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En el Palacio de Justicia de Medellín, ubicado en el sector de La Alpujarra, comenzó esta mañana la imputación de cargos en contra Gustavo Villegas, quien hasta ayer fue uno de los funcionarios claves de la administración del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El juez segundo penal municipal de control de garantías declaró que la captura de Villegas fue legal, así como los elementos que se le incautaron, o mejor dicho, que él aportó cuando se entregó ayer voluntariamente al conocer que agentes de la Dijín habían viajado desde Bogotá para detenerlo.
Ahora, a Villegas la Fiscalía le notificará formalmente que está siendo investigado por concierto para delinquir agravado, omisión de denuncia y uso indebido de información privilegiada. Según el organismo investigativo, el exfuncionario público abusó de su posición como funcionario público para suministrarles información confidencial a Édison Rodolfo Rojas, alias Pichi, un exjefe de la Oficina de Envigado que fue capturado en Panamá en 2013, y a Julio Perdomo, un exparamilitar.
A la par con Villegas fue detenido Mariano Zea Ospina, un exguerrillero del Eln que en 1996 fue capturado con otros guerrilleros y USD$40.000 en su poder, y que luego fue condenado a 25 años de prisión por el secuestro de la alemana Brigitte Shoene. Zea tenía un contrato con el Instituto Tecnológico Metropolitano – Institución Universitaria, adscrita al municipio de Medellín, que inició en julio de 2016 y se liquidó en diciembre del mismo año. El propósito del contrato era trabajar en la “formulación e implementación del plan integral de seguridad y convivencia, en ejecución del contrato interadministrativo No. 4600065469”, celebrado con la Secretaría de Seguridad y Convivencia.
En la audiencia, la Fiscalía confirmó que esta investigación arrancó en 2016 y hoy se alista para pedirle al juez medida de aseguramiento (detención preventiva) contra Villegas y contra Zea Ospina. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha expresado hoy en varios medios que Villegas renunció apenas se enteró de la orden de captura en su contra, que será respetuoso de la investigación y que espera que su exsecretario de Seguridad no se haya reunido a sus espaldas con miembros de grupos ilegales.