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Luego de más de tres años, un juez penal de Bogotá acaba de tomar una decisión trascendental en el proceso del cartel de la toga: anunció que condenará a Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia tras encontrarlo culpable por su participación en la red de sobornos que se fraguó para torcer expedientes en la Sala Penal de ese alto tribunal. De esta manera Ricaurte se convierte en la primera persona condenada de ser parte de esa red de corrupción que no aceptó su responsabilidad y que no se comprometió a colaborar con la justicia.
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“A Francisco Ricaurte le era exigible que su comportamiento se ajustara al ordenamiento legal y constitucional pues contaba con la ilustración y suficiente conocimiento para comprender el alcance y las consecuencias al contrariar el ordenamiento jurídico legal, por ello es susceptible del reproche penal por lo que hizo y se probó en este juicio oral”, explicó el juez. Por ser uno de los pilares del cartel de la toga, Francisco Ricaurte fue condenado por los delitos de concierto para delinquir en calidad de autor, en concurso con cohecho -soborno- por dar u ofrecer, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente.
Juan Sebastián Fajardo, defensor de Francisco Ricaurte, le pidió al juez del caso que el expresidente de la Corte Suprema pueda defenderse en libertad, dado que no recurrió a maniobras dilatorias y siempre hizo frente a la justicia durante los tres años que duró el proceso. Además, Fajardo explicó que Ricaurte sufre de problemas médicos y no está en condiciones de afrontar una segunda instancia privado de su libertad. El juez le respondió que “no podían caer en un circulo vicioso” y que no había recursos ante la audiencia del sentido de fallo. Así las cosas, en las próximas horas el expresidente de la Corte Suprema volverá a prisión, esta vez condenado por su participación probada en la “empresa criminal”.
El juez del caso, durante la mañana, le otorgó credibilidad plena al testimonio de Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, quien rindió su versión sobre la responsabilidad de Ricaurte el 13 de agosto de 2020. Todos los episodios descritos por Moreno fueron tomados como ciertos para decidir sobre la libertad del condenado, entre ellos, la “empresa criminal” que funcionaba en el norte de Bogotá, a donde congresistas y altos funcionarios iban a negociar decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Se trataba de una fachada, un supuesto bufete de abogados, cuyos patrones eran Luis Gustavo Moreno, Francisco Ricaurte y, al parecer, la exmagistrada Ruth Marina Díaz.
El preludio del juez Adame, quien durante un par de años escuchó el pelotón de testigos de la defensa y la Fiscalía, se basó en citar las versiones de Moreno, para luego dar una conclusión: “No ve esta judicatura que dentro del acervo probatorio haya alguna inferencia de esta naturaleza que pueda desvirtuar o haga inverosímil las aseveraciones que ha hecho Moreno”. El juez determina en este momento que los clientes de Moreno y Ricaurte buscaban “inmunidad” en el cartel de la toga, pues ambos tendrían excelentes relaciones con magistrados como Gustavo Malo, quien en su momento llevaba procesos por parapolítica.
El testimonio clave que presentó la Fiscalía fue Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, quien ha confesado durante los últimos años ser el enlace entre los potenciales clientes y Francisco Ricaurte, quien a su vez era la conexión en la Corte Suprema. Moreno fue condenado en marzo de 2018 a 4 años y 10 meses de prisión, por los delitos de concusión –cuando un servidor público se aprovecha de su cargo para exigir dinero– y por utilización indebida de información privilegiada. Fue capturado en junio de 2017, luego de conocerse una serie de audios en el que extorsionaba a Alejandro Lyons, el exgobernador de Córdoba que ha sido señalado de desfalcar a ese departamento.
“Teníamos una organización criminal, es una organización no solo criminal, lamentablemente me corrompí pero el doctor Francisco Ricaurte y el exmagistrado Leonidas Bustos corrompieron además funcionarios como al doctor Camilo Ruiz (exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema), porque los tenían al servicio de sus intereses personales, no solo de los intereses que eran objeto de corrupción sino para todo tipo de aspiración y favorecerse con la toga para alcanzar esas aspiraciones”, señaló Moreno en agosto de 2020 en medio del juicio contra Ricaurte.
Según las declaraciones de Moreno, los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile, entre otros, pagaron dineros para que se frenaran o archivaran procesos en la Sala Penal de la Corte Suprema y parte de esos dineros habrían llegado a los exmagistrados. En esos testimonios dados por Moreno a la Fiscalía o la Comisión de Investigación y Acusación (de la Cámara de Representantes) señaló que era muy cercano a los exmagistrados Bustos y Ricaurte, a quienes se ha referido como “su papá” y “Pacho”, respectivamente. Además, señaló que el suspendido magistrado Gustavo Malo, quien está siendo procesado por estos hechos, también era parte de la red de corrupción.
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Por otro lado, el juez se acogió al testimonio bajo juramento de José Reyes Rodríguez, magistrado auxiliar para la investigación de parapolítica, quien trabajó en 2015 de la mano con el togado Gustavo Malo. Sobre su versión, el juez describió que Reyes Rodríguez “empezó a ver cosas desacostumbradas (en la Sala Penal de la Corte Suprema), que generaban pensamientos negativos. Una de esas cosas fue en el caso de Álvaro Ashton. El testigo venía teniendo desconfianza de Gustavo Malo, en los informes daba la información de lo que se iba a hacer, pero no daba mayor información por su seguridad personal”.
El juez concluyó, sobre la declaración del magistrado auxiliar Reyes, que el togado Gustavo Malo, quien está suspendido de sus funciones mientras se adelanta su investigación propia, tenía “un especial interés por sacar adelante el proceso de Álvaro Ashton”. Se trataba de una pesquisa por parapolítica, por la que Ashton aceptó, el 28 de enero de 2020, haber pagado $800 millones para que le archivaran el proceso. El juez del caso le dio credibilidad a ese episodio y señaló que, además, había un plan para sacar al auxiliar Reyes Rodríguez del despacho de Gustavo Malo.
Otro de los episodios que relacionó el juez a la “empresa criminal” fue el descrito por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien ha dicho ante la justicia que el exmagistrado Camilo Tarquino, también expresidente de la Corte Suprema, le habría exigido alrededor de $20 mil millones para ayudarle en procesos por supuesta corrupción. De acuerdo con Lyons, Tarquino le habría dicho que conocía al fiscal que le había puesto la lupa y que podría interceder ante él. Lyons también acusó a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte de presionarlo a través de terceros para, supuestamente, desembolsar la millonaria suma.
“La Fiscalía logró desvirtuar la presunción de inocencia del doctor Francisco Ricaurte, con los medios de prueba legalmente producidos y practicados en juicio oral. Con estos actos de corrupción, como así lo ha llamado el testigo estrella de la Fiscalía (Luis Gustavo Moreno), se puso en tela de juicio la más alta institución del Estado, de la Rama Judicial, la Corte Suprema de Justicia. Es un baluarte de nuestro Estado social de derecho y democrático”, concluyó el juez. Durante la parte final de la audiencia, la fiscal Claudia Vanegas pidió 24 años de prisión para Francisco Ricaurte.
Antecedentes del fallo
Juan Sebastián Fajardo, abogado de Ricaurte, ha dicho durante el proceso que el testimonio de Moreno es una farsa: “para las frases rimbombantes, para lo sonoro que resulta una ‘organización criminal’ que vendía fallos en la Corte Suprema, para eso sí despliegan armas (la Fiscalía). Pero para valorar la totalidad de la prueba, ahí sí no. Ahí sí se le cae la estantería al piso. Moreno es un testigo al que todo le olía mal, pero que no se había dado cuenta que hace rato había perdido el olfato (…) Le pretenden dar validez a un falso testigo, experto en falsos testigos y experto en falsa persuasión, que ha venido a enlodar la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia”.
Funcionarios de la Corte Suprema de Justicia como Héctor Casanova, Rafael Calderón y Rafael Montero, todos llamados por la defensa de Francisco Ricaurte, coincidieron que cómo magistrados auxiliares e investigadores de la alta corte nunca escucharon de presiones para tumbar o trabar procesos por parapolítica. “Que un proceso le prescriba a uno significa la muerte jurídica de uno. Ningún proceso puede prescribir en manos mías. La instrucción del doctor (Eugenio Fernández) es que eso no se puede hacer, esa es la consigna del despacho”, dijo Héctor Casanova, auxiliar de la Sala Penal, el pasado 16 de diciembre.
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El exmagistrado Ricaurte comenzó su carrera en el Poder Judicial en 1982 cuando trabajó como auxiliar judicial de la Procuraduría en la ciudad de Cartagena. Fue juez civil municipal y más tarde juez laboral del circuito. Fue magistrado auxiliar y fue escogido como titular de la Corte Suprema de Justicia en 2004, institución a la que llegó a la presidencia en 2008. Durante esa época el alto tribunal se encontraba en un enfrentamiento con el gobierno de Álvaro Uribe y en medio de señalamientos de interceptaciones al alto tribunal y complots para manchar su reputación. Finalmente, en 2012, llegó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
En junio de 2014, el Consejo de Estado anuló su elección al señalar que fue elegido por quienes él mismo había escogido para ser magistrados cuando él estaba en la Corte Suprema. Una especie de cruce de favores. Tras su salida del Consejo Superior de la Judicatura, Ricaurte comenzó a ejercer como abogado independiente y empezó a compartir oficinas con Gustavo Moreno y Ruth Marina Díaz, expresidenta de la Corte. Esta última como Ricaurte dicen que solo compartieron oficinas como una forma de ahorrar dinero y que nunca conocieron de los negocios espurios de Moreno, quien antes de llegar a la Fiscalía en 2016, era el abogado de reconocidos políticos.