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El millonario empresario Carlos Mattos podrá seguir viviendo tranquilo en España, país del que es ciudadano, al menos por ahora. El Tribunal Constitucional de España anuló las decisiones que la Audiencia Nacional de esa misma nación había tomado en mayo y en junio de 2019, con las cuales la extradición de Mattos a Colombia, se daba prácticamente por sentada. Su última estrategia había sido presentar un recurso de amparo -lo que en Colombia sería una tutela- y esa estrategia parece haber rendido frutos. (¿Qué es el caso Hyundai y por qué todos los detenidos están aceptando cargos?)
"El escrito acusatorio de la Fiscalía General de la República de Colombia es de mero impulso del procedimiento mediante su presentación en una ‘audiencia de formulación de la acusación’ ante un juez de conocimiento que se limita a dar traslado a las partes y dirigir un debate básico sobre el cumplimiento de sus requisitos formales, sin refrendar ni validar el fundamento de la acusación”, determinó el Tribunal Constitucional, en el documento de 33 páginas conocido en su integridad por El Espectador. (Justicia española accede a extraditar al empresario colombiano Carlos Mattos)
Básicamente, esa alta corporación judicial española arremetió contra los fundamentos -o la supuesta falta de estos- del expediente contra Mattos, quien en Colombia tiene dos asuntos penales pendientes. “Este pronunciamiento anulatorio hace innecesario entrar en examen del resto de los motivos de amparo que cuestionan dichas decisiones desde otros ángulos como la infracción del principio de doble incriminación, la prohibición de la extradición del nacional, la existencia de motivos políticos o fraudulentos o el riesgo de tratos inhumanos y degradantes”, dice el documento del Tribunal.
“Desde hace algún tiempo el Tribunal Constitucional había dado una medida cautelar de no hacer efectiva esa extradición y, en últimas horas, saca un fallo que realmente es muy importante porque tumba las decisiones de la Audiencia Nacional en cuanto a la extradición de Carlos Mattos por violaciones de varios de sus derechos en el trámite. Estamos esperando conocer el texto completo, pero esto ratifica los argumentos que hemos dado en los últimos tres años. Esto no significa que los procesos en Colombia no sigan, siguen adelante”, le dijo a este diario uno de los defensores de Mattos en Colombia, Iván Cancino.
“En relación con la existencia de móviles espurios en la reclamación extradicional, en virtud de las sospechosas actuaciones de quien fuera Fiscal General de la Nación de Colombia, que harían que la reclamación extradicional fuera arbitraria y contraria a la buena fe [...] el pleno ratifica el criterio de la Sección en el sentido de que las relaciones profesionales que el reclamado mantuvo con quien luego sería Fiscal General de la Nación y los motivos de enemistad que este pudiera albergar no convertirían los delitos comunes por los que es reclamado [Mattos] en delitos políticos”, recordó el Tribunal Constitucional.
El párrafo anterior tiene nombre propio: Néstor Humberto Martínez, quien, como bien resalta el Tribunal, fue abogado de Mattos hasta que se posesionó en la Fiscalía en 2016. Martínez, incluso, alcanzó a presentar un recurso que fue el que terminó en manos de la jueza Ligia del Carmen Hernández. Mattos alegó ante el Tribunal que el proceso en su contra era una persecución de Martínez, pero esa corporación desestimó el argumento por completo, como lo hizo en su momento, dos veces, la Audiencia Nacional. (Orden de captura contra Carlos Mattos quedó vigente por un año más)
Mattos esgrimió cinco argumentos para pedir el amparo del Tribunal Constitucional de España. El primero, el debido proceso. El segundo, evitar una doble incriminación. El tercero, su avanzada edad y su frágil estado de salud. El cuarto, su nacionalidad española. Y el último, su enemistad con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, cuya Fiscalía comenzó las pesquisas por el caso Hyundai a finales de 2016 y tema por el cual él presentó impedimento -que le aceptó la Corte Suprema en 2018-. El Ministerio Fiscal (algo así como la Fiscalía española) pidió que se desestimara todo lo expuesto por Mattos, pero el Tribunal decidió otra cosa.
“La fiscalía colombiana puede ser considerada una de las autoridades judiciales a las que se refiere el artículo 3 del convenio bilateral, y su escrito de acusación un documento de valor equivalente al “auto de proceder” al que se refiere el artículo 8.2 de la misma norma convencional [...] y finalmente que de la documentación no se desprende intervención alguna en el proceso del Fiscal General de la Nación al que se atribuyen móviles espurios, no siendo suficiente para su apreciación la relación de dependencia jerárquica de los fiscales actuantes respecto del mismo", dijo el delegado del Ministerio Fiscal al Tribunal.
“La demanda [el recurso de amparo de Mattos] obliga a pronunciarse sobre un problema nuevo, el que suscita concretar las condiciones que ha de reunir el título jurídico transmitido por las autoridades del país reclamante junto con su demanda extradicional para que pueda ser considerado legítimo y suficiente en orden a justificar una decisión de entrega. Se trata de un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina del Tribunal Constitucional”, anotó esa corporación judicial ibérica.
“Las resoluciones judiciales impugnadas en el presente recurso de amparo al aceptar de las autoridades colombianas como soporte de la demanda extradicional, tras la nulidad sobrevenida del auto de prisión dictado inicialmente por un juez de garantías, un escrito de acusación del fiscal carente de genuino refrendo judicial, han incurrido en un déficit de tutela del derecho a la libertad del reclamado”, concluyó el Tribunal Constitucional.
Dos juicios pendientes
A Mattos lo esperan en Colombia dos juicios. Uno es por utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, daño en sistema informático y cohecho (soborno). Según ha documentado la Fiscalía, Mattos fue el cerebro de toda una operación de soborno para favorecerse en su pelea con la multinacional surcoreana Hyundai. El origen fue el divorcio comercial entre Mattos y Hyundai, empresa que, luego de 25 años de ser representada en Colombia por la Mattos, le dijo adiós en septiembre de 2015.
Mattos alegó una afectación económica irreparable y comenzó a tomar medidas, pues Hyundai ya tenía nuevo socio: la familia Eljuri, ecuatoriana. En 2016, Mattos presentó un recurso judicial para, prácticamente, obligar con una medida cautelar a Hyundai a que siguiera comercializando solo a través de él mientras la demanda en su contra se resolvía y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá acató su petición. La Fiscalía dice que el juez en cuestión, Reinaldo Huertas, recibió $2.500 millones de parte de Mattos para fallar en el sentido que lo hizo. Huertas, hoy en juicio y aún trabajando como juez, se ha declarado inocente.
“Investigación por el denominado caso Hyundai permitió descubrir gran red de corrupción judicial y manipulación de repartos”, anunció la Fiscalía en 2018. Para esa época ya habían sido detenidos Dagoberto Rodríguez, oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito, quien aceptó cargos; auxiliar del Juzgado Sexto Civil de Bogotá, quien también admitió su responsabilidad; y otros funcionarios judiciales como Wilmer Casas Mendoza, Ramón Ramírez Fuentes, Carlos Arturo Gómez pactaron un preacuerdo con la Fiscalía. Lo mismo hizo Luis David Durán, quien era abogado de confianza de Mattos, y será testigo en su contra.
El segundo proceso es por el soborno que habría entregado a la jueza civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, también en relación con el caso Hyundai. Ella mismo contó que, en cajas de zapatos, Mattos le hizo llegar no menos de $100 millones. Por ese hecho ella fue condenada en septiembre de 2019 a dos años y un mes en prisión por el delito de cohecho impropio, y Mattos fue llamado a juicio en julio del año pasado.