Caso Hyundai: Audiencia Nacional de España autoriza extradición de Carlos Mattos

El empresario, quien tuvo la representación de Hyundai en Colombia por más de 25 años, está pedido en extradición porque en Colombia está llamado a juicio. La Fiscalía lo acusa de haber sobornado a un juez y así lograr decisiones favorables para él en su divorcio con Hyundai.

Redaccción Judicial
08 de mayo de 2019 - 12:57 a. m.
Carlos Mattos, exsocio de Hyundai en Colombia.  / Cristian Escobar - Cromos
Carlos Mattos, exsocio de Hyundai en Colombia. / Cristian Escobar - Cromos

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¿Regresará el empresario Carlos Mattos a Colombia? La Audiencia Nacional española concedió a la justicia colombiana el pedido de extradición en su contra, pues actualmente es investigado por la justicia por el denominado caso Hyundai. Mattos, quien también tiene nacionalidad española, estaría ad portas de regresar al país. La decisión la tomó una sala de tres magistrados de la Audiencia Nacional y se va a presentar un recurso de súplica.

Fuentes confirmaron a El Espectador la decisión. Si se niega el recurso de súplica, Mattos llegaría a ser hombre libre, pues en Colombia se anuló la orden de captura que había en su contra. La extradición, sin embargo, tiene fundamento en la acusación que se presentó contra el millonario empresario por los sobornos que se movieron alrededor de una demanda en 2016 que él presentó para tratar de mermar el impacto que causó el hecho de que la matriz surcoreana Hyundai le quitara la representación comercial de esa empresa en Colombia, la cual tuvo por más de 25 años.

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Mattos, por su parte, ha señalado que no quiere volver al país mientras no sienta que tiene garantías para un proceso justo. En su contra atestiguarán personas que eran de su entera confianza como Luis David Durán, un reputado abogado que admitió haber repartido dinero entre funcionarios judiciales para direccionar la demanda de Mattos al Juzgado 6 Civil, en donde ejercía como titular el juez Reinaldo Huertas. Él, por su parte, también ha negado los sobornos.

El pasado 8 de marzo, la Fiscalía le imputó un tercer cargo a Mattos luego que un juzgado lo declarara en contumacia tras valorar un examen médico que señala que los padecimientos médicos del empresario no le impiden acudir a las diligencias. La entidad le imputó el delito de cohecho, por la supuesta entrega de un soborno de por lo menos $100 millones, para desviar un proceso contra la compañía coreana Hyundai Motor Company.  

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A ese proceso, a Mattos se le suma otra investigación por haber sobornado supuestamente a un juez y manipulado el sistema de repartos de procesos en los juzgados de Paloquemao. En esta ocasión, la Fiscalía argumentó que Mattos le habría entregado la millonaria suma a la jueza Ligia del Carmen Hernández quien ya aceptó ante juzgado de Bogotá que sí recibió dinero por parte del empresario, luego de haber tomado una decisión que favoreció a su empresa. 

Cabe recordar que este nuevo proceso contra el empresario surgió de las pruebas que tiene la Fiscalía  en contra de la juez Hernández pues, hasta el año pasado, solo se sabía de un pago irregular a un juez (Reinaldo Huertas).

En el caso de la juez Ligia del Carmen Hernández, la Fiscalía hizo  una serie de hallazgos en los procesos de colaboración a los que se han acogido varios capturados dentro del proceso que hoy se conoce como el caso Hyundai. En específico tres de ellos: Edwin Macías Castañeda, Dagoberto Rodríguez y David Durán, ya capturados.  Los tres le contaron a la Fiscalía que sabían que Mattos le envió dinero a la jueza 16 civil municipal de Bogotá, que para la época de los hechos era Ligia Hernández, a raíz de un proceso paralelo al caso Hyundai y que Dagoberto Rodríguez había sido el encargado de llevarle los fajos de billete a la hoy exjueza.

Uno de los pagos se habría efectuado directamente por el empresario, a través de Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del juzgado sexto civil del circuito y quien conocía a la juez 16 civil municipal.  En medio de las pesquisas de la Fiscalía, Rodríguez Niño, aceptó los hechos, el 4 de octubre de 2018, ante el juez 63 penal municipal con función de control de garantías.

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De otro lado, según las pruebas en contra de la exjueza Hernández, el abogado David Durán habría hablado en varias ocasiones a Rodríguez para concretar reuniones en las que Mattos, al parecer, le entregó el dinero para que este se lo entregara a la exjueza. Aunque la Fiscalía no fue clara con el monto, pues Rodríguez les contó que había sido por lo menos $200 millones pero todavía no hay evidencias para probarlo, Hernández aclaró durante la audiencia que recibió $100 millones. “Nada más”, agregó la investigada. Tanto Durán como Rodríguez coincidieron en que el pago se realizó después de que la exjueza fallara en favor de Mattos.

En otra ocasión relatada por Rodríguez, y que reveló la Fiscalía durante la audiencia en que la exjueza aceptó el cargo de soborno, el abogado se encargó de concretar una reunión con Mattos dentro de un carro y allí se habría pactado otro envío de dinero a Hernández. Con las tres declaraciones que coincidían con el mismo hecho, la Fiscalía procedió a verificar la información y realizó una inspección al archivo de la Judicatura. Tras esas pesquisas, el ente investigador estableció que, en efecto, para la época de los hechos narrados por los tres hombres, la exjueza Hernández tenía en su despacho una demanda presentada por la empresa de Mattos.

Por Redaccción Judicial

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