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Unas 72 horas tardó la Fiscalía en resolver el caso de la violación de una niña embera de 13 años a manos de siete militares en zona rural de Pueblo Rico (Risaralda). Desde que la hermana de la menor de edad indígena denunció los hechos, hasta la audiencia de imputación donde los uniformados aceptaron haber cometido el crimen pasaron menos de tres días, tras un despliegue de 40 actos de investigación que incluyó a la Policía, el CTI y un grupo de fiscales. Así se lo contó la delegada de seguridad ciudadana de la Fiscalía, Carmen Torres, a El Espectador.
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En diálogo con este diario, la alta funcionaria reconstruyó la línea de tiempo del caso hasta el momento de la imputación, con reserva de no revelar nada específico, “observando que es una investigación por un delito cometido contra una menor de edad y violaríamos derechos como el de la intimidad de la víctima”, explicó Torres. En el expediente, reposan ya la inspección judicial al lugar de los hechos, entrevistas a testigos, una entrevista a la víctima, la valoración de Medicina Legal, una línea de tiempo del crimen, como copia de la historia clínica de donde fue atendida la menor inicialmente, entre otros documentos.
Todo empezó, según Torres, con la denuncia de la hermana de la niña, al día siguiente de que ocurrieran los hechos, el 23 de junio pasado. “Iniciamos las labores de investigación y verificación respectiva, activando a su vez la ruta de atención a la menor, conservando para ello los elementos del protocolo de atención integral a las víctimas, cuando son menores de edad, como en este caso”, indicó Torres. Al día siguiente, vale recordar, fue que la autoridad indígena del resguardo en el que viven la niña y su familia hizo pública la denuncia y, tras esto, el Ejército confirmó que había una investigación en curso a través de un comunicado público.
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Los uniformados desde el comienzo fueron identificados como pertenecientes al Batallón San Mateo de la Brigada VIII del Ejército. El mayor General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante de la Quinta División de la institución castrense, que hace presencia en la zona, señaló en ese momento que el pelotón al que estaban adscritos los soldados lo conforman 30 uniformados y que fueron transportados a Pereira. “En el momento salen de su función principal que estaban garantizando todo el corredor de movilidad hacia el Chocó. La tropa fue relevada y estamos a total de disposición para que se esclarezcan los hechos”, dijo el general Ospina en medios.
El caso hacía crecer la indignación en los colombianos y la Fiscalía continuó con su trabajo. Una vez los investigadores recabaron todas las pruebas que vieron necesarias, “le presentaron al fiscal un informe y los fiscales valoraron la adecuación típica de los hechos. Es ahí cuando, con los elementos probatorios, el fiscal titular del caso determina que existe suficiente evidencia para imputar acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la superioridad en que pudieran estar estos militares”, añadió la delegada Torres.
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A la crítica de que la Fiscalía haya decidido imputar el delito de acceso carnal abusivo y no violento, Torres respondió: “con esta imputación no queremos significar que nosotros estemos manifestando que exista o no exista el consentimiento de la víctima. Esto no tiene ninguna incidencia en su configuración. Aquí lo único que hacemos es garantizar, a través de una investigación y acusación oportuna, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, máxime cuando la mayoría de los servidores también somos padres de familia”.
En el expediente hay otra prueba que se logró antes de la imputación, según reveló Torres: los interrogatorios a los siete uniformados que horas después aceptarían cargos ante un juez de la república. Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidi, Ruiz Oscar Eduardo Gil, Alzate Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández respondieron las preguntas de fiscal del caso antes de la audiencia y lo que dijeron allí será utilizado como prueba en su contra, aunque hasta ahora se desconoce si en ese momento aceptaron haber cometido el hecho.
Asimismo, la Fiscalía le tomó una declaración juramentada al superior inmediato de los siete uniformados, un suboficial del Ejército que sería el mismo que denunció los hechos en el Ejército. “Cuando ya tuvimos todo ese recaudo, el fiscal titular consideró suficiente para formular una imputación y solicitar una medida de aseguramiento, teniendo en cuenta la gravedad del delito, y solicitamos audiencia, luego de trascurridas 72 horas de trabajo”, añadió Torres. Y así fue: el pasado 25 de junio, tres días después de la denuncia de la hermana de la menor de edad, a los jóvenes soldados los llevaron en un camión del Ejército hasta los juzgados de Pereira.
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Una vez instalada la audiencia, el fiscal del caso relató el minuto a minuto del abuso, que había podido reconstruir con todas las pruebas que recabaron hasta entonces y señaló el delito en el que se configuraba esa conducta: acceso carnal abusivo en calidad de coautores para seis soldados y como cómplice para el último. “Y es allí donde tras el descubrimiento de todo lo que hoy conocemos, el juez les pregunta si aceptan los cargos de manera libre, consciente, que si saben lo que están haciendo, que si entienden lo que la Fiscalía está apuntando”, señaló Torres. Y la respuesta de los siete hombres fue que sí, que reconocían el abuso.
Aunque allanarse a los cargos en la mayoría de crímenes significa una reducción de hasta la mitad de la condena, la delegada Torres aclaró: “en las investigaciones cuyos delitos enmarcan agresiones en contra de niños, niñas o adolescentes, no opera ninguna clase de rebaja. Lo que pasa con esta confesión es que asegura lo que ha presentado la Fiscalía. Y, de otra parte, nos ayuda a reducir los términos para una condena porque el paso que le queda a la Fiscalía es presentar su acusación para que sea un juez de la República quien determine la pena a imponer”. Así, mientras llega este paso siguiente los siete uniformados están retenidos de manera preventiva en una guarnición militar.