"Ataques contra líderes sociales buscan boicotear el proceso de paz": Representantes sociales

Líderes sociales realizan un plantón frente al búnker de la Fiscalía General para pedir que se investiguen a los determinadores de estos asesinatos y amenazas.

Redacción Judicial
21 de noviembre de 2016 - 02:05 p. m.
Erly Monroy, líder campesino asesinado el pasado viernes en San Vicente del Caguán. / Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia (DHOC)
Erly Monroy, líder campesino asesinado el pasado viernes en San Vicente del Caguán. / Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia (DHOC)
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La situación por el asesinato de tres líderes sociales el pasado fin de semana ha prendido las alarmas por lo que podría ser un ataque sistemático en contra de estos representantes campesinos que han liderado la reclamación de tierras y denunciado el resurgimiento de estructuras paramilitares en varios departamentos del país.

Pese a las advertencias hechas por estos líderes frente a las amenazas que venían recibiendo mediante panfletos, consideran que las autoridades hicieron oidos sordos y no le dieron validez a sus denuncias. Hoy, aseguran, es evidente que no eran temores infundados. (Lea: Santos convoca a reunión por asesinatos de defensores de derechos humanos)

Por eso le piden a la Fiscalía General que establezcan quién o quiénes están detrás de la publicación de estos panfletos y la ejecución de estos atentados. Camilo Fagua, abogado de la Fundación DHCO aseguró que en los últimos meses se denunció la aparición de panfletos de las Autodefensas Unidas de Colombia en el casco urbano y rural de San Vicente del Caguán (Caquetá).

"Se le había comunicado al alcalde Humberto Sánchez y su respuesta fue el señalamiento y la estigmatización en contra de las organizaciones sociales de este municipio (...) Hay grupos paramilitares y de extrema derecha, enemigos de la paz que están voicoteando con estos actos el proceso de paz"; precisó Fagua al considerar que se debe establecer la responsabilidad del mandatario municipal. 

Considera que Sánchez ha hecho señalamientos públicos muy graves que pusieron en riesgo la vida e integridad de estos líderes sociales. Por eso mediante un plantón frente a la sede central ddel investigador en Bogotá piden además que se les brinde protección y acompañamiento a los integrantes de la Marcha Patriótica y líderes sociales para sus labores diarias.

¿Un nuevo exterminio político?

La excongresista Gloria Inés Ramírez aseguró que no se puede permitir que se repita lo ocurrido en la década de los ochenta en el exterminio de los integrantes de la Unión Patriótica por parte de grupos paramilitares con la ayuda de integrantes de la Fuerza Pública y del Gobierno.

Considera que las autoridades deben proteger a los miembros del movimiento Marcha Patriótica y velar para que adelanten sus actividades sociales y políticas en todo el país. En los últimos cuatro años, señaló, se han registrado 124 asesinatos en contra de los miembros de esta colectividad.

En la última semana se han presentado cinco asesinatos. “Lo que estamos viendo aquí es que hay un plan de exterminio que nuevamente tiene que llamar las alertas al Gobierno y a la institución para que no se minimicen o se muestren como casos aislados (…) No es una cosa casual o espontanea”.

Pide que la Fiscalía General establezca quiénes están detrás de estas acciones las cuales fueron denunciadas en los últimos meses por estos líderes sociales y campesinos. “No queremos que Colombia vuelva a vivir la Unión Patriótica. El modus operandi es el mismo”, precisó la excongresista.

Ramírez señaló que se ha presentado un resurgimiento de los grupos paramilitares en los departamentos de Caquetá, Antioquia, Cauca y Chocó que han emprendido una persecución política en contra de los integrantes de estas organizaciones que han apoyado el proceso de paz entre el Gobierno y Farc.

Rechazó además las declaraciones del alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez quien aseguró que los líderes sociales tenían vínculos con la guerrilla de las Farc y habían participado en actividades de extorsión. Estas declaraciones “irresponsables” pusieron en riesgo la vida e integridad de los líderes.

 

Por Redacción Judicial

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