Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Por más de que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez se empeñara en defender que tenía la potestad para investigar al exjefe guerrillero conocido como Jesús Santrich, dos altos tribunales le aclararon que no tiene la razón. El Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, en dos sentencias, aclararon que el excomandante sí tiene fuero constitucional, o sea que tiene investidura de congresista, y que, en consecuencia, sus investigaciones las debe adelantar su juez natural: la Corte Suprema. En consecuencia, los seis magistrados que hoy componen la Sala de Casación Penal, en decisión unánime, ordenaron su libertad.
Hace 15 días, el país político se vio estremecido por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuando este organismo le otorgó al exjefe guerrillero la garantía de no extradición y ordenó su libertad. Tres días después, la Fiscalía le salió al paso a la decisión judicial y, argumentando su competencia en un aparente nuevo caso de narcotráfico atribuido a Jesús Santrich, ordenó su recaptura. El suceso causó revuelo nacional y, en vivo y en directo, a través de los medios de comunicación, apenas Santrich pisó la calle tras salir de la cárcel de La Picota, agentes del CTI lo esperaban para notificarle su regreso a prisión. Desde ese día permanecía en los calabozos del búnker de la Fiscalía.
(En contexto: "Santrich" conserva su investidura: Consejo de Estado)
Ahora, como una jugada a tres bandas, la Corte Suprema de Justicia, acogiéndose a una sentencia del Consejo de Estado expedida el pasado martes 28 de mayo, reivindicó su condición de juez de los congresistas y le quitó a la Fiscalía la investigación por el supuesto hecho que le permitió al ente investigador mantener privado de la libertad a Jesús Santrich. En el caso por el cual lo solicitó en extradición Estados Unidos desde 2018, la JEP tendrá que resolver una apelación que presentó la Procuraduría. Y en este nuevo caso será la Corte el juez. Es decir, la Fiscalía quedó sin competencia en los dos escenarios, a pesar de que durante un año persistió en tomar decisiones respecto al exguerrillero.
“Si el Consejo Nacional Electoral reconoció el nombramiento de Seuxis Paucias Hernández Solarte como congresista y, además, el Consejo de Estado negó la pérdida de su investidura a pesar de no posesionarse en la fecha indicada debido a razones ajenas a su voluntad, se desconocería la dignidad del cargo que la persona conlleva, permitir que autoridades diferentes a la Corte Suprema de Justicia puedan investigarlo, juzgarlo o afectarlo con medidas restrictivas de la libertad, sin importar que las conductas que se le atribuyan no tengan relación alguna con las funciones como congresista”, sentenció el alto tribunal al asumir la competencia del nuevo caso contra Santrich.
(Le puede interesar: Caso “Santrich” y garantía de no extradición llegan al Congreso:)
El novelón que tiene como protagonista al exnegociador de las Farc en La Habana, Seuxis Paucias Hernández Solarte, comenzó el 9 de abril de 2018, cuando la Fiscalía lo capturó en su casa en Bogotá, sindicado de ser parte de un plan para enviar cocaína a Estados Unidos. Ese mismo día fueron capturadas tres personas más, entre ellos Marlon Marín, sobrino del exjefe guerrillero Iván Márquez; Armando Gómez, padre de una exreina nacional de belleza y el empresario Fabio Younes. El ente investigador argumentó que cumplía con una solicitud de extradición de la justicia estadounidense, que aseguró que Santrich habría negociado un cargamento de droga con el cartel de Sinaloa.
Por tratarse de un exguerrillero de las Farc que además debía posesionarse en 2018 en el Congreso como representante a la Cámara, la JEP reclamó competencia directa y exclusiva sobre el caso. De inmediato, los abogados de Santrich se sumaron a esta posición y le pidieron a este organismo especial que tomara las riendas del caso. De manera adicional, solicitaron que la JEP amparara a Santrich con la garantía de la no extradición, como había quedado suscrito en los acuerdos de 2016. Su argumento central fue la ambigüedad para establecer la fecha de la comisión de los supuestos delitos, pues no era claro si los hechos sucedieron antes o después del 1° de diciembre de 2016.
(Lea también: Corte Suprema ordena libertad inmediata de "Jesús Santrich")
Durante un año, la JEP estudió el caso en medio de una tensión política y jurídica en aumento, que terminó de agudizarse con el cambio de gobierno. En medio de un agitado debate nacional causado por la decisión del presidente Iván Duque de objetar la ley estatutaria de la JEP, combinado con una enconada controversia por el dudoso inventario de bienes con que las Farc deben indemnizar a sus víctimas, el caso Santrich se convirtió en la piedra de la discordia. Y otro de los protagonistas centrales de la pelea fue el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien insistió en que Santrich debía seguir preso y debería tener continuidad el trámite de la extradición.
La JEP conservó la garantía de no extradición al exjefe guerrillero, reivindicó su competencia en el caso y ordenó la libertad del exguerrillero. Entonces fue Troya. Minutos después de que conociera la conclusión de la Jurisdicción Especial para la Paz, en rechazo a la decisión, el fiscal Martínez anunció su renuncia. “En el futuro, la reincidencia en el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional”, argumentó el hoy exfiscal. Sin embargo, 48 horas después, en las puertas de La Picota, su administración en la Fiscalía le dio el último lance al caso Santrich, al ordenar su recaptura, por un supuesto nuevo caso de narcotráfico.
Ahora, este polémico expediente pasa a la Corte Suprema de Justicia, con lo que las aguas revueltas parecen volver a su cauce. La Fiscalía quedó por fuera del caso Santrich. La JEP ya no tendrá que lidiar, por ahora, con el tire y afloje que ha sostenido con el ente investigador y resolverá la apelación de la Procuraduría. El Consejo de Estado ya dio su aval para que Santrich asuma como congresista. La Corte Constitucional aclaró ayer que las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP se cayeron en el Congreso. Estados Unidos aguarda a que se resuelva el laberinto jurídico sobre la extradición de Santrich y demás capturados en abril de 2018.