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Durante 117 meses deberá permanecer en prisión el ex senador Alirio Villamizar, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema lo hubiera hallado culpable del delito de concusión, que se materializó tras haber recibido en su favor el manejo de una Notaría a cambio de votar en favor de la reelecciòn presidencial en 2004.
Adicionalmente, el dirigente fue sentenciado la pago de una multimillonaria multa de casi 45.300 millones de pesos, equivalente a la liquidación de 87.495 salarios mínimos mensuales vigentes y a una inhabilidd para el ejercicio de funciones públicas por espacio de 96 meses.
Los problemas para el ex parlamentario conservador empezaron a mediados de 2009, a raíz de una investigación ordenada por la misma Corporación, en un allanamiento adelantado en su residencia en Bucaramanga, fueron hallados más de 1.000 millones de pesos en efectivo que, se presume, eran producto de la suma mensual que el dirigente le exigía a la titular de la Notaría, lo que le valió la apertura de una investigación previa por enriquecimiento ilícito aparente aún cursa en la Corte.
En ese sentido, la notaria 11 del círculo de Bucaramanga, Luz Yaneth Rojas Portilla, manifestó que hace aproximadamente cinco años el ex parlamentario la citó en Bogotá para manifestarle que, como compensación a las ayudas para su nombramiento en el despacho notarial, debía darle el 50% de los ingresos. Ella misma reconoció que aceptó el trato, pero después la situación se volvió muy crítica.
La testigo expresó que como se trataba de una Notaría de reciente creación, cumplir la promesa del 50% de los ingresos se tornó muy complejo y por ello quiso renunciar en varias oportunidades. Hasta que llegó el día en que no quiso pagarle más. Sin embargo, aclaró, la esposa del congresista era quien recogía el dinero mensualmente en la notaría y cada vez que iba por el cobro, ella le hacía la estadística de la oficina.
En momentos en que empezaron las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, declaró la notaria Rojas Portilla, el senador la citó en su casa y le dijo: “Luz Yaneth, usted sabe muy bien lo que está pasando con la Corte, lo que viene, entonces bueno, yo en esa declaración voy a decir que no tengo nada con usted, que casi ni la conozco”. Ella respondió que el Presidente (de la República) sacó su hoja de vida de una base de datos.
A su turno, la Procuraduría recepcionó el testimonio de Kelly Carolina Delgado, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del ex senador Villamizar, quien dijo no saber nada del tema de la Notaría 11 de Bucaramanga. La Procuraduría consideró que en su relato incurrió en manifiestas falsedades y ordenó investigarla por presunto falso testimonio. De igual modo, concluyó que la declaración aportada por el contador Elías Rodríguez, amigo personal del ex congresista, tuvo tendencia a ocultar información.
Según el Ministerio Público, Villamizar quiso justificar la alta suma de dinero en efectivo en su casa por la necesidad de desplazarse a los municipios los fines de semana, en razón a la naturaleza de la campaña política, pues necesitaba dinero para atender requerimientos de distintos líderes, pagos de vuelos chárter, cancelación de cuñas radiales y almuerzos, entre otros gastos necesarios para él y su equipo de trabajo.
Para el ente de control, los requerimientos en la Notaría 11 de Bucaramanga causaron un beneficio indebido en favor del senador Villamizar, lo cual se considera una conducta gravísima a título de dolo. Además, al evaluar sus cuentas personales, consideró que debe investigarse un presunto incremento patrimonial injustificado que no pudo desvirtuar, pues no hay recibos que acrediten de dónde provinieron esas altas sumas de dinero.
“El delito de enriquecimiento ilícito de servidores públicos consagra la posibilidad de que por sentencia judicial se decrete la extinción de dominio de los bienes adquiridos como producto de este enriquecimiento, atentando contra el tesoro o la moral social”. Y según la Procuraduría, el estudio de la evolución patrimonial del ex senador permite deducir que debe responder por esta conducta.
Así las cosas, este jueves la Corte Suprema de Justicia lo halló culpable del delito de concusión (cuando un funcionario público en uso de su cargo exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones que realiza). Además de pagar los 117 meses de prisión, Villamizar deberá pagar 87.000 salarios mínimos mensuales.