Las tasas de reincidencia criminal en Colombia han generado polémica en los medios. Según los datos de la Fiscalía General de la Nación, para el año 2018 el 47% de los 215.000 capturados contaban con registros de capturas previas, mientras que el 51% de los imputados por la Fiscalía presentaron imputaciones previas. Estas cifras revelan la importante participación de reincidentes en actividades criminales y sitúa en el foco de la discusión la necesidad de implementar políticas públicas que permitan combatir las altas tasas de reincidencia.
Con razón, los alcaldes de las ciudades principales del país ven la reincidencia como un problema principal para la seguridad ciudadana. Aquí señalo tres aproximaciones basadas en la evidencia disponible de diferentes disciplinas académicas y países del mundo que pueden ser eficaces en enfrentar este reto. (En contexto: Prisma: el programa de la Fiscalía para predecir la reincidencia criminal)
Primero, tenemos que asegurarnos de que las personas que han cometido infracciones "menores" no entren a las prisiones, donde suelen ser reclutadas para cometer delitos más serios apenas salgan. Esto se podría hacer a través de varios mecanismos. El monitoreo electrónico de personas pagando su pena por fuera de la cárcel ha demostrado ser un medio eficaz para reducir las tasas de reincidencia, pero solamente si se cuenta con los recursos humanos para su monitoreo.
El personal de seguimiento es crucial para que las personas pagando penas por fuera de la cárcel cumplan las restricciones de movimiento impuestas, como toques de queda, visitas sorpresas a las casas de los condenados y verificar el cumplimiento de las obligaciones de buscar, conseguir y mantener un empleo. Otra forma de reducir la reclusión de personas que ha mostrado resultados es el uso de la libertad condicional para delitos menores, siempre y cuando esté contemplado el aumento de penas en caso de reincidir. Es decir, que quienes reinciden deben pagar la condena por los dos delitos.
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Segundo, necesitamos programas que ayuden a los pospenados a reincorporarse efectivamente a sus comunidades. Un componente importante de dicha reincorporación debe ser la terapia cognitivo-conductual (cognitive behavioral therapy o CBT), una de las intervenciones que ha mostrado más éxito en bajar las tasas de reincidencia. Basado en programas pioneros en Chicago, CBT busca cambiar la relación entre el pensamiento y la conducta, obligando a las personas a reflexionar sobre su conducta y resistir la "automaticidad" de reaccionar con violencia frente desprecios, insultos o situaciones de incertidumbre.
CBT ha sido implementado y evaluado en muchos contextos, incluso en Liberia después de su conflicto armado, para reducir arrestos de jóvenes, bajar niveles del uso de la violencia y aumentar niveles de graduaciones del colegio. Además de ser efectivo, es relativamente barato. Finalmente, necesitamos contar con bases de datos de ADN que nos permitan incrementar la probabilidad de condena de aquellas personas que reincidan, aumentando así el poder disuasivo de la ley para una población que ya tiene un alto riesgo de cometer delitos.
En Colombia, a la fecha se han aprobado dos proyectos de ley que apuntan a esta meta. El proyecto de ley estatutaria no 106 de 2018 de la Cámara crea el Banco Nacional de Datos Genéticos, con el objetivo de almacenar a partir de muestras evidencias biológicas que permitan generar perfiles genéticos y vincular posibles agresores con crímenes en casos de delitos violentos de alto impacto (es decir, homicidios y violaciones). Y el proyecto de ley 60 de 2018 del Senado ordena el aporte de una muestra biológica de todas las personas capturadas por la comisión de conductas punibles.
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Hay evidencia de Estados Unidos y Dinamarca que muestran el impacto significativo de las bases de datos de ADN en las tasas de reincidencia: cuando los pospenados saben que su ADN se encuentra en una base de datos que las autoridades pueden usar para hacer "match" entre delincuentes conocidos y evidencia encontrada en escenas de crimen, prefieren no volver a delinquir.
A pesar de mejorar de forma considerable la confiabilidad de la evidencia recolectada, hay que reconocer que las bases de ADN también provocan debates importantes como el derecho a la privacidad para personas que han pasado por el sistema penal y el error humano que podría existir en las fases de recolección, verificación y almacenamiento de ADN.
Son muchas las posibles soluciones al problema de la reincidencia criminal. Es importante señalar que el clamor para aumentar penas –lo cual se ha vuelto el pan de cada día en Colombia y en otros países de la región– no cuenta con evidencia para justificar su adopción. Como sociedad tenemos que abordar el problema de la reincidencia con calma, mirando la evidencia sobre qué funciona y por qué (y si creemos que los modelos que ha funcionado en otros países no funcionarían aquí, debemos explicar bien por qué no).
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La reincidencia se reduce con menos personas entrando a las cárceles por infracciones menores en el primer lugar, ayudando a los pospenados cambiar sus reacciones inmediatas, que suelen producir violencia y reincidencia, y con herramientas tecnológicas como bases de ADN que pueden disuadir a los reincidentes.
*Michael Weintraub es director del área de seguridad y violencia que pertenece al Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes.