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Bajo la ponencia del magistrado Fernando Alberto Castro, la Corte Suprema de Justicia nuevamente niega la apelación de una sentencia emitida en primera instancia. Esta vez en el caso del exsecretario de la presidencia, Bernardo Moreno involucrado en el escándalo de las "chuzadas" del DAS. Para la Corte la solicitud es “improcedente”.
De acuerdo con el alto tribunal, la reforma expuesta en el Acto Legislativo 01 de 2018 que permite apelar las sentencias de primera instancia que sean emitidas por la Sala Especial de Primera Instancia, todavía no está implementada. Para la Corte, las decisiones ya ejecutadas son necesariamente de única instancia debido a que este tribunal es el órgano límite o de cierre de la jurisdicción penal.
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“Significa lo anterior que permanecen incólumes las razones que desde un comienzo se han expuesto por esta Sala para declarar que respecto de la sentencia proferida contra Bernardo Moreno Villegas, por tratarse de un proceso de única instancia adelantado y culminado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de acuerdo con la normatividad constitucional y legal vigente para el momento en que se emitió la sentencia”, señaló la Corte en la sentencia.
Moreno Villegas fue condenado en 2014 a ocho años de prisión por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad y conocimiento en los hechos que rodearon los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados de las altas cortes y congresistas de la oposición del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
En el fallo se manifestó que el entonces alto funcionario de la Presidencia ordenó la recolección de información privilegiada de un grupo de personas. Igualmente, recibió los informes por parte de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado -condenada a 14 años de prisión- y se los comunicó directamente al presidente de la República y otros altos funcionarios.
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Sin embargo, en julio del año pasado el juzgado quinto de ejecución de penas de Bogotá le concedió la libertad condicional al exsecretario general de la Presidencia considerando que Moreno cumplió con los compromisos para reparar económicamente a las víctimas reconocidas en el juicio que se le adelantó en su contra por el escándalo de las "chuzadas" del DAS.
El despacho judicial tuvo en cuenta los certificados de trabajo y estudio del exfuncionario de la Presidencia de la República quien se encontraba con detención domiciliaria. Así como los certificados de reparación económica y solicitud de perdón a las víctimas de las actividades ilegales adelantadas por el DAS, y que fueron de conocimiento directo del Ejecutivo.