En la tarde de este miércoles 11 de noviembre de 2020, Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático y coordinador de las investigaciones del cartel de la toga en la Comisión de Acusaciones, leyó el auto (escrito) de acusación contra el expresidente de la Corte Suprema de Jusiticia. el exmagistrado es señalado de hacer parte de una red de corrupción que torcía expedientes judiciales a favor de congresistas y exgobernadores que tenían procesos penales en el alto tribunal. El Espectador conoció en su integridad el documento que será la hoja de ruta para enjuiciarlo.
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El documento, entregado a la Comisión de Instrucción del Senado, señala a Bustos como el cerebro de ese cartel de abogados, magistrados, fiscales y políticos de alto nivel que eran investigados por parapolítica, contratación irregular, entre otros hechos al margen de la ley. El documento se basó en casi 60 pruebas documentales y otras 36 testimoniales. De estas últimas resaltan los declaraciones ante esa comisión del testigo estrella en este caso, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, los exsenadores Musea Besaile (quién aceptó entregar un soborno de $2.000 millones), Hernán Andrade, el senador Germán Barón Cotrino, el exfiscal general encargado Fabio Espitia, y magistrados de las altas cortes.
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“Los hechos objeto de investigación, indican que un grupo de Magistrados y ex Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el Dr. Bustos Martínez, en concierto con particulares, abordaban aforados que tuvieran procesos de única instancia activos en esa alta entidad, y a cambio de altas sumas de dinero, ofrecían intervenir ilegalmente para obtener diferentes beneficios procesales, los cuales podían ir desde archivos, preclusiones, impedir órdenes de captura o dilatar los procesos en búsqueda de prescripciones”, señala el auto de acusación del congresista Rodríguez.
El representante investigadorm en el documento, señala que en el curso de esa investigación no encontró pruebas de que Bustos recibió dinero directamente de los aforados a los cuales se les adelantan procesos al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. “Pero si hay medios de prueba que permiten afirmar, por vía indiciaria, que en efecto existía una organización criminal muy bien estructurada, por medio de la cual se hacían las exigencias dinerarias ya relacionadas a los aforados, a cambio de beneficios procesales a los que no tenían derecho. Grupo organizado del que hacía parte activa José Leonidas Bustos”, afirmó Edwin Rodríguez.
Puntualmente, dice que no existe prueba directa (testimonio o documento) que permita afirmar que los sobornos dados por los senadores Musa Besaile y Álvaro Ashton ( $ 2.000 y $ 600 millones, respectivamente) o parte de ellos, hayan sido entregados directamente al exmagistrado, más allá del dicho por el exfiscal Moreno, quién ha dicho en distintas instancias judiciales que él personalmente le entregó en un apartamento ubicado en el sector de Ciudad Salitre en Bogotá, la suma de $200 millones en efectivo. Esta mordida, según Moreno, salió de lo que entregó Ashton como anticipo de la negociación con él adelantada.
“Entrega (del dinero) que se realizó a altas horas de la noche, cuando el esquema de seguridad del ex magistrado ya no se encontraba con él. Encuentro que fue confirmado por el testigo Vadith Orlando Gómez, quién a pesar de no subir al apartamento en mención, si acompañó a Moreno Rivera a ese lugar, guardando armonía con lo referido en el testimonio de este último. Igualmente, la entrega de esos dineros ($ 2.000 y $ 600 millones) sí se produjo y se encuentra probada dentro de las pruebas recaudadas, las cuales se analizarán más adelante, donde se aprecia inexorablemente que esos montos dinerarios iban encaminados a buscar afectar ilegalmente los procesos de única instancia de los senadores Besaile y Ashton”, reza la acusación.
Esos procesos cursaban en el despacho del magistrado suspendido Gustavo Malo, y quien hacía “parte del grupo delincuencial”, dice el documento. Incluso, actualmente, afronta un juicio en la Corte Suprema por el cartel de la toga. “No es lo común, obtener prueba directa de una solicitud como la que es materia de esta investigación, porque los sujetos activos de esa clase de delitos son personas inteligentes que se cuidan al extremo de no cometer el error de dejar testigos o documentos de su conducta delictiva”, refiere el extenso documento entregado a la comisión instructora del Senado.
Rodríguez también recogió el testimonio de Yeison Pérez, empleado de la joyería Cartier en el Centro Comercial Andino, quien manifestó a la Corte Suprema que Moreno era cliente asiduo de esa joyería y que se refería a su acompañante (un señor calvo y gordo) como el “profe” a quien identificó con posterioridad con Bustos. “La compra del reloj Cartier quedó registrada dentro del expediente, ya que la Fiscalía General remitió copia de la Factura No. CT-8091 a nombre del señor Ricardo Beltrán Rivera del 29 de diciembre de 2012 y fue cancelada en efectivo por valor de $ 42.969.977 de pesos por concepto de la compra de un reloj en oro rojo y pulsera de cuero”, un hecho que para el congresista investigador es un indicio que en algunos casos, “(la entrega de dineros) no se ejecutaba en dinero, sino en artículos lujosos”.
La defensa de Leonidas Bustos
En su defensa, Bustos dice que Moreno es el único testimonio que lo señala de recibir dineros y que con solo esa versión no se puede demostrar su responsabilidad en los delitos por los cuales se le investiga. También, Bustos señaló ante la comisión que fue prejuzgado por esta y la Procuraduría cuando, en marzo de 2018, acusó a Gustavo Malo por los mismos hechos que a él se le investigan. A su vez señaló que los 13 audios entregados por la DEA, en los que se escucha a Moreno principalmente relatando como funcionaba como operaba el cartel de la toga “son pequeñas muestras descontextualizadas de conversaciones largas, de muchas horas”.
Y aseveró que los audios son ilegales." La evidencia puesta a disposición por el Gobierno de los Estados Unidos, considera el sindicado, aparte de ser ilegal, es ineficaz porque no cumple con los requisitos de la debida cadena de custodia. Para tal fin, realiza el análisis que a su juicio soporta, el manejo que debe dársele a elementos que pretenden hacerse valer en nuestro ordenamiento jurídico y lo contrapone al tratamiento dado a la información entregada a la Corte Suprema de Justicia y posteriormente a esta Comisión", concluye Bustos.