Hacia 2005, cerca de 150 familias campesinas de Bolívar se unieron en la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de la zona alta de San Pablo (Asocazul). Lo hicieron para cambiar los cultivos de coca por cacao en una zona del Magdalena Medio en medio de una compleja situación de seguridad. Se formaron en cultivar todo lo que consumían, pidieron un préstamo y, donde antes había cultivos ilícitos, sembraron 725 hectáreas de árboles. Pero, entre 2005 y 2013, sus cultivos fueron fumigados con glifosato. De hecho, las aspersiones venían desde 2001. Por eso, ahora piden reparación. Aunque la nación ganó el primer round, Asocazul tiene una nueva oportunidad de ser oída en el Consejo de Estado.
(Lea también: La discusión que impedía a la Corte Constitucional publicar auto sobre el glifosato)
No todos sus miembros alcanzarán a saber cuál fue la decisión del alto tribunal, pues la mayoría son de avanzada edad e, incluso, algunos ya fallecieron. La Asociación —que reúne a campesinos de los municipios de Cantagallo, San Pablo y Simití, Bolívar— reportó, en el recurso judicial, por lo menos ocho ocasiones en las que avionetas asperjaron sus fincas, dañando sus cultivos sustituidos y su pancoger.
Los estragos que causó el herbicida fracturaron Asocazul, pues muchos miembros decidieron hacerse a un lado, quedando a merced de los violentos que pagan atractivas sumas de dinero por la hoja de coca. Los campesinos que siguieron cultivando cacao buscaron asesoría legal, documentaron todo lo ocurrido e instauraron una acción de grupo en 2013 ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, exigiendo ser reparados por los daños del glifosato. En la demanda aseguran que, sin cultivos, no tenían cómo pagar el préstamo que pidieron en Bancolombia por más de $3.000 millones para iniciar el proyecto de sustitución.
(Le puede interesar: Así es el decreto con el que Gobierno busca retomar la aspersión aérea con glifosato)
Desde hace décadas, la región es un fortín para los violentos. No muy lejos de San Pablo, Cantagallo y Simití, en Puerto Boyacá, nacieron los grupos paramilitares del Magdalena Medio, cuyos herederos aún se dedican al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal y ejercen control territorial en algunos municipios, bajo otros nombres (como bandas criminales). Asimismo, la guerrilla del Eln siempre ha hecho presencia en la zona, disputándose las economías ilegales con la delincuencia organizada y otros grupos.
“A causa de las fumigaciones se han destruido de manera parcial o total sus cultivos, generando pérdidas e inseguridad frente a la posibilidad de pagar la deuda adquirida, ya que las expectativas de producción planeadas para cubrirlo no se podrán lograr con los daños generados a sus tierras”, dice el recurso. Por ende, piden que se le exija una remuneración a la Policía, a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y a los ministerios de Ambiente, Interior, Justicia, Salud y Agricultura. Pero el fallo, que salió cinco años más tarde (en 2018), no les concedió la reparación que buscaban.
(Lea también: Bajaron los cultivos de coca: ¿funciona la sustitución voluntaria?)
Entre las pruebas que reposan en el expediente hay fotos y videos —allegados por los miembros de Asocazul— de las avionetas en inmediaciones de sus fincas y cómo quedaron los cultivos después del procedimiento. También adjuntaron peritajes científicos que demostraban el daño que causa el glifosato en los cultivos, y hasta la contestación a la demanda de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, que confirmó que en la región sí se asperjó con el herbicida en las fechas señaladas y que recibieron 298 quejas de los tres municipios en los que hay campesinos de la Asociación en ese periodo.
Sin embargo, todas las entidades demandadas, como es costumbre en los procesos de reparación, pidieron que se negara lo que pedían los campesinos. Entre el Ministerio de Justicia, el de Ambiente y el de Salud se lanzaron la papa caliente, asegurando que el programa de erradicación y su vigilancia era responsabilidad de uno o del otro; el Ministerio del Interior negó cualquier vinculación, la DNE ya estaba en liquidación para la fecha y la Policía argumentó que “no se acreditan en las pretensiones ni en el proceso los elementos o requisitos que estructuran la falta o falla en el servicio endilgada a la Policía”, condición mínima para pedir este tipo de reparación.
(Le puede interesar: Consejo de Estado cambia las reglas y hace más difícil a las víctimas acceder a reparación)
El Tribunal Administrativo de Bolívar, con ponencia del magistrado Roberto Mario Chavarro, tuvo en cuenta este último argumento y concluyó, en la decisión de primera instancia, que “ante la imposibilidad de probar los supuestos jurídicos generadores de daño producto de la contaminación ambiental por la aspersión de glifosato a los cultivos ilícitos, ante el incumplimiento de las partes interesadas de probar los supuestos de hecho en que se fundamentan sus pretensiones de reparación, la Sala, por más principio de acceso a la administración de justicia, no puede sustituir el esfuerzo que le cabe al propio interesado de sacar adelante sus pretensiones”.
Los campesinos apelaron y el caso llegó al Consejo de Estado. A pesar de que pidieron que les dieran prelación y el alto tribunal accedió a estudiar el caso con mayor celeridad, a la fecha no se conoce el fallo. El expediente lleva meses a punto de ser fallado, según el orden del día del alto tribunal. Cecilia Galvis, esposa de uno de los miembros de Asocazul que ya falleció, Eliazar Granada, les explicó a los togados: “Nos fumigaron el cacao, nuestro sustento, y esta es la fecha en que no nos han respondido. Cuando él se enfermó sufrimos mucho, porque no tenía ni con qué comprar los medicamentos. Hace tres años falleció y todavía no tenemos una respuesta. Lo que exigimos es que la segunda instancia no se demore más”.
En diálogo con este diario, Esther Cruz, presidenta de Asocazul, explicó que las pérdidas que les generaron las fumigaciones fueron más que económicas: “Otras familias que admiraban lo que nosotros hacíamos, sintieron miedo, porque nos dañaron el sueño. A pesar de ser totalmente legales, igual llegó la avioneta, nos fumigó y nos dejó en peores condiciones”. La lideresa insiste en que todo esto no lo tuvo en cuenta el Tribunal Superior de Bolívar en su decisión de 2018 y, por eso, tienen fe en la decisión que se viene del Consejo de Estado, a pesar de la demora.