El Procurador General Alejandro Ordoñez, se presentó ante la Corte Constitucional para solicitar oficialmente la nulidad de la sentencia a través de la cual se le ordenó a diferentes entidades estatales diseñar un plan pedagógico para promover el conocimiento de los derechos sexuales de las mujeres, especialmente lo relacionado con la práctica del aborto.
Ordoñez argumentó en esa decisión que estaban considerando como derechos las tres circunstancias específicas en las que se permite la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se trata de excepcionalidades que lo despenalizan.
Además, precisó que el organismo competente para limitar la objeción de conciencia, como se expresaba en la tutela, es el Legislativo, basado en anteriores pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Ocho días atrás Ordoñez había precisado que la alta corporación había señalado la responsabilidad que debía tener el Congreso de la República en lo que atañe a la objeción de conciencia como argumento para no prestar el servicio militar y en esta decisión el Alto Tribunal delimitaba la vigencia del mismo derecho para un juez que se había negado a fallar un proceso relacionado con la práctica del aborto.
De esta manera, se cumple lo anunciado por el jefe del Ministerio Público la semana anterior, cuando le solicitó a la Sala Plena de la Corte que anulara el fallo de tutela que había sido emitido por una de las salas de revisión que integran ese Alto Tribunal, solo unas horas después de haberse hecho público el contenido del a sentencia T-388 de 2009.
Esta disposición ordenaba a varios entes estatales como el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia de Salud, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, entre otras diseñar una estrategia de transmisión y promoción de los derechos sexuales de las mujeres.