La Procuraduría abrió formalmente una investigación en contra del capitán de la Policía Manuel Cubillos por la muerte de Dilan Cruz en una protesta en noviembre del año pasado. Anteriormente se había citado a miembros del Esmad a declarar cómo habían ocurrido los hechos y este nuevo paso en el proceso busca determinar si Cubillos se extralimitó disparando su arma sin que los manifestantes estuvieran atacando a los miembros de la fuerza pública, como han dicho algunos testigos.
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Según señalo el Ministerio Público en un comunicado, “tras el cierre de la etapa de indagación preliminar y la apertura de la investigación contra el oficial, la comisión disciplinaria de Verificación control operaciones policiales a marchas ciudadanas ordenó visita al Juzgado 189 de Instrucción Penal Militar o donde curse la investigación penal”. Esta visita buscará enriquecer el expediente que cursa en la Procuraduría, pues la entidad anexará todas las pruebas que estén en la Justicia Penal Militar al expediente disciplinario.
De encontrar méritos o fuertes indicios de una irregularidad disciplinaria, la Procuraduría podría proferir un pliego de cargos contra el capitán Cubillos. Es decir, podría ser llamado a juicio disciplinario. De ser así, y si en el eventual juicio disciplinario es hallado culpable, el uniformado podría enfrentarse a sanciones, la destitución de su cargo y hasta inhabilidades para ejercer cargos públicos.
En reiteradas ocasiones, Cubillos ha dicho que se trató de un caso fortuito y que nunca recibió la orden de accionar el arma. Los argumentos del uniformado indican que su decisión para disparar la escopeta de munición tipo bean bag (conocida como un “arma menos letal”) fue con el objetivo de dispersar a los manifestantes. El arma ha sido materia de investigación para la Fiscalía, aspecto que también analizará de fondo la Procuraduría.
De acuerdo con un documento que cita Blu Radio, “según la información topográfica que reposa en el expediente, la distancia entre el punto del tirador y el de la víctima era de aproximadamente 23.97 metros”. En este sentido, las evidencias muestran que el rango máximo de efectividad del arma se habría sobrepasado por más de un metro de lo que la ficha técnica de esta indica: el rango máximo de efectividad es de 22.9 metros. En la investigación que le abrió el Ministerio Público al uniformado, se tuvo en cuenta el informe de valoración probatoria de la Fiscalía, que señala que el cañón de esta escopeta es completamente liso, lo que garantiza una precisión en el disparo.
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Por otro lado está el proceso penal por la muerte del joven Cruz, que por ahora continuará en la justicia militar. Por el momento, está pendiente que la Corte Suprema resuelva una tutela de los familiares de Cruz, quienes se opusieron a que el caso quede en la justicia penal militar, pues consideran que la decisión del Consejo Superior de la Judicatura que ordenó el traslado a la jurisdicción castrense, no tuvo en cuenta algunas pruebas. Aunque esta tutela ya había sido fallada en abril, la sentencia fue anulada posteriormente porque hubo un error en la notificación a la entidad demandada: la Judicatura.
Asimismo, en enero, el Ministerio Público le envió una carta al director de la Policía, general Óscar Atehortúa. En la misiva le pidió al general que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) deje de utilizar la munición tipo bean bag cuyo impacto acabó con la vida de Dilan Cruz el pasado 23 de noviembre. En el documento enviado, la Procuraduría señaló que “el uso de la Escopeta calibre 12, en el control de disturbios por parte de la Policía representa un serio peligro para la comunidad, lo cual se ha hecho palpable no sólo en Colombia, sino de manera reciente en Chile y desde épocas pretéritas en varios países, tal como ha quedado documentado en distintas publicaciones”.