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En medio de la imputación de cargos en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, por su supuesta participación en el cartel de la toga, la Fiscalía General anunció que abrirá investigación por este mismo caso en contra del exmagistrado de la Sala Penal de ese alto tribunal, Leonidas Bustos. El proceso por el que el ente investigador empezó a investigar a Tarquino está relacionado con la exigencia de un millonario soborno de $20.000 millones al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para ayudarle en los procesos que se adelantaban en la alta corte por presuntos hechos de corrupción durante su administración en ese departamento del norte del país.
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El magistrado Bustos salió mencionado durante la imputación de Tarquino porque, según la Fiscalía General, en octubre de 2014, Tarquino le comentó a Lyons que la recomendación de Bustos para "arreglar" sus problemas judiciales moviendo influencias en el ente investigador. En concreto, según la Fiscalía, habría presionado para que se diera ese pago ilegal por parte del exgobernador de Córdoba para que no se adelantaran las pesquisas por el desfalco de los dineros públicos del departamento (cartel del Sida, de síndrome de Down, de la hemofilia, de los convenios de ciencia y tecnología, entre otros).
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Bustos, quien fue uno de los primeros nombres que surgió cuando se destapó el cartel de la toga (junio de 2017), fue llamado a juicio en mayo de 2019 por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y aprobada en plenaria. En ese momento, el representante investigador, Edward Rodríguez, señaló a Bustos como uno de los cerebros en los manejos irregulares que tuvieron las investigaciones de los senadores Musa Besaile (Partido de la U) y Álvaro Ashton (Partido Liberal). En estos hechos, según las pesquisas, habrían participado los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, quienes están llamado a juicio y en juicio, respectivamente.
el congresista del Centro Democrático, Edward Rodríguez aseguró en su momento que existen “serios indicios” de que “hubo entrega de dineros y bienes” para favorecer decisiones judiciales que llegaban al despacho del exmagistrado. Bustos, explicó el congresista, “aprovechaba su solvencia académica e intelectual para influir en los fallos ilegales que provenían de la organización delictiva”. Según testimonios recopilados en este proceso, el extogado habría recibido $200 millones y un reloj Cartier en supuestos sobornos.
Uno de los testigos claves en esta investigación ha sido Luis Gustavo Moreno, exjefe anticorrupción de la Fiscalía y el primer eslabón del cartel de la toga en caer, en junio de 2017. En abril del año pasado, el exfiscal, quien es el testigo estrella de la Fiscalía, declaró bajo juramento que "los dineros producto de los actos de corrupción no siempre eran entregados en efectivo, sino que en algunas ocasiones se realizaban compras”. Así fue como Bustos, según la versión de Moreno, resultó pidiendo un lujoso reloj para él, que Moreno aseguró haber comprado en el centro comercial Andino de Bogotá, avaluado en unos $42 millones.
Otros hechos que relató Moreno en su momento fueron las reuniones que este sostuvo con el exmagistrado Bustos en su casa. Todas, según el exfuncionario de la Fiscalía, ocurrieron a altas horas de la noche cuando su esquema de seguridad ya se había retirado. Uno de esos encuentros se habría hecho con el propósito de entregarle $200 millones en efectivo “para que el parlamentario Álvaro Ashton obtuviese un archivo en un proceso que cursaba en contra suya en la Corte Suprema”, declaró Moreno.
Sobre este episodio, se sabe que la organización criminal le habría exigido pagar cerca de $2.000 millones para favorecerlo en los procesos en su contra. Según lo dicho por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, la solicitud de este dinero tenía la intención de “bajarle la presión a los temas del Departamento de Córdoba” y terminó directamente en los bolsillos de Bustos, así como del también exmagistrado Francisco Ricaurte, preso por este caso, y del exfiscal Moreno. El propio Besaile admitió que el pago sí existió, pero que lo hizo pues se sintió extorsionado por el exfiscal anticorrupción.
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