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Este lunes 29 de abril llegó a Colombia el General (r) Mauricio Santoyo luego de que en 2012 fuera extraditado por solicitud de la justicia de Estados Unidos. Tras aceptar sus nexos con el paramilitarismo y prestar colaboración con el gobierno nortemamericano, el exalto oficial de la Policía fue capturado por las autoridades colombianas a su llegada a territorio nacional.
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Santoyo, quien fue jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, llegó en un avión en el que también fueron deportados el abogado Leonardo Pinilla Gómez, implicado en el cartel de la toga y Juan Carlos Ramírez Taborda, alias Manicomio, quien fue hombre de confianza del Loco Barrera. En la aeronave llegaron otros 98 colombianos deportados.
El retirado miembro de la Policía será investigado por la desaparición forzada de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, defensores de Derechos Humanos y miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). El 6 de octubre del 2000 en Medellín, hombres armados retuvieron a los dos activistas y desde entonces se desconoce su paradero.
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Quintero Mesa y Monsalve Pulgarin se habían incorporado a Asfaddes para denunciar y buscar a sus familiares desaparecidos y asesinados por grupos paramilitares y agentes de la Fuerza Pública. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General en el momento de la desaparición forzada de los dos defensores de derechos humanos determinó que la línea telefónica fija de la organización a la que pertenecían estaba interceptada ilegalmente por una orden falsa de un fiscal adscrito al Gaula Urbano de Medellín, unidad de la Policía que en ese momento estaba a cargo de Mauricio Santoyo.
La Procuraduría destituyó en 2003 a Santoyo tras demostrar que mientras estuvo en el Gaula ordenó cerca de 2.000 interceptaciones ilegales en la capital antioqueña. El general en retiro apeló la decisión del Ministerio Público y el Consejo de Estado le dio la razón en 2006. No solo reversó la suspensión en su contra, sino que lo restituyó en la Fuerza Pública.
En 2012, la Fiscalía solicitó a las autoridades norteamericanas que le enviaran copias del acuerdo al que llegaron con Santoyo, para establecer su rol en esta desaparición; sin embargo, nunca ocurrió. Un año después, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia consideró que existían evidencias suficientes y citó a indagatoria al general en retiro. Como Santoyo estaba en Estados Unidos, la diligencia nunca tuvo lugar.
El pasado 18 de abril, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) como representante de las víctimas, solicitó a la Fiscalía que, con la inminente llegada al país de Mauricio Santoyo, se le impusiera medida de aseguramiento y se garantizara su comparecencia ante la justicia. Igualmente, la CCJ solicitó que se declararan estos hechos como un crimen de lesa humanidad.