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Este viernes, la jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá, quien definirá la solicitud de preclusión de la Fiscalía en el caso contra Álvaro Uribe, reconoció como víctima en el caso a Deyanira Gómez. Se trata de la exesposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, el hombre que ha señalado presuntos vínculos del expresidente con la conformación del bloque Metro de los paramilitares. La Fiscalía, la Procuraduría y la defensa de Uribe, apelaron. Ahora será el Tribunal de Bogotá el que defina si Gómez y el periodista Gonzalo Guillén son o no víctimas. Entretanto, el proceso se suspendió.
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La jueza Carmen Helena Ortiz comenzó su intervención haciendo un recuento de los argumentos por los que Deyanira Gómez está pidiendo ser reconocida como víctima: por las diversas menciones que hay sobre ella en las interceptaciones a las conversaciones entre el expresidente Álvaro Uribe y su exabogado Diego Cadena; porque después de las declaraciones de la mujer en el caso Uribe fue despedida sin justa causa de su trabajo como médica; porque, en medio del proceso contra el expresidente, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio a una finca que estaba a su nombre asegurando que la obtuvo Monsalve por medios ilícitos. Finalmente dijo: “se infiere que Deyanira Gómez ha sufrido daños a raíz de no entregar la retractación de Juan Guillermo Monsalve al abogado Diego Cadena”.
Y es que uno de los involucramientos de Gómez con este caso fue porque el abogado Cadena le puso una cita para que, supuestamente, le entregara la carta en la que el testigo Monsalve se retractaría. En esta reunión, esa carta no llegó y, posteriormente, la médico comenzó a recibir hostigamientos, presiones y seguimientos que la llevaron al exilio. “Si bien es cierto, Deyanira Gómez fue testigo en el proceso de la Corte Suprema, no es por ello que se le confiere la calidad de víctima, sino por el nexo causal entre los hechos jurídicamente relevantes y los hostigamientos, seguimientos que la llevaron al exilio”, dijo la jueza.
No obstante, la jueza aclaró que este reconocimiento es provisional, pues la fase procesal en la que se reconoce formalmente la calidad de víctima a un afectado es en la audiencia de acusación, en caso de que se llegue a presentar. Y la funcionaria remató: “El despacho no comparte la posición de la Fiscalía y de la Procuraduría pues considera que no se compadece con la postura de la Corte Constitucional”. Se refiere a una sentencia citada ampliamente en la audiencia que amplió el reconocimiento de las víctimas en los procesos penales.
Asimismo, la jueza explicó que, como Guillén y Daniel Mendoza denunciaron al abogado Jaime Lombana en la Fiscalía por injuria, es en ese proceso en el que deben ser reconocidos como víctimas. Y remató la funcionaria: “el ejercicio profesional del periodismo se ve expuesto a que el conglomerado social replique de manera negativa las opiniones que se expongan en televisión, radio o prensa”.
La Fiscalía apeló el reconocimiento de Gómez, pues considera que, “el soborno de testigos implica que la acción recae y debe recaer sobre el testigo”, explicó el fiscal Gabriel Jaimes. Como las presuntas conductas recayeron sobre Juan Guillermo Monsalve, insistió el funcionario, él es el sujeto pasivo del presunto soborno. Es decir, que quien sería la víctima de los supuestos delitos cometidos por Álvaro Uribe y Diego Cadena sería el testigo Monsalve, no su exesposa.
El procurador del caso, Jorge Enrique Sanjuán, expresó su molestia porque, a su juicio, lo tergiversaron en su intervención de la audiencia pasada. Y es que, según explicó, se ha dicho que él acudió al mismo argumento de la Fiscalía. No obstante, su postura es que, si bien se puede reconocer que una persona afectada por un delito es víctima, en este caso específico, no se demostró que las afectaciones sufridas por Deyanira Gómez tengan relación directa con el caso. “Yo no pretendo que se confeccione una realidad que no corresponda a los hechos”, añadió, sino que no existe una prueba sumaria que vincule a la mujer con estos hechos.
El abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, también apeló el reconocimiento de Deyanira Gómez como víctima. Para hacerlo, el abogado se remitió a la indagatoria que rindiera el expresidente Uribe en 2019 en la Corte Suprema. Y es que, fue en ese escenario en el que se dieron a conocer por qué hechos concretos estaba siendo investigado el líder del Centro Democrático. Tras leer algunos apartes de las intervenciones que hizo el magistrado instructor César Reyes en ese momento, Granados preguntó: “¿En dónde aparece mención a Deyanira Gómez en esos hechos jurídicamente relevantes?”. Y replicó al segundo: “¡En ningún momento!”.
Esto luego fue controvertido por el abogado del senador Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, quien citó los tiempos en la grabación de la indagatoria en los que se menciona a Deyanira Gómez y su rol en el caso. El abogado Granados advirtió al finalizar su intervención: “Se puede ir abriendo una compuerta si no delimitamos la calidad de víctima al núcleo fáctico”. Es decir, “que termine aceptándose como víctimas el día de mañana a testigos, a peritos, a fiscales. Eso no puede ocurrir”.
El exvicefiscal Jorge Perdomo pidió al Tribunal de Bogotá confirmar el reconocimiento de Deyanira Gómez como víctima. Según explicó, no le asiste razón a la defensa de Uribe al decir que la exesposa de Monsalve no tuvo rol alguno en los hechos que son investigados, pues, en este caso específico pasó algo que rara vez ocurre: los hechos se estaban desarrollando al mismo tiempo que la Sala de Instrucción investigaba. Y en esa investigación fue crucial el papel de Gómez: fue ella quien aportó a la Corte audios y chats que evidenciaban posibles presiones a Monsalve, ella grabó su reunión con Cadena y gracias a ese audio se pudo determinar que el abogado habría aportado una prueba editada, entre otros.
El exfiscal Eduardo Montealegre comenzó su intervención diciendo que en este proceso no había partes procesales, sino un “pool de abogados” al servicio de Álvaro Uribe Vélez. El comentario suscitó una indignación entre todos los aludidos. El abogado Jaime Lombana interrumpió, le pidió a la jueza intervenir y exigir respeto por las partes. El procurador Sanjuán hizo lo propio, le recordó a Montealegre que fue su alumno y que se conocen de años, al tiempo que le pidió respeto por su labor. Y el fiscal Jaimes dijo que estaban prestos a escuchar sus “argumentos jurídicos” frente al proceso, no sus opiniones.
El exfiscal general hizo un recorrido por la lógica de Aristóteles, citó a tratadistas de la teoría penal y hasta al filósofo Umberto Eco, fundamentalmente para decir tres cosas. La primera, que hubo una “coincidencia armónica” en los argumentos de Fiscalía, Procuraduría y Jaime Granados, afirmación que causó indignación en este último y volvió a interrumpirlo para exigir respeto. Según Montealegre, los tres están equivocados porque su postura rompe con pronunciamientos de la Corte Constitucional, así como con las leyes de la lógica, que fue su tercer punto. El segundo argumento fue que el daño causado a Deyanira Gómez fue tardío: es decir, si bien no ocurrió inmediatamente se efectuó el presunto delito, sí es consecuencia de este.
Finalmente, le dieron la palabra al abogado Miguel Ángel Del Río, defensor de Deyanira Gómez, para sustentar por qué el Tribunal de Bogotá debería mantener la calidad de víctima a la exesposa de Monsalve. “No se puede establecer que el señor Uribe haya salido a hacer un daño contra la vida y la integridad de la señora Deyanira Gómez”, dijo el abogado, pero, “es una perjudicada de los delitos”, por los que está siendo investigado el expresidente Uribe.
Gonzalo Guillén
Posteriormente, la funcionaria judicial volvió a narrar los argumentos del periodista Gonzalo Guillén para pedir ser reconocido como víctima. Según expuso el abogado del curtido reportero, con las diversas menciones que se hace a él en el expediente, específicamente cuando en las interceptaciones se escucha que se refieren a él en términos peyorativos, así como con una entrevista que concedió el abogado Jaime Lombana en LaFM, se está dañando su buen nombre. No obstante, a juicio de la jueza, la defensa Guillén no acreditó el supuesto daño ocasionado por las conductas por las que se investiga a Uribe.
El abogado de Gonzalo Guillén, Roberto Rodríguez, también apeló, pidiéndole al Tribunal de Bogotá que su cliente sea reconocido como víctima. En primer lugar, pidió que se suspendiera la audiencia de preclusión hasta que se resuelva su solicitud de reconocimiento de víctima, para garantizarle sus derechos. Y es que, en sus palabras, “sería absurdo”, que en efecto el caso contra el expresidente Uribe terminara siendo archivado sin que se resolviera primero si Guillén es o no víctima.
En tres oportunidades, la jueza ha tenido que interrumpir al abogado Rodríguez para insistirle que lo que tiene que hacer es sustentar su apelación para explicar por qué Guillén sería víctima y no citar pruebas que recabó la Corte Suprema. “No es mi costumbre interrumpir a las partes, pero por favor sustente el recurso de apelación”, le dijo la funcionaria en su última intervención.
El fiscal Gabriel Jaimes se mantuvo en su posición de oponerse a que Guillén sea reconocido como víctima pues, a su juicio, los hechos alegados por el periodista no tienen relación con el proceso concreto. A su vez, el abogado Jaime Granados manifestó que el eventual reconocimiento del periodista Guillén como víctima se presta para que un proceso penal sea utilizado con otros fines, diferentes a la administración de justicia. Y es que, a su juicio, al reportero lo mueven más unas ulteriores motivaciones políticas que otra cosa.
El trasfondo del caso Uribe
Hasta ahora, la Fiscalía sólo ha publicado un comunicado señalando que, “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”. El fiscal Gabriel Jaimes deberá profundizar las razones detrás de esas afirmaciones, en una petición que ha sido controvertida desde su anuncio, el pasado 5 de marzo, por la víctima acreditada en este proceso, Iván Cepeda, así como por el exfiscal Eduardo Montealegre, quien pidió ser reconocido como tal.
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Jaimes recibió el expediente el 3 de septiembre de 2020, luego que el expresidente Uribe Vélez renunciara al Senado y, con ello, la Corte Suprema perdiera competencia para seguir investigándolo. La pesquisa en su contra la inició dicho tribunal el 16 de febrero de 2018 cuando tuvo información, desde la defensa de Cepeda, que el testigo Monsalve estaba siendo abordado de diferentes vías para que se retractara de sus afirmaciones. Ese abordaje, dijo la Corte, denotaba una urgencia pues el material se necesitaba para presentarlo ante el alto tribunal con la intención de que fuera revocada otra decisión que esa Corte había tomado días atrás: archivar una denuncia que Uribe había puesto contra Cepeda por manipulación de testigos.
Aunque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema detuvo al expresidente el 4 de agosto de 2020, para el fiscal Gabriel Jaimes el paso siguiente de esta investigación no era llamarlo a juicio sino, al contrario, pedir su preclusión. Según Jaimes, no hay prueba de que el expresidente haya cometido delito y algunos de los hechos de este caso no pueden calificarse como ilegales. En contra parte, Cepeda y Montealegre consideran que las pesquisas de Jaimes no apuntaron ni a ratificar ni a ahondar en la investigación que ya había adelantado la Corte Suprema, que goza de validez, sino a “arrasarla” en favor de Uribe, quien en este momento tiene la calidad de imputado.
El caso Uribe consta de varios episodios. Por un lado, están los abordajes al testigo Monsalve, como los calificó la Corte Suprema, tanto por intermedio del abogado Diego Cadena, quien se presentaba como apoderado del exmandatario, como por Carlos López, alias Caliche, quien habría sido buscado por el representante Álvaro Hernán Prada. Ambos, con un único fin, buscar su retractación en los días 21 y 22 de febrero de 2018. Cadena visitó a Monsalve en prisión, pero no obtuvo el documento que necesitaba. Al tiempo, su compañero en la cárcel, Enrique Pardo Hasche le decía al testigo que se pusiera “del lado del ex”. Y un viejo conocido, Caliche, le escribía por WhatsApp diciéndole que “le habían llegado del ex” para que presentara una carta o un video con la retractación.
(El plan de trabajo del fiscal Gabriel Jaimes para el caso Uribe)
De otra parte, en este caso están de presente las estrategias utilizadas por el abogado Diego Cadena para conseguir testigos que hablaran en favor del expresidente Uribe y de su hermano, Santiago, quien está en juicio por conformación de grupos paramilitares. La Corte Suprema había acreditado la existencia de pagos y promesas de pagos a Carlos Enrique Vélez, quien terminó enviado cartas a la justicia señalando que Iván Cepeda le había pedido incriminarlos. Lo hizo con el propio testimonio de alias Víctor, quien dijo que Cadena le ofreció $200 millones.
La idea era desacreditar a otro testigo, al exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien también ha vinculado a Álvaro Uribe Vélez con el Bloque Metro de las Autodefensas. Los acercamientos, dijo la Corte, incluyeron a Eurídice Cortés, alias Diana, y a otros exparamilitares que firmaron cartas, hechas por Cadena, que fueron entregadas a la Corte Suprema. Según ese alto tribunal, el expresidente no solo sabía de las gestiones de Cadena sino que estaba pendiente de las labores del abogado a través del personal de su Unidad de Trabajo Legislativo.
Igualmente, en este caso, la Corte Suprema de Justicia señaló que Uribe buscó, a través de terceras personas, buscar al narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra, quien dijo en 2009 que fue buscado por Piedad Córdoba e Iván Cepeda para que incriminara al expresidente Uribe, a cambio de conseguir asilo para él y su familia en Europa, hecho negado por los mencionados. Sierra envió cartas a la Corte en ese sentido pero no declaró ante la Sala de Instrucción. En cambio, sí lo hizo ante la Fiscalía. Se espera que a lo largo de la diligencia, la Fiscalía explique su postura sobre estos hechos, así como sobre las gestiones que habría hecho ante la familia de Monsalve, el ganadero Juan Guillermo Villegas, amigo de antaño del expresidente, con el fin de que este confiara en el abogado Cadena.