Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En marzo de 2014, por primera vez un nombre desconocido en el amplio léxico que ha dejado la violencia en Colombia saltó a los titulares: “casas de pique”. Todo empezó en Buenaventura. La Fiscalía, que se había metido de cabeza con el propósito de desarticular a la organización criminal La Empresa -la cual todavía existe-, se encontró con una particular denuncia de los habitantes de este municipio portuario: que en la guerra entre La Empresa y el Clan del Golfo se estaban usando casas para desmembrar a los enemigos del bando contrario.
A Buenaventura se metió el CTI, el Ejército, la Policía. Las autoridades cantaron victoria y anunciaron el fin de las casas de pique ese mismo año, pero, en poco tiempo, los habitantes y algunos medios empezaron a desmentir esa afirmación. Se hablaba de alianzas entre carteles, se decía que La Empresa y Los Paisas se habían unido para enfrentar al Clan del Golfo y que ese pacto podía explicar la aparición de más cadáveres desmembrados. En 2015, medios como El País de Cali titulaban: “Volvió el terror a Buenaventura, ‘casas de pique’ siguen funcionando’”.
(Vea: Procuraduría denuncia reaparición de “casas de pique” en Tumaco)
En el puerto, algunos líderes sociales trataron de asomar la cabeza para hacer más visibles aún las denuncias. Una de ellas fue Doris Valenzuela. Cuando ella empezó a hablar del tema, nadie le creía. Había oído los gritos de tres pescadores torturados en una casa frente a la suya, pero no le creían. Excepto la gente del Clan del Golfo, que empezó a perseguirla sin tregua. Ella estuvo entre de los promotores del espacio humanitario Puente Nayero, que se oponía al reclutamiento de menores por parte de las bandas ilegales que tenían -y tienen- sitiada a Buenaventura.
Para 2015, la gente de Puente Nayero tenía hasta medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un título importante, pero en vano para un pueblo que no ha existido nunca para el Estado. En julio de ese año, uno de los hijos de la líder, Cristian, de 17 años, fue secuestrado y arrastrado a una casa de pique. Apuñalado y con cinco disparos en el cuerpo logró huir, pero murió en un hospital horas después. Al año siguiente, Valenzuela y su familia se exiliaron en España, pero ni allá la violencia la dejó en paz: en abril pasado, ella murió apuñalada por su pareja, con quien había viajado desde Colombia.
La historia de las casas de pique en Colombia es dramática, y no podía ser de otra manera. Es, también, el reflejo de una sociedad que se acostumbró al camino de la violencia para saldar todos sus conflictos, y el anuncio del procurador de que hay casas de pique en Tumaco (Nariño) es un recordatorio de una cruda realidad. “Yo sé que hay temor para denunciarlo, pero lo tenemos (…) es lamentable porque estamos devolviendo un poco el reloj en la historia en comunidades como esta y eso no lo podemos permitir”, dijo, desde Tumaco, Fernando Carrillo.
(En contexto: Historia de una 'casa de pique')
Por cuenta de Guacho, Sobre Tumaco están puestos hoy todos los ojos, como lo están cada vez que la violencia en esa región arrecia. Es un círculo vicioso: el Estado nunca está realmente presente, por lo que los grupos armados ilegales y el narcotráfico crecen allí con facilidad. Para la muestra un botón, es el municipio con más cultivos de uso ilícito en todo el país, según el último monitoreo de la ONU, y ha permanecido en la lista de los 10 municipios con más plantaciones de coca desde 2002. Cuando los grupos ilegales se vuelven prácticamente insostenibles, aparece el Estado en forma de fuerza pública, dura así un tiempo y luego se vuelve a ir.
Y el ciclo comienza de nuevo.
Ayer jueves estuvieron presentes en Tumaco la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo también. Un tema principal que abordaron fue la falta de protección a los líderes sociales y el vicepresidente, Óscar Naranjo, reconoció que “aquí ha habido una violencia histórica que ahora estamos enfrentando de distintas maneras. Estamos aquí, primero, para que no sea solamente una solución policial, militar o judicial”. “La oferta institucional que trata de llegar por muchas puertas es cerrada radicalmente por el crimen organizado y es cerrada, contundentemente, por el narcotráfico”, advirtió el procurador Carrillo.
El anuncio de que en Tumaco existen casas de pique aumenta la tensión en un municipio al que llegaron en las últimas semanas unos 12.000 militares colombianos. En la frontera se ubicaron unos 10.000 más ecuatorianos. Todos en busca de Guacho, el disidente de las Farc que se negó a respaldar el Acuerdo de Paz, fundó su propio frente (llamado Óliver Sinisterra) y se hizo notorio hace un mes cuando su grupo secuestró a tres trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio, a quienes luego ejecutó.
Casas de pique, Guacho, líderes amenazados, cultivos de coca: ese es el panorama que enfrenta Tumaco. Con la cantidad de soldados que hay buscándolo, se podría esperar una captura más pronto que tarde. Por los antecedentes de Tumaco, sin embargo, se podría esperar también que ese arresto no altere en modo alguno la realidad de este municipio nariñense que se volvió enclave del narcotráfico. Y tal como ha ocurrido con Buenaventura, es probable que la militarización de esta zona no signifique tampoco el fin de las infames casas de pique. Se necesita mucho más.