recopiló la Fiscalía entre las cuales están unos pantallazos de WhatsApp que refieren a unas conversaciones que supuestamente tuvo la entonces fiscal con paramilitares. Esas pruebas, alega la defensa, fueron remitidas en una USB por el entonces vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, sin que al parecer se tenga claro cómo se consiguieron.
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Para la defensa de Niño Farfán, de aceptarse estas pruebas se estaría violando el debido proceso de la exfuncionaria porque se habrían conseguido mediante una interceptación. Lo que decida la nueva sala al respecto será importante ya que, para el apoderado de la exfiscal, todas las demás pruebas que se recopilaron en este caso tienen su origen en esos pantallazos de Whatsapp.
Como lo reveló El Espectador en su edición del 20 de noviembre de 2017, el escrito de acusación en contra de Niño Farfán cuenta con evidencias que demostrarían los presuntos vínculos de la exfuncionaria con exparamilitares. Una de las pruebas son los $200 millones que la entonces fiscal habría recibido por parte de Miguel Ángel Mejía Múnera, alias Mellizo, para evitar su extradición a Estados Unidos.
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Otro de los casos en lo que estaría involucrada la exfuncionaria tiene que ver con el favorecimiento a Orlando Villa Zapata, mano derecha de Mellizo en Colombia, y quien también quería evitar su extradición. Según la Fiscalía, Villa Zapata tiene un proceso pendiente por narcotráfico y concierto para delinquir en Santa Marta, delitos cometidos después de la desmovilización. Si la Corte Suprema confirma su expulsión de la ley de Justicia y Paz, perdería la pena alternativa de ocho años de prisión y tendría que responder por estos delitos que podrían significarle mucho más tiempo en la cárcel.
Según explicó el fiscal del casp, “Hilda Janeth Niño Farfán indujo en error a un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá (…) de hacer clara mención al verdadero estado del proceso que en contra de Orlando Villa Zapata se adelantaba en la ciudad de Santa Marta”. Esa omisión habría sido a propósito, para beneficiar a Villa Zapata. La Fiscalía agregó que estos hechos ocurrieron con posterioridad a la desmovilización de Villa Zapata como miembro de esa organización ilegal.
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Respecto a los viajes que Niño Farfán realizó con recursos de la Fiscalía para desplazarse a ciudades donde habría sostenido reuniones con los abogados de los exparamilitares que supuestamente favoreció, el fiscal resaltó que se provocó un detrimento patrimonial de $115 millones. “Viajó de manera reiterada a Medellín, Montería, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cúcuta, haciendo parecer que se trataba de comisiones de servicios, pero sin realizar la actividad misional que adujo para justificar las comisiones”, aseguró el ente investigador.