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“Desde el primer día en la Presidencia di instrucciones explícitas: no toleraríamos las violaciones de los derechos humanos o de los principios democráticos. Nuestro mensaje era siempre el mismo, en público y en privado: nunca permitiríamos prácticas ilegales y mucho menos ignoraríamos cualquier tipo de abusos (...) Las democracias no toleran los abusos cometidos contra sus ciudadanos”. Esto consignó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su libro autobiográfico No hay causa perdida. Los escándalos del DAS durante sus dos gobiernos parecen contradecir esa afirmación.
Entre marzo de 2003 y noviembre de 2005 operó un grupo de inteligencia denominado G-3, que desarrolló operaciones de espionaje y desprestigio contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos del gobierno Uribe Vélez. En esa época el entonces presidente protagonizó enfrentamientos públicos contra ONG a las que, sin particularizar, relacionó con grupos ilegales. El objetivo del G-3 era vincularlas “con organizaciones narcoterroristas”. La Fiscalía documentó la cacería de estos “blancos políticos”: se interceptaron sus correos, sus teléfonos, se tomaron fotografías de sus familias, casas y lugares que frecuentaban, se recolectó su información financiera, sus hábitos y “hasta sus posibles amantes”.
Hasta en las basuras de sus casas hurgaron. Hubo actividades de espionaje contra el Colectivo de Abogados José Alvear, contra las ONG Minga, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Amnistía Internacional, la Comisión Colombiana de Juristas, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los dirigentes políticos Carlos Gaviria, Horacio Serpa, Luis Eduardo Garzón, Gustavo Petro, Piedad Córdoba, Antonio Navarro, Wilson Borja, el Cinep. La lista es extensa. En carpetas del DAS se hallaron mensajes en los que se leía “cómo podemos sabotear” a estos blancos escogidos.
En un memo del 22 de octubre de 2005, dirigido al entonces director de Operaciones Carlos Arzayús, quedó consignado que había que hacerles seguimiento a “organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales, con el fin de restringir o neutralizar su accionar”. La paranoia del DAS llegó al extremo de enviar agentes encubiertos para seguir a la nobel de Paz Shirin Ebadi durante su visita a Colombia en 2004 o espiar a la profesora de sociales del prestigioso colegio Marymount Sonia Urrea, porque supuestamente estaba adoctrinando ideológicamente a sus alumnas al ponerles a leer textos del sociólogo Alfredo Molano, del historiador Fabio Zambrano y de Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliécer Gaitán.
Para el DAS, la clase de la profesora Urrea era un asunto de seguridad nacional y por ello se ordenó promover una campaña de desprestigio contra ella para desvincularla del plantel. Los concejales de Bogotá que en 2004 aprobaron la cátedra de derechos humanos en los colegios de la capital también fueron perfilados por el DAS. Y hubo cosas más ridículas. En junio de 2005, en el marco del II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a Derechos Humanos, agentes del DAS sabotearon el evento mientras arengaban consignas como: “ONG: por qué atacan a los que defienden nuestro pueblo / en cambio a los asesinos de las Farc, no les tocan ni un pelo”.
Entre los miles de archivos del DAS quedó al descubierto una bitácora de operaciones de espionaje entre 2003 y 2005, cuando al frente de la entidad estuvo Jorge Noguera Cotes, hoy condenado a 25 años de prisión. Por ejemplo, la Operación Imprenta, desarrollada para impedir la distribución de los libros El embrujo autoritario, una serie de informes anuales publicados por varias ONG. O la Operación Halloween que pretendía “concientizar a la población sobre la realidad de la ideología comunista”. O la Operación Arauca, que buscó enlodar al Colectivo José Alvear con el Eln. O la Operación Intercambio, que impulsó el desprestigio de la CIDH “utilizando alianzas con servicios de inteligencia extranjeros”. O la Operación Europa para neutralizar “el sistema jurídico europeo”.
El agente Germán Villalba fue el encargado de esta última operación y coordinó el envío de espías al viejo continente, por lo que se ganó el mote del Canciller del DAS. A la periodista Claudia Julieta Duque también la persiguieron y con ella probaron un manual para amenazar que crearon agentes de inteligencia. Ese ‘protocolo’ tenía instrucciones precisas: hacer la llamada amenazante en cercanías a instalaciones de inteligencia de la Policía, no extender la intimidación por más de 49 segundos, asegurarse de que en la zona no hubiera cámaras de seguridad y que el agente se desplazara en bus. El 17 de noviembre de 2004, Duque recibió la llamada: “Usted no quiso hacer caso y su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa”.
Para el DAS, Duque y otros abogados de ONG no eran más que “traficantes de derechos humanos”. A muchos de ellos les llegaron a sus casas coronas fúnebres y quesos podridos. A los blancos políticos escogidos, dependiendo del grado de virulencia con el que fueran vistos por parte de la policía secreta, se les buscaba “generar una infidelidad sentimental para destruirlos”. Los magistrados de la Corte Constitucional también fueron vigilados cuando aprobaron el acto legislativo que le permitió al presidente Uribe reelegirse. En palabras de la Procuraduría, se usaron los recursos del Estado “en contra de personas u organizaciones contrarias al gobierno de entonces, no para fines de interés general, sino obedeciendo a una concepción propia de un Estado policiaco que persigue a sus opositores por el solo hecho de serlo”.
Hasta octubre de 2005 el G-3 operó a sus anchas, pero se ordenó disolver ese grupo tras la crisis institucional desatada por el enfrentamiento entre el director Jorge Noguera y el subdirector José Miguel Narváez por la infiltración del paramilitarismo al DAS. El exdirector de Informática del organismo, Rafael García, prendió su ventilador a finales de 2005 y acusó a Noguera de haber puesto al DAS al servicio del bloque Norte de las autodefensas. Contó que como colaborador de la campaña de Uribe en Magdalena en 2002 creó un software para alterar los resultados electorales y garantizar que los “apadrinados políticos” de Jorge 40 llegaran al Congreso. Fue el inicio de la parapolítica.
Entre tanto, José Miguel Narváez denunció que en el organismo de inteligencia había una central de chuzadas que manejaba el comandante paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; que a otros jefes narcoparamilitares de los Llanos se les vendieron expedientes y que hasta se ejecutaron homicidios. La justicia empezó a indagar y descubrió un plan de exterminio contra sindicalistas. Fue en esas vueltas que resultó asesinado el sociólogo Alfredo Correa de Andreis, en 2004. Por este hecho, Noguera fue condenado por la Corte Suprema. Cuando estalló el escándalo por la infiltración del paramilitarismo al DAS, el presidente Uribe defendió a Noguera y lo llamó “un buen muchacho”.
Paralelamente comenzaron los señalamientos contra José Miguel Narváez, un hombre experto en inteligencia, profesor de la Escuela Superior de Guerra y quien en 2002 hizo parte de la comisión de empalme del electo presidente Álvaro Uribe. Entre agosto de 2002 y junio de 2005 ofició como asesor del DAS junto con los generales Rito Alejo del Río —condenado a 26 años de cárcel— e Iván Ramírez Quintero —absuelto en primera instancia por el holocausto del Palacio de Justicia—. Los jefes ‘paras’ Salvatore Mancuso, Ernesto Báez, Don Berna y el Iguano acusaron a Narváez de ser ideólogo de las autodefensas y de dictarles conferencias en las fincas de los Castaño tituladas “Por qué es lícito asesinar comunistas en Colombia”.
Narváez resultó detenido y hoy enfrenta acusaciones por los homicidios del senador Manuel Cepeda (9 de agosto de 1994), del humorista Jaime Garzón (13 de agosto de 1999), por el secuestro de Piedad Córdoba (25 de mayo de 1999), por la tortura sicológica a la periodista Claudia Julieta Duque y por el espionaje del G-3. Jorge Noguera también tiene varios procesos pendientes por las vueltas del DAS durante su gestión, cooptada por las autodefensas. Mientras en 2007 el escándalo parapolítico cobraba forma, a la dirección del DAS llegó María del Pilar Hurtado. En septiembre de ese año la Corte Suprema llamó a indagatoria al senador Mario Uribe y desde el organismo de inteligencia se orquestó un complot para desprestigiar al magistrado que investigaba la parapolítica: Iván Velásquez Gómez.
En abril de 2008 el DAS intentó acabar nuevamente con Velásquez y con las actuaciones de la Corte Suprema. La revista Semana denunció en su artículo “El complot de los ‘paras’” cómo se fraguó un nuevo montaje cuando emisarios de Don Berna les entregaron a funcionarios de Palacio grabaciones clandestinas que buscaban minar la credibilidad de los magistrados. Dichos registros se hicieron con equipos del DAS. El presidente de la Corte en su momento, Francisco Ricaurte, exigió investigaciones. La respuesta de la Casa de Nariño fue que había un cartel de falsos testigos que querían manchar el gobierno Uribe. La Fiscalía comenzó a indagar.
Al mismo tiempo la excongresista Yidis Medina le confesó a la Corte Suprema que había vendido su voto en 2004 para aprobar el acto legislativo que permitió la reelección presidencial. Según reveló, en julio de 2004, en la Comisión I de la Cámara de Representantes, ese proyecto estaba prácticamente hundido. Fue entonces cuando la buscaron los ministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega. Según Yidis, la convencieron de que volteara su voto y a cambio le prometieron contratos y cuotas burocráticas. En junio de 2008 la Corte la condenó a 47 meses de prisión y en ese fallo señaló que su respaldo para aprobar la reelección “no surgió como fruto de su libre examen y convencimiento sobre la bondades de la propuesta, sino gracias a las canonjías impúdicas que le ofrecieron y recibió”.
Ese mismo día el presidente Uribe convocó exaltado a una rueda de prensa en la que tildó a los magistrados como unos “nostálgicos del terrorismo agónico”. El enfrentamiento institucional pasó a mayores y mientras el país asistía estupefacto a esa feria de acusaciones mutuas, en la trasescena la detective Alba Luz Flórez, más conocida como la Mata Hari, reclutaba fuentes dentro de la Corte para espiarla. Incluso grabó sesiones reservadas, como la del 9 de mayo de 2008, en la que el magistrado Yesid Ramírez les dijo a sus colegas: “No tengo duda que el presidente tenga que ver con mi amenaza de muerte”. La detective Flórez fotocopió expedientes de la parapolítica y obtuvo información privada de los magistrados.
Las confesiones que entregaron a la justicia altos exfuncionarios del DAS evidenciaron que a raíz de los escándalos de la parapolítica y la yidispolítica, la Corte Suprema resultó siendo un blanco definitivo para el DAS. El exdirector de Inteligencia Fernando Tabares declaró que el entonces secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, le dijo que el presidente quería estar informado sobre cuatro temas: Piedad Córdoba, Gustavo Petro, el periodista Daniel Coronell y la Corte Suprema de Justicia. Según William Romero, exjefe de Fuentes Humanas, a finales de 2007 se empezó a cocinar la llamada Operación Escalera, para infiltrar a la Corte, merodeada entonces por dos polémicos personajes: Asencio Reyes y Giorgio Sale.
En febrero de 2009, después de una denuncia de la revista Semana titulada “El DAS sigue grabando”, la Fiscalía allanó la central de inteligencia y descubrió no sólo el espionaje a la Corte, sino las acciones desplegadas por el G-3 durante la administración de Jorge Noguera y las vueltas ilegales del grupo GONI en la época de María del Pilar Hurtado. El gigantesco espionaje del DAS quedó al descubierto y fue reconocido por los protagonistas de esos hechos. El exdirector de contrainteligencia Jorge Lagos, la exsubdirectora de operaciones Martha Leal, la Mata Hari, William Romero, Gustavo Sierra, entre muchos otros, confesaron. Solo falta que se sepa quién dio las órdenes. El regreso de María del Pilar Hurtado al país puede aclarar este interrogante.
jlaverde@elespectador.com