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Miembros de la Policía lograron capturar en el exclusivo sector de El Poblado en Medellín a Francisco Antonio Angulo Osorio, un ganadero que era prófugo de la justicia por el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, cometido el 27 de febrero de 1998. Miembros de la Sijin lograron capturarlo en la noche del pasado 28 de julio en la vía Las Palmas en capital del departamento. Hace dos años, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín, lo condenó (junto a su hermano Jaime Alberto) a 30 años de prisión por el crimen del abogado y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia.
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Los hermanos huían de las autoridades desde el momento en que ese tribunal los condenara. En la mañana de este 29 de julio, Francisco Antonio Angulo será puesto a disposición de un juez para legalizar su captura. A se vez, según Noticias RCN, los dos comerciantes estaban solicitando el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por el asesinato ya fueron condenados las de Álvaro Góez Mesa, Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán, el desaparecido jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia Carlos Castaño Gil e Isaías Montes Hernández.
En febrero de 2018, el Tribunal Superior de Medellín pidió indagar la posible participación de agentes del Estado y del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien era gobernador de Antioquia para la época en que se cometieron las masacres de El Aro y La Granja (zona rural de Ituango). El abogado Valle, nacido en ese municipio, fue una de las principales personas que denunció los crímenes, perpetrados entre 1996 y 1997. Señaló, específicamente, a los militares de la Cuarta Brigada como cómplices de las masacres. Desde la Brigada y la Gobernación, de inmediato hubo rechazo a lo que Valle reportaba.
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Lo que pidió en su momento el Tribunal Superior de Medellín es establecer si Uribe o funcionarios cercanos a él, como Pedro Juan Moreno, su secretario de Gobierno, hicieron mucho más que rechazar los pronunciamientos de Valle. El senador Uribe, por su parte, ha sostenido que nada tuvo que ver con el asesinato de quien, para 1998, era el defensor de derechos humanos más reconocido de Antioquia. En 2018, su familia le pidió a la Fiscalía que el caso fuera declarado como de lesa humanidad, así como lo hizo con los de Eduardo Umaña y Jaime Garzón. Crímenes que tienen en común haber sido cometidos por sicarios de La Terraza, por orden de los hermanos Castaño Gil y ayuda de miembros de la Fuerza Pública.
En junio de 2020, la Corte Suprema tomó la última decisión que se conoce en los procesos sobre las masacres y el asesinato de Valle. El alto tribunal aceptó que Juan Guillermo Valle Noreña, sobrino de Jesús María Valle Jaramillo, pueda continuar en la lucha que hace 23 años dio el entonces presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia y le costó la vida. El 25 de agosto de 1997, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, durante el acto de conmemoración de los diez años del asesinato de Héctor Abad Gómez, también presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, el abogado Valle Jaramillo se despachó contra las autoridades del departamento.
“Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”, declaró públicamente ese día Valle Jaramillo. Días después, formalizó sus reclamos en denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema, para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión, incluyendo también a la comandancia de la IV Brigada, entonces a cargo del general Alfonso Manosalva Flórez.
El 26 de febrero de 1998, el abogado Valle tuvo que comparecer ante la Fiscalía para responder por la denuncia en su contra. Al día siguiente, a su oficina ubicada en el edificio Colón, en zona céntrica de Medellín, llegó un grupo de paramilitares que, tras inmovilizar a su hermana Nelly Valle, asesinaron de dos balazos, con una pistola calibre 38, al presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. En 1999, la Fiscalía imputó como determinadores del crimen a los hermanos Angulo Osorio, propietarios de tierras en Ituango. Sin embargo, en marzo de 2001, un juez penal de Medellín los absolvió. La medida fue confirmada cuatro meses después por el Tribunal Superior de Medellín. En ese momento el paramilitarismo tenía infiltrado al poder judicial.
En enero de 2008, con base en declaraciones aportadas por paramilitares en el contexto de la Ley de Justicia y Paz, la Fiscalía pidió la revisión de las sentencias del caso Valle. Ese mismo año, la CIDH sentenció a la nación y pidió que se hiciera justicia no solo por las masacres de San Roque, La Granja y El Aro, sino también en el capítulo correspondiente al crimen del abogado Valle. La decisión de la CIDH incluyó detalles desconocidos, como la presencia de Carlos Castaño en la zona a bordo de un helicóptero, o la forma como se produjo un desplazamiento forzado hacia el municipio de Puerto Valdivia, tras un hurto masivo de ganado.